Ninoska Cuevas 
Ana Beatriz Rosario y Manuel de Jesús Dandré
La consigna “Si no soy dominicano, Abinader tampoco”, que miembros del Movimiento Reconocido vociferaban unidos a una sola voz el pasado lunes mientras protestaban a las afueras del Palacio Nacional, exigiendo ser escuchados tras cumplirse 11 años de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, no falta al respeto al presidente de la República.
Así lo afirmó Manuel de Jesús Dandré, abogado e integrante de la organización Dominican@s por Derecho, quien explicó que, con dicha consigna, los manifestantes buscaban recordarle al presidente Luis Abinader lo que expresó el 5 de diciembre de 2013, cuando solo era candidato presidencial: «que él podría ser uno de los afectados por la sentencia, porque era hijo de inmigrantes».
«El día 5 de diciembre del año 2013, se celebró un encuentro en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y ahí intervino Abinader, siendo precandidato presidencial, y él, con su propia palabra, dijo que podría ser él quien estuviera en ese escenario porque él era hijo de inmigrantes. Con esa petición que hacían los jóvenes frente al Palacio Nacional, no se ofendió al ciudadano presidente de la República, sino que se le hizo un recordatorio de algo que él dijo públicamente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el aula magna, en una actividad de solidaridad con las personas afectadas», sostuvo Dandré durante una entrevista con el Periódico HOY.
Por su parte, Ana Beatriz Rosario, vocera de la entidad, detalló: «Lo que se está haciendo es una comparación del hecho de que cada persona que fue afectada por la sentencia tiene la misma condición, que viene de padres migrantes al país, igual que como él (Luis Abinader) mismo lo expresó, de que él se sentía de que podría ser él quien estuviera en esa misma condición«.
“La Sentencia”
Desde 1929 hasta 2010, bajo el principio de ius soli —o derecho de suelo—, la República Dominicana concedía la nacionalidad a toda persona nacida en el país, salvo a los hijos de diplomáticos o de personas “en tránsito”. Sin embargo, esto cambió cuando, el 23 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 168-13, en la que se establece que no se reconocerá la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos a partir de 1929, medida que algunos consideran como arbitraria y basada en criterios raciales y étnicos contra personas de origen haitiano.
El fallo fue la respuesta a un recurso de amparo presentado por Juliana Deguis Pierre, una fémina de ascendencia haitiana, quien demandaba a la Junta Central Electoral para que expidiera el documento de identidad que le había sido negado desde 2007.
No obstante, el alto tribunal respaldó esa negativa del órgano electoral al considerar que Deguis Pierre, que en ese momento tenía 29 años, no había demostrado “que al menos uno de sus padres tuviera residencia legal en la República Dominicana en el momento de su nacimiento”. Así, concluyó que no le correspondía la nacionalidad dominicana, sino la haitiana.
Las vidas detenidas
Ana Beatriz Rosario y Manuel de Jesús Dandré sostienen que, debido a esta situación, miles de personas están en una condición de apatridia, ya que han quedado sin nacionalidad en la República Dominicana.
«No tener una nacionalidad efectiva viviendo en un territorio significa estar en una condición de apatridia, aunque a las autoridades (dominicana) no les guste la palabra apatridia», pronunció el jurista.
«Todas las personas en el país que han sido afectadas por la sentencia tienen sus vidas detenidas. Personas que no pueden declarar a los hijos que han tenido, porque ya han pasado 11 años; personas que no pueden tener un trabajo formal, que tienen que buscar alguna manera de vivir; personas que tal vez quieren formar una familia legalmente, pero no pueden casarse; no pueden abrir una cuenta bancaria. Aparte de eso, tampoco están sumando de manera efectiva al Gobierno, ya que, si tengo un negocio, no puedo registrarlo, no puedo pagar un impuesto porque si no tengo la documentación, no puedo hacerlo. Son miles de casos; hay futuros doctores, futuros abogados, profesores, que quisieran estar ahora mismo en la universidad haciendo una carrera, y otros que hicieron una carrera y no pueden ejercer porque legalmente no son dominicanos, cuando tienen el derecho de serlo, y cuando está la Ley (de Naturalización 169-14) establecida, que les dice que sí tienen ese derecho, pero que no se está cumpliendo», añadió Rosario.
Su reclamo
El movimiento exige a las autoridades dominicanas el cumplimiento de la Ley 169, conocida como la Ley de Naturalización Especial, aprobada en mayo de 2014 por el Congreso Nacional y promovida por el entonces presidente Danilo Medina; que se abran las oficinas del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), y que se reconozca en plenitud la nacionalidad a todas las personas que hayan sido afectadas por la sentencia.
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