Se acerca el fin  del sainete político montado por el Presidente Leonel Fernández, para tratar de legitimar la prolongación de su hegemonía y desviar la atención de los graves problemas que afectan al pueblo.

Desde el año 2002, una Comisión Especial ampliamente representativa, logró consensuar un Proyecto digno del siglo XXI, con todos los partidos, incluyendo al PLD y los diferentes sectores sociales y económicos del país, caracterizada por su claridad, racionalidad y sencillez, es mucho lo que hemos retrocedido en la construcción  de nuestra institucionalidad.

Entonces no se sometió ese Proyecto, y en cambio se aprobó el retorno a la reelección, que junto a las quiebras bancarias le costó el poder al PRD en el 2004.  El nuevo gobierno creó una Comisión de Juristas para que redactaran un nuevo Proyecto a partir de consultas populares.  Dicha Comisión desoyó buena parte de las recomendaciones de dichas consultas, y Leonel a su vez cambió muchas otras, saliendo finalmente un largo texto, ampuloso, repetitivo, ultracentralista y ultra conservador.

Esto supuso la eliminación de un Poder Constituyente Originario, con calidad para aprobar un texto sustantivo nuevo, y de paso la facultad de hacer un Referendo para aprobar leyes sustantivas y revocar funcionarios electos.   También el desmantelamiento del Poder Judicial y su sustitución por 6 cuerpos judiciales superiores diferentes; la reinstalación de las elecciones municipales con arrastre del Ejecutivo, el control de las cuentas del Estado en manos de funcionarios que señale el Poder Ejecutivo, quien administra el propio gobierno, la posibilidad de entregar por simple Ley la Soberanía Nacional a “Poderes Supranacionales”  del Continente, y la eliminación de una serie de derechos ya conquistados.   Son sólo algunas de las travesuras que contiene este nuevo “Parto de los Montes”.

En realidad, parecería que los únicos conformes con el nuevo texto serán los dos signatarios de un pacto sui géneris y sus asesores, pues este no fue discutido por los cuerpos directivos de los partidos a los que pertenecen; y ha gozado de general repudio de políticos, intelectuales, empresarios, mujeres, jóvenes, obreros y entidades internacionales, con la única excepción los altos jerarcas de la iglesias cristianas, porque consiguieron contra viento y marea que un óvulo recién fecundado, valga en nuestro país  más que la vida de una mujer, el horror y la degradación familiar de las violadas y víctimas de incesto, aunque los embriones sean monstruosos; y a despecho de lo que se acepta en las metrópolis donde ellos nacieron o estudiaron, y en casi todo el mundo; aunque ello aumente los 100,000 abortos que se cometen cada año, sobre todo entre las más pobres, que morirían por falta de atención médica.

En lugar de la Constitución del siglo XXI a que aspiramos, tendremos al parecer una del siglo XVII.

Por eso podría bautizarse al documento a punto de salir “La Constitución Breve”, no por su longitud, porque más que duplica su articulado actual, sino porque el pueblo dominicano, a la primera oportunidad borrará de la faz de la Tierra a ese engendro antidemocrático e ilegítimo.