La constitución del Estado es el conjunto de reglas fundamentales que organizan la sociedad política, estableciendo la autoridad y garantizando la libertad; es la ley magna de la nación.

Todo Estado tiene una constitución, en el sentido amplio de esta palabra, o sea, como conjunto de leyes que regulan su vida y acción. Pero, en el sentido estricto, la constitución exige la norma especial, votada por la nación y aplicada en forma regular, principalmente en el conjunto de derechos y de deberes establecidos en forma general y particular para cada ciudadano.

La República Dominicana se organiza políticamente a partir del 27 de febrero de 1844, fecha de su independencia y adopta en su primera carta magna el sistema de división de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial y dispone en el artículo 55 numeral 10, que “corresponde al Presidente de la República celebrar contratos sometiéndolos a la aprobación del Congreso Nacional, cuando contengan disposiciones relativas a la afectación de rentas nacionales, a la enajenación de inmuebles cuyo valor sea mayor de veinte mil pesos oro (RD$20,000.00) o al levantamiento de empréstitos o cuando estipulen impuestos en general, de acuerdo con el artículo 110, sin tal aprobación en los demás casos”.

Por tanto la venta del 49% de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo al gobierno de la hermana República de Venezuela es un contrato y como tal tiene que ser conocido por el congreso dominicano so pena de ser declarado nulo en virtud del artículo 46 de nuestra carta sustantiva que dice: “Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o actos contrarios a la constitución de la República”.

Presidente doctor Leonel Fernández Reyna, recuérdese que al tomar posesión de su cargo haciendo uso del artículo 54 dijo en el Congreso: “Juro por Dios, por la Patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la República, sostener y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes a mi cargo.