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En virtud de su esencia y a su finalidad, la Constitución está llamada a proclamar la igualdad como valor superior y perseguir el objetivo de alcanzar esta igualdad de derechos de todos los ciudadanos y las ciudadanas, a través de la adopción de acciones afirmativas.
En el Proyecto de Reforma Constitucional, entregado por el presidente Fernández al Congreso de la República, presenta lo que debe ser la defensa de los derechos económicos en tres partes a todo lo largo de su contenido, en las secciones en que habla de derechos económicos, así como en la de régimen económico y de finanzas públicas.
Según explica el jurista Eduardo Jorge Prats, quien participó en la comisión que elaboró el primer borrador del proyecto, el gran valor de esta propuesta es que no son simples enunciados vinculados a los principios rectores del orden social y económico, no se queda en la declaratoria poética, señalan las políticas que deben aplicarse para alcanzar esos derechos.
ART. 9: El Estado tiene la titularidad de todos los recursos naturales, incluidos los yacimientos mineros. Explorados y explotados en base a concesiones. Provincias podrán beneficiarse de los beneficios percibidos por el Estado. El economista y politólogo Faustino Collado sugiere precisar que los beneficios serán dedicados al desarrollo de la provincia en la proporción que determine la ley.
Por su parte los empresarios sugieren que la titularidad del Estado se limite a aquellos recursos naturales no renovables, ya que como está planteada, la propuesta podría lesionar derechos sobre terrenos de particulares en los que se hayan detectado o puedan detectarse yacimientos u otros recursos naturales, al disponerse la titularidad estatal de los mismos.
Derechos económicos
El artíoculo 41 consigna la libertad económica, la competencia libre y leal, la prohibición de monopolios en provecho de particulares, la sanción a prácticas restrictivas de la competencia y el abuso de posición dominante. Además afirma que el Estado podrá dictar medidas para regular la economía y podrá otorgar concesiones para la prestación de servicios.
Faustino Collado pondera avances en este artículo, ya que promueve la competencia y surgimiento de nuevas empresas. Aunque sugiere la creación de una ley de monopolio.
En cambio, la propuesta presentada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Asociación de Industrias de RD, (AIRD), plantea que La redacción propuesta supone la posibilidad de que pueden existir limitaciones a la libertad de empresa. No debe establecerse la posibilidad de limitaciones a través de legislaciones, de la actividad económica. A todo ciudadano debe garantizársele de pleno derecho ejercer la actividad económica sin más limitaciones que las que fueren establecidas en la constitución y no en leyes adjetivas. Hacer lo contrario, sería atentatorio contra el principio de libertad de empresa.
Trabajo en el hogar
El artículo 44.8 sobre el trabajo en el hogar constituye un avance del Proyecto de Reforma Constitucional, al plantear que el trabajo no remunerado en el hogar se considera labor productiva, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de políticas públicas y sociales. Collado considera que este artículo agrega valor a la economía.
Otro artículo ponderado por Collado es el 51, en el que se consigna el derecho al disfrute de un salario justo y suficiente que permita al trabajador vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.
En lo relativo al tratamiento de la inversión, consignado en el artículo 198, que establece que el Estado debe dar el mismo tratamiento a todos los inversionistas, Collado lo ve como una posición neoliberal y contraria a la posibilidad de promover el desarrollo de ciertas inversiones, tanto para locales como para extranjeros.
Hay avance
El Proyecto de Reforma Constitucional inicialmente fue redactado por una comisión de juristas y luego fue sometido a un proceso de revisión por parte del presidente Leonel Fernández Reyna, quien lo entregó al Congreso Nacional.
La versión del Ejecutivo desechó 36 propuestas del proyecto original y dejó fuera elementos ponderados en las consultas populares auspiciadas desde el Ejecutivo.
Según afirman algunos expertos, uno de los aspectos donde más se perdió terreno entre una versión y otra fue tal vez en lo relativo al tema de la seguridad social.
El economista, politólogo, profesor universitario e investigador Faustino Collado, considera, sin embargo, que hay un avance conceptual teórico en este proyecto, ya que toma en cuenta nuevas realidades y derechos económicos. Entiende que en comparación con constituciones más avanzadas de la Región, las propuestas de RD debió darle mayor incidencia al Estado.
Las claves
1. Cámara de Cuentas
El sector empresarial sugiere que crear la obligación del Poder Ejecutivo vía la Constitución para ser validado por el Congreso un informe sobre el estado de la Cuenta General de Ingresos y Egresos. Asimismo, entendemos indispensable que los miembros de la Cámara de Cuentas se nombren por el Congreso, quedando el Senado encargado de su designación de una terna que le someta la Cámara de Diputados.
2. Que no haya diferencia
Los empresarios recomiendan la eliminación del artículo 200 donde el Estado se compromete a fomentar la integración del sector informal en la economía y a proteger la pequeña y mediana empresa, las cooperativas, las empresas familiares y cualquier otra forma de asociación comunitaria.
