Al aplicar filtros a conductas burocráticas pasadas, recientes y hasta presentes en las entrañas del Estado y sus afines, la Contraloría General de la República, de mandato legal para ello con auditorías, confiere a la obligada transparencia una dimensión desacostumbrada. Un recurso omitido con asiduidad en el pasado. Desprecio añejo a los procedimientos correctos que deben proteger patrimonios públicos. Una infidelidad aguda de antes que para equis número de casos procedería desentrañar, por vías judiciales, probables intencionalidades para que no queden ocultas. Ese jueguito de taparse los unos a los otros por una cultura de conveniencias personales y políticas necesita «un alto ahí». Lograr un avance contundente hacia el proceder ético en gestiones de Estado, descentralizaciones y beneficiarios privados de concesiones oficiales. Por doquier emergen perjuicios a la nación a los que dormidas gestiones de poder apenas ponían en mira.

Las incorrecciones solapadas como inofensivas y excusadas como meras irregularidades guardan parecido con lo pernicioso de las confabulaciones desfalcadoras que también han aflorado con solo apretar dedos sobre llagas. Mucho procede combatir con denuedo los errores, negligencias e ineptitudes que así pudieran ser configurados. Daño es daño y la tolerancia cero a lo que el eufemismo describe como «indelicadezas» obliga a usar el mazo. No se trata estrictamente de faltas menores. La ley permite ser implacable contra ellas.