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La Contraloría General de la República reafirmó que la auditoría realizada al Consejo Nacional del Transporte del Plan Renove comprobó que funcionaba sin un sistema contable ni documentos para registrar las operaciones financieras, por lo que el trabajo se hizo en condiciones precarias.
La revisión técnica que efectuaron asesores de la Contraloría al informe de la auditoría practicada entre el primero de enero del 2002 y el 12 de abril del 2003, revela también que el Plan Renove no se ejecutó a través de licitación pública, como estaba establecido.
Sin embargo, la evaluación enviada al contralor general de la República, Federico Lalane José, deja sin efecto la recomendación de requerir que dos sindicatos del transporte devuelvan las unidades recibidas, tras aclarar que se determinó que las asociaciones estaban registradas.
El informe final fue elaborado el pasado 18 de febrero. Los autores fueron el asesor de la Contraloría, Genaro Soriano y el asesor técnico Damián Santos. El documento de diez páginas, copia del cual tiene este diario, fue entregado al procurador general de la República, Víctor Manuel Céspedes Martínez y al director del Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO), Jesús Féliz Jiménez.
Los técnicos indicaron que la auditoría estableció que tres sindicatos beneficiados con vehículos del gobierno, no estaban registrados, porque la Secretaría de Trabajo así lo confirmó.
Explican que la Secretaría de Trabajo les emitió una certificación en la que les hacía constar que no figuraban en sus archivos la Asociación Nacional de Taxistas por Comunicación (ASONATAXIC), el Movimiento Choferil de Transporte (MOCHOTRAN) y la Unión de Propietarios de Autobuses.
Manifiestan que posteriormente la Secretaría de Trabajo emitió dos certificaciones señalando que ASONATAXIC y MOCHOTRAN tienen sus registros correspondientes.
Los asesores coincidieron en recomendar que el Plan Renove sea sometido a una segunda auditoría, para evaluar el proceso general del sistema de control interno y para completar el proceso de inspección.
Afirman que las unidades importadas por el gobierno, valorados en US$158.8 millones, se compraron sin convocar a licitación pública.
Soriano y Santos indicaron que la compra de las unidades no debió efectuarse en «licitación por invitación», ya que esa modalidad está prevista para la compra superiores a los RD$100,000 y menores de los RD$3 millones, como lo dispone el artículo 13 del decreto 262-98.
La Contraloría ratificó que el Plan Renove operaba sin un sistema contable para registrar y procesar las informaciones económicas y financieras, y que carecía de un reglamento para su propio funcionamiento interno.
Los asesores confirman que por la ausencia de registros y documentos, los auditores hicieron su trabajo en condiciones precarias, teniendo que orientar una parte de su trabajo al levantamiento o compilación de informaciones.
Señalaron que para eso debieron recurrir a gacetas oficiales, informes requeridos a suplidores, al Banco Central, la Dirección General de Impuestos Internos y Aduanas, entre otras instituciones.
En cuanto al sistema de administración, la Contraloría declaró que a pesar de que el decreto 619-00 creó la Comisión Nacional de Seguimiento al Plan Renove, fue en abril del 2003 cuando se comenzó a reclutar personal para el manejo de los asuntos administrativos-financieros del referido plan.
