La falta de compromiso, junto con prejuicios estructurales o coyunturales lleva esfuerzos nacionales al fracaso. Es lo sucedido con la reforma del sector eléctrico.

Bajo argumentos baladíes y conceptualmente inconsistentes, el gobierno de HM ha decidido desandar el camino avanzado desde 1992 con la redacción, por un grupo gubernamental interdisciplinario, de la Ley General de Electricidad, No. 125 01. Por eso vemos que, para justificar los desaguisados eléctricos, específicamente el Acuerdo de Madrid y la compra del 50% de las acciones de Unión Fenosa en EdeNorte y EdeSur, el gobierno dominicano plantea: i) revisar las leyes eléctrica y de capitalización; ii) preparar términos de licitación para la enajenación del patrimonio del Estado; ii) monopolizar la industria eléctrica mediante la integración vertical; iv) vender el 75% de sus acciones en el sector (distribución, generación y transmisión); y v) adjudicar, en una especie de grado a grado, el patrimonio estatal.

[b]DIAGNÓSTICO[/b]

Actualmente existe una capacidad de generación que supera holgadamente la demanda (3,000 MW vs. 1,800 MW). Este hecho lo esgrime el gobierno, como si fuera un logro de esta administración, aunque no tenga ningún merito en los 1,500 megavatios adicionados al sistema por el proceso de capitalización. Ni siquiera en la región norte del país existe insuficiencia de generación. Por ejemplo, para agosto, 2003 con una demanda de 546 MW, la capacidad de generación en el Cibao era de 579 MW.

En otras palabras, los apagones no son por razones técnicas sino económico financieras. Solo a modo de ejemplo, 300 MW de Cogentrix y 185 MW de Enron, 485 MW, están fuera del sistema por razones administrativas (CDE no les paga). Esto representa casi el 30% de la demanda máxima.

Por otro lado, solo por concepto del aporte gubernamental al Fondo de Compensación Eléctrica, excelente iniciativa destinada a mitigar coyunturas adversas, el gobierno adeuda a las distribuidoras RD$2,000 millones. Mientras que las deudas totales del gobierno al sector eléctrico, ascienden de acuerdo a cifras suministradas por el señor Superintendente, a unos US$375 millones (RD$15,000).

Esta realidad financiera es atribuida, en el punto 16 del Acuerdo Stand By con el FMI, a la devaluación de la moneda nacional. Situación que ha afectado adversamente, tanto a generadoras como a distribuidoras. De hecho, quien revisa las cifras del sector descubre que hasta febrero, 2003 no existían problemas financieros importantes en el sector. O sea, hasta el momento de la perdida de la estabilidad macroeconómica las empresas de distribución cumplían a cabalidad con sus acreencias con los generadores.

De donde se desprende que los problemas del sector no provienen de la propiedad y/o administración de estas empresas. Como tampoco provienen de la estructura o diseño de la industria, entiendase la separación entre generación y distribución.

De hecho, el Acuerdo de Madrid, aunque contribuyo a solucionar un problema financiero coyuntural de corto plazo, vulnero en su esencia básica la reforma del sector que propugnaba por una real competencia en generación. Luego se ha visto como la mayoría de los signatarios de Madrid, especialmente distribuidoras y gobierno, empezaron a renegar del mismo (Ver Listin Diario, 14 julio, 2003, “Mejia esta dispuesto a revisar Acuerdo energético de Madrid”, en donde se recogen sus declaraciones del programa “Una vez a la Semana”).

[b]INTERVENCIÓN VS. COMPRA.[/b]

En julio 2003, la Superintendencia de Electricidad, en misiva cursada al Banco Interamericano de Desarrollo, solicitaba su aprobación para intervenir las distribuidoras del Norte y del Sur, aludiendo quiebra virtual de las mismas. Esta condicionalidad estaba contenida en el convenio de préstamo del BID con las distribuidoras por US$188 millones.

Sobre el particular se refirieron, tanto el BID como la Agencia Multilateral de Garantías de Inversiones del Banco Mundial (MIGA). El BID, en comunicaciones dirigidas a la SIE y CDE solicito información y explicaciones de las razones que fundamentaban las intenciones gubernamentales y dejo claramente establecido que Edenorte y EdeSur eran razones sociales diferentes, con lo cual desligaban de la supuesta quiebra a EdeSur. Pero, en la práctica, lo que sugerían era la búsqueda de soluciones prácticas para tan engorroso problema.

El MIGA, por su parte, advirtiendo el daño que ocasionaría a la inversión extranjera en un momento en que la banca, local e internacional, clasificaba al sector eléctrico nacional en categoría D, ponía en duda la razonabilidad de la medida al destacar que la naturaleza fundamental del problema estaba en la devaluación de la moneda. Externando su preocupación, en misiva dirigida al Superintendente de Electricidad el 28/8/03, por el representante jurídico del MIGA, Lorin Weisenfeld, quien descartaba esta medida como solución y alertaba contra complicados procesos de arbitrajes internacionales.

En otras palabras, al clasificar el riesgo comercial de la industria tan elevado, se incrementaba el costo y se disminuía el flujo de recursos financiables al sector. Por lo que una intervención seria como una especie de comprobación empírica irrefutable de este análisis de expectativas en un sector ávido de recursos frescos.

Sin embargo, y para sorpresa general, la decisión no fue intervención sino estatización total de las dos terceras partes del sistema eléctrico de distribución. El gobierno adquirió el 50% de las acciones de Unión Fenosa en EdeNorte/Sur por un valor total de US $715 millones pagadero en 144 cuotas mensuales de entre 4 y 5 millones de dólares en base a los mejores clientes de las empresas.

O sea, que sin otra justificación que no fuera el hecho de que ambas empresas eran operadas de manera centralizada, el gobierno valoro el capital accionario privado, de empresas previamente señaladas como quebradas, por US$362 millones. Como consecuencia de esta decisión, el flujo financiero mensual de 2/3 partes del sector de distribución se ve afectado mensualmente con unos RD$200 millones equivalentes. O sea, que a un sector sediento de recursos frescos e inversiones se le extraerán –mediante la desinversion extranjera US$715 millones. Todo lo contrario a lo que debió haber sido impulsado.

Como se ha podido observar, ninguna de las dos opciones solucionaba el problema de fondo del sector, como acertadamente señalaba el MIGA. Esto así, porque el problema no pasaba por la propiedad accionaria ni siquiera por la estructura de la industria, sino que era fruto del deterioro macroeconómico. En este sentido, ambas opciones de política, en lugar de plantear caminos despejados, complicaban mucho más el panorama. Por tanto, no eran soluciones.

[b]OPCIÓN ALTERNATIVA[/b]

Entre las opciones propuestas o implementadas han estado la ampliación de capital, la integración vertical, especialmente en el Cibao, el traslado de barcazas hacia la región norte del país, la construcción de las redes de transmisión norte/sur, entre otras.

La alternativa de ampliación de capital se aplico en EdeNorte, donde Unión Fenosa inyecto US$40 millones, mientras que el Estado no pudo aportar su correspondiente contrapartida. Tambien se aprobó para la distribuidora del Este. Esta, a mi entender era la solución mas eficaz, ya que la realidad de la industria es de un flujo de caja negativo.

En el caso de EdeNorte, el empresariado cibaeño se había mostrado interesado en participar en esta ampliación de capital. Sin embargo, el gobierno no desplegó los esfuerzos necesarios para concretizar esta opción. La cual, en términos cuantitativos, abría la puerta para mayores inyecciones de capitales privados, ante la imposibilidad estatal. Mientras que, en términos cualitativos, permitía explorar alternativas administrativas conjuntas (administración tripartita –Estado, Unión Fenosa, Inversionistas Cibaeños) lo que le otorgaría, además de la legitimación regional que carecía Unión Fenosa, nuevas perspectivas empresariales.

Por demás, esta alternativa no excluía las prioridades anteriores. La misma permitía incentivar el traslado de barcazas hacia el norte, como medida técnica contingente (avería o mantenimiento de plantas), que no así administrativa (falta de pago por parte de CDE, como era costumbre). De igual manera, no entorpecía, por el contrario, liberaba a CDE de recursos y esfuerzos, para promover al retrazado proyecto, mas de 3 años, de la autopista eléctrica de alta tensión.

Y, tambien permitía algún esquema de compartimiento de costos, preferiblemente transitorio, como es esgrimido por los prohijadores de la integración vertical. Propuesta que, desde mi punto de vista, no es mas que una excusa para justificar los evidentes traspiés ocurridos en el sector, ya que no existe ninguna comprobación teórica o empírica de que un monopolio privado vaya a incentivar la eficiencia en el sector, en beneficio de la sociedad. Conviene precisar que, al igual que con las distorsiones introducidas con el Acuerdo de Madrid, una integración vertical requerirá, al igual que sucedió en Inglaterra, una desagregación futura debido a que su posición dominante de mercado permitirá practicas monopólicas en perjuicio del libre mercado.

Parecería que quienes están proponiendo la integración vertical de la industria eléctrica tienen una agenda oculta. En los Estados Unidos se ha estado estudiando la manera de controlar los monopolios, desde épocas remotas, con las famosas Anti Trust Commisions. Vimos lo sucedido recientemente con Microsoft. En el Reino Unido, la MMC (La Comision de Monopolio y Fusiones) ha obligado a separarse a empresas eléctricas, farmacéuticas, ferrocarriles, hasta cerveceras y de preservativos. Pero en Macondo Incorporado, para que no quede dudas de que somos una republica bananera, quizás la mejor representada, bajo argumentos totalmente discutibles y peregrinos se festina olímpicamente la creación de semejante hiedra de siete cabezas.

Es evidente que la creación de un monopolio privado en una industria estratégica, con un Estado tan manifiestamente incapaz de regular industrias mucho más simples, como la bancaria, es un total despropósito y un retroceso histórico.

Por consiguiente, cualquier decisión que involucre la disposición del patrimonio publico, y que afecte el futuro de la industria eléctrica debe ser fruto de un amplio proceso de discusión, que permita una solución de consenso legitimada por los mas representativos sectores nacionales.