En medio del espinoso y controversial debate sobre la despenalización del aborto, el portavoz del Gobierno, Lic. Roberto Rodríguez Marchena, acaba de esgrimir argumentos muy sólidos que justifican la observación del Poder Ejecutivo, objeto de un revuelo religioso legítimo, pero exagerado.

Afirma Rodríguez Marchena con mucha propiedad “que ninguna ley puede obligar a una mujer a parirle un hijo al delincuente que la violó”, una situación llena de dramatismo y realidad que se da con relativa frecuencia en la sociedad dominicana.

Igualmente, sigue diciendo el vocero presidencial, ninguna ley puede obligar a una mujer embarazada a morir cuando gracias a la ciencia médica puede vivir, lo que constituye aspectos de carácter humano y derechos que tienen que ser respetados y que ya universalmente son reconocidos por casi todos los códigos y legislaciones.

Precisamente, el veto presidencial está inspirado jamás abrirles las puertas al aborto, sino más bien a establecer mecanismos legales para situaciones especiales donde la vida de la madre está en peligro y reconocer el derecho de la mujer de interrumpir un embarazo no deseado, producto de una violación.

Creemos que la posición de las iglesias y del gobierno pueden conciliarse tras la búsqueda de una solución intermedia que sea el resultado de una discusión sensata que esté al margen del dogmatismo y los extremismos.

Las explicaciones y razonamientos que ha estado ofreciendo el Gobierno sobre el particular a través de su vocero oficial, el Lic. Rodríguez Marchena, mediante un lenguaje respetuoso, conciliador y didáctico es una señal inequívoca del interés gubernamental de esclarecer este impasse de la mejor manera posible y debe primar la buena voluntad de todos los sectores involucrados en este escabroso, pecaminoso y singular debate en aras de propiciar una solución justa, armoniosa y equilibrada.