La transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, son temas que desde hace algunos años han venido interesando cada vez más a los ciudadanos del mundo, producto de la toma de conciencia de su importancia, impulsada por organizaciones internacionales dedicadas al estudio del uso de los recursos públicos y a la denuncia de  prácticas incorrectas.

La República Dominicana no es una excepción, y el aireamiento de procedimientos reñidos con la Ley, las buenas prácticas administrativas así como la falta de transparencia,  se han hecho cada vez más frecuentes.

Si bien es cierto, que muy pocos representantes de los medios de comunicación se han unido a las responsables voces de Alicia Ortega y Nuria Piera en sus urticantes trabajos de investigación, cada vez un mayor número de ciudadanos conscientes, y organizaciones de la más diversa índole, dejan oír sus voces de protesta, hastiados de tantos desmanes sin castigo.

Si analizamos los hechos denunciados tenemos que admitir que estos son importantes, pero no los peores, dentro de la amplia gama de prácticas corruptas que se dice ocurren con frecuencia, en el variado escenario de las  transacciones que se realiza con el dinero de los contribuyentes, o al amparo del poder otorgado por una función pública.

Resulta muy difícil detectar asociaciones secretas entre contratantes y contratados, así como saber el monto recibido por la concesión de un permiso, la aprobación de una compra, un contrato, la gestión de un pago o lo que produce el tráfico de influencias.

Sería muy importante investigar y cuantificar el astronómico monto que se le drenan a los recursos públicos a través  de los sobre costos que sufre la mayoría de las obras que ejecuta o contrata el Estado.  Estoy seguro de que con ese dinero, podría mejorarse notablemente la calidad de la educación pública.

Los hechos indican que la comisión de las señaladas prácticas de corrupción no implican ningún peligro para quienes las cometen, pues los sometimientos a la justicia de funcionarios públicos y políticos, son pocos y selectivos, a pesar de que los súbitos cambios de estilos de vida, y el ofensivo y público derroche de algunos de ellos, son indicios suficientes para que el Ministerio Público por lo menos sienta curiosidad.

La comprobación de que estas cosas ocurren en la República Dominicana han ocasionado que nuestro país ocupe lugares destacados entre las naciones más corruptas del mundo, en las listas que publican anualmente respetadas organizaciones internacionales.

Ahora bien, tan perjudiciales son las prácticas corruptas en las instituciones del Estado, como las llevadas a cabo en el sector privado, ambas envilecen y afectan a un gran número de personas.

El empresario que oculta ventas, evade impuestos, utiliza su influencia  para no cumplir con normas que otros tienen que acatar, manipulan sus declaraciones aduanales, etc., es tan transgresor de la Ley como el servidor público que dispone de los recursos puestos bajo su responsabilidad.

La gran diferencia, en esta ocasión, es que connotados representantes del empresariado están cumpliendo condenas en la cárcel, mientras responsables de sonados escándalos, aún disfrutan de importantes funciones en el tren gubernamental, o están tranquilos en sus casas.

Sólo una ciudadanía  organizada y exigente puede lograr que la práctica del manejo patrimonialista y clientelista del Estado, la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas, así como las actuaciones poco éticas del empresariado, cambien para mejor.  Pues si solo continúa sintiéndose “el silencio de los buenos”, no habrá otro camino que conformarnos con continuar escuchando la más consistente voz de denuncia nacional, la de “Boquechivo”.