El tema de la corrupción administrativa, que al igual que el de la delincuencia común, son de los mayores tormentos de las clases conscientes del país, fue dejado de lado por el presidente Danilo Medina en su discurso del pasado 16 de agosto.
Nadie con sentido común esperaba que le dedicara un segmento prolongado en una alocución cargada de anuncios sobre logros y proyectos futuros para el país, pero algo debió decirse sobre un mal de tantas repercusiones sociales y económicas.
Por lo menos se esperaba una reiteración de la voluntad del Estado de combatir un cáncer que, por ancestral, no debe verse con indiferencia por el Ejecutivo so pena de que continúen produciéndose actos dolosos contra los fondos públicos en detrimento del pueblo.
En perjuicio del pueblo, porque los miles de millones de pesos que se embolsillan algunos funcionarios públicos a costa de negociaciones espurias como la de los Súper Tucano, hacen falta para la salud, alimentación y educación de los pobres.
Incluso, en el recién pasado periodo de transición, innecesariamente prolongado, se realizaron en algunas dependencias oficiales una serie de operaciones económicas, licitaciones y contrataciones amañadas que el Ejecutivo debiera dejar sin efecto.
En lo relativo a la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio, a que deben someterse todos los funcionarios electos, salientes o nombrados, el Presidente, de alguna manera debe mostrar interés en que se cumpla para evitar lo ocurrido en el periodo pasado.
Más de 2000 funcionarios públicos ignoraron esta ley sin ninguna consecuencia, instrumento legal que puede contribuir a la transparencia del accionar de quienes llegan a los cargos a enriquecerse descaradamente ante la indiferencia oficial.