La ley y la trampa viajan en paralelo, con suerte se dan casos donde ambas se desvían, se cruzan y se convierten en medidas legales pero que son discriminatorias, lo que hace de la legalidad, ocasionalmente, un acto injusto.

Estoy convencida que es mediante mejores regulaciones, sistemas y capacidad humana, que se modera la corrupción, lo cual, beneficia más al país que la persecución o condena.

A diferencia de lo que parece creer la mayoría de las personas, según lo que he podido observar, pocos entienden que la prevención de la corrupción ha sido mucho más eficiente para el país que la persecución de la misma, más aún, bajo este esquema turbio que presenta el Ministerio Público que se ha traducido a nada, en cuanto a generar, gracias al ejemplo, un comportamiento ético de quienes nos representan hoy, pero hace falta mucha humildad intelectual para reconocerlo.

Es decir que, medidas internas del Poder Ejecutivo, leyes, reglamentos y plataformas transparentes para los procesos de compras, pero, sobre todo, un direccionamiento del presupuesto del Estado a obras y servicios de beneficio público basados en un Plan de Gobierno real, terminan por consecuencia siendo acciones mucho más preventivas de corrupción. Tomemos de ejemplo, el Plan Nacional de Alfabetización Nacional, ese dinero no podía desaparecerse porque había que impactar a personas y sacarlas de esa marginalidad social. La corrupción, como todo delito, tiene categorías y tampoco es un acto exclusivo de la política, e indiscutiblemente, debe de ser objeto de persecución, investigación y la condena que aplique.

Pero lo que estoy observando es, que cuando el dinero público tiene dueño, es decir, propósito, el destino de este, va en beneficio de la mayoría, aunque en el proceso haya márgenes que puedan perderse en función a intermediaciones, abuso de poder, etc. No se trata de justificar, es de hacer un balance en función al beneficio colectivo, aunque les moleste a los moralistas extremos, estoy haciendo un ejercicio de eficiencia y retorno de inversión colectiva. Ahora, cuando el dinero público simplemente se presupuesta pero no se sabe ejecutar con políticas públicas en beneficio de las mayorías, es decir, haciendo obras de infraestructura necesarias, cuidando el medio ambiente, ofreciendo mantenimiento de hospitales, carreteras, escuelas, etc. Entonces, vienen los “inventos”, como: aumentar la carga fija del Estado en alquileres innecesarios.

Cualquiera, a simple vista cree que se trataría de un acto de favoritismo y de pequeña corrupción, mientras que la realización de una gran obra de infraestructura, como una planta energética, una presa hidráulica, etc. es donde está la megacorrupción. Sin embargo, y aquí viene la gran preocupación que me ha inspirado a escribir este artículo; mi temor es empezar a normalizar acciones que solo comprometen gastos fijos, las cuales, continúen en vigencia, aunque cambien funcionarios y que estas se vuelvan cada vez más difíciles de controlar.

Me explico: Un funcionario que meta a la nómina (carga fija) un número escandaloso de asesores con salarios altos, al ser sustituido, es más probable que quien lo suceda continúe haciendo lo mismo (aunque cambie el personal de asesores) porque ya esa carga está ahí como parte del presupuesto de la institución, aunque pudieses usarse para otras cosas. Esto se presta para ‘botellas” o para beneficiar a un grupo de personas que hasta pueden retornarle un porcentaje de su salario mensual sin ser percibido, como agradecimiento o prevención de ser sustituidos. Lo mismo pasa con alquileres de oficinas, almacenes, o cuantiosos seguros contra siniestros improbables que no tienen base estadística que lo sustente, etc.

Conozco casos de allegados al gobierno, que compran una propiedad, a veces hasta con facilidades de los mismos bancos del Estado, para alquilársela al propio Estado, a precios sobre valorados y así dar la mitad de las ganancias mensuales a quien le consiguió esa “ayudita”. Imaginemos entonces que una persona es nombrada en una institución pública, y le llega la noticia de que para dejar ese alquiler operando, el inquilino le enviará un sobre mensual de 10 mil dólares. Esta condición nos deja dependiendo simplemente de la buena voluntad personal de quien asume el cargo, para cancelar ese contrato.

Mientras que una obra de infraestructura tiene un principio y un fin, así mismo las jornadas de mantenimiento necesarias de cada una de ellas, permite lanzar procesos de licitación con varios lotes abriendo la participación de diferentes empresas y contratistas, mientras que un alquiler innecesario y sobre valorado, es una carga fija que puede durar años y ser, además, renovado y re-tazado a lo largo del tiempo. ¿Y si alquileres como ese hay varios? ¿Qué termina pasando? ¿Cómo una institución deja de disponer de recursos para este tipo de gastos sospechosos? Teniendo esos recursos ya dirigidos a los planes que importan y a las demandas de la población bajo un esquema de orden de prioridades ciudadanas y no particulares.

No hay que ser experto en nada para saber que la alimentación a un precio justo, el transporte decente y seguro, la educación digna, los servicios de agua y luz, la salud, la cultura, la seguridad social y el empleo, son primordiales en un país. Pero, un Gobierno cuyos funcionarios se levantan todos los días a “inventar qué hacer” y sin capacidad operativa, porque trabajan con miedo, le temen a la participación y la transparencia de los procesos y prefieren hacer fiesta con cargas fijas que no se necesitan, tiene muy poco que aportarle al país. Para colmo, cuando se van por la vía de grandes infraestructuras, son unos botaratas, como el caso de la extensión del metro de Santo Domingo, una obra mal hecha y con visibles vicios de construcción, del mismo modo ha presentado problemas el monorriel de Santiago, sin dejar de mencionar la falta de visión respecto al drenaje de las aguas en las extensiones de las vías en carreteras, entre otros.

Al final, hemos tenido mala suerte con este PRM. Mucha gente votó por personas que tuvieron privilegios de buena educación universitaria y altos grados de especialización, pero que no han sabido articular grandes avances, y a su vez no les importa el despilfarro de nuestro dinero en cosas innecesarias.

¡Que triste!