Descrita por el presidente Abinader como el resultado de una cultura a todos los niveles, la búsqueda de beneficios ha traspasado los límites morales y legales

La falta de un régimen de consecuencias ha apoltronado, con pretensión de de permanencia, a los males del peculado llamados a sobrevivir si no se les embiste con máxima energía.

Descrita días atrás por el presidente Luis Abinader como el resultado de una cultura a todos los niveles, la búsqueda de beneficios traspasando límites morales y legales, sea a nivel privado o público, y formalmente descrita como corrupción, ha dado manifestaciones de ser una terca y nociva forma de vivir; y para ganar permanencia tuvo siempre a su favor no solo la falta de acciones punitivas. Además, una débil, y casi ausente sanción social le ha concedido carta de ciudadanía.

El diploma de “pendejos” que desde vox populi se extiende siempre hacia los funcionarios que salen pobres de importantes ejercicios administrativos, equivale a una certificación aprobatoria a quienes hacen lo contrario. Los pronunciamientos de repudio al peculado solo arrecian en períodos electorales a partir de quienes, en ocasiones, han discurrido por la palestra con una bandera de honestidad para resultarle atractivo al electorado.

Y si los predicamentos contra la corrupción hubieran sido seguidos por la sincera contundencia de actuaciones, desde la muerte de Trujillo para acá aquí ya no habría nadie que se robara un chele y hubiera sido dejada de percibir como enraizada en cada estrato, como ha resaltado el primer mandatario que enhiestamente se coloca, con retórica y concretos pasos importantes, contra ese mal.

Desde su alto puesto y diligente toma de medidas anticorrupción que incluyen fortalecer con independencia al Ministerio Público, el Presidente no puede menos que reconocer, que el enfrentamiento a los usos y abusos de las ventajas del poder para el que deja manos libres a fiscales y jueces, obliga todavía a una cacería que lo mismo iría con disparos hacia atrás que hacia adelante, y que en lo que compete al presente y al futuro, tan importante es descubrir la malversación como el evitarla con frenazos de prevención para muchas áreas y una apropiada “escogitación” de colaboradores honestos, como diría el fecundo cervantino, ya difunto exvicepresidente Carlos Rafael Goico Morales, seibano de pura cepa.

El ahora compromiso presidencial con la pulcritud de los manejos públicos, obliga a unos énfasis extremos sobre su entorno.

Sentando precedente
Por de pronto, el estilo apropiadamente extrovertido del jefe del Estado, y su muestra de capacidad para ver con estoicismo que algunas de sus propias gentes ha sido objeto de incriminación y encierros, y sus reiteraciones de que acá, y desde ahora, el que la haga la pagará, pasó a situarlo a considerable distancia de gobernantes como el doctor Joaquín Balaguer, que llegó al cinismo de describir a la corrupción como detenida a la puerta de su despacho, como si las dos hojas de la entrada a su oficina repleta de legajos fueran la única contención al vicio de robar en sus sombríos períodos.

Apartado también de los estilos de los dos antecesores de Abinader en el solio que más de una vez preguntaran ¿de qué corrupción es que hablan? en implícita negación de su existencia lo que explica que en diversas ocasiones, y sumariamente, los individuos con más alarde como nuevos ricos, quedaran libres de pecados.

Se ha dado, históricamente, una persistencia de las caídas en sospecha por exhibición a veces derrochadora de rápidas adquisiciones de patrimonios mediante actuaciones que eufemísticamente se opta por describir como “indelicadezas” por la ausencia visual de gravedades. De ahí nace la percepción indiscriminada que coloca en estrecha relación e indistintamente a los políticos y a la corrupción, una conceptualización arrasadora que echa a todos en un mismo saco. Y por tanto, prejuiciosa e injusta.

Los dos planos del mal
La percepción de casos indebidos y ya judicializados, algunos con signos de gravedad y configuradas evidencias incriminatorias, conectan con el pasado reciente, sin que dejen de salpicar con honda preocupación, hechos concretos y de sombrío perfil descubiertos con estallidos periodísticos en el presente período gubernamental.

Es positivo que se esté procediendo con bastante diligencia proyectando una tolerancia cero a inconductas administrativas, a partir de un Ministerio Público que aparece escapado de hilos de controles a distancia.

Más allá de esa actitud reprobadora, queda la mala señal de que la sistemática ausencia de régimen de consecuencias y de protagonismos moralizadores, afianzaron un carroñero sentido de inmunidad en círculos y entornos de la política que prefieren libertad para los enriquecimientos ilícitos.

Aunque de intensidad muy desigual en cuanto a daños causados a la nación por inobservancia de las reglas que protegen patrimonios del Estado, de antes y después del anterior 16 de agosto, la diferencia numérica en escándalos suscitados a ambos lados de la línea divisoria de los períodos gubernamentales apenas sería significativa.

Muestra, al menos que aun con la aparición de un mando presidencial que desautoriza el peculado, y de unas gestiones de Procuraduría, Pepca y de controles sobre compras y contrataciones, el poder está obligado a reforzar vigilancia sobre sus ramales contra la contundencia que procede suponer a las intenciones dolosas, si ya se tiene admitido que el problema comienza en la cultura que en la sociedad predomina y que no habría de cambiar de la noche a la mañana.

En procesos para castigar supuestas sustracciones de bienes y uso de posiciones de alta jerarquías para succionar beneficios ilegales, recurriendo al fraude y al crimen de asociación de malhechores, el lenguaje procesal penal han sido enriquecido con inusitados términos marinos, convirtiendo en estigmas a los pulpos, medusas, corales y caracoles, a más de otros encausamientos sin apodos todavía y uno que subraya lo azaroso del número trece en el renglón de lotería. Todos aluden ahora a descomunales desfalcos que deberán ser probados en tribunales.

RD es un punto para las economías criminales por culpa de pandillas

Los descomunales desfalcos deben ser probados en los tribunales

Alegaciones de nuevo cuño

La presunción de inocencia, en apoyo a un correcto proceder de la justicia, vale para el pasado y el presente a fin de que puedan ser esclarecidos los hechos que más recientemente han movido la acción pública a partir de: denunciadas ventas ilegales de armas de fuego desde el ministerio mismo del Interior que las controla, de aquello que, no hará mucho, fue definido como venta de empleos en el Ministerio de Salud y las evidencias de que existía una coordinación para estafas en sorteos oficiales.

Han trascendido como informaciones de fuentes oficiales, múltiples infracciones reglamentarias en la adquisición de bienes para el Estado y de formas descuidadas de comprometer al Estado en cuestionables pagos por servicios,

Hubo entrega de millonarios valores a una reducida parte del mundo farandulero, en desordenada expedición de mitigaciones a los efectos de la pandemia fuertemente criticada, sin evidencia de sanciones condignas, a penas con levedad de aplicaciones disciplinarias, sin nombres ni apellidos, y una concesión de becas con rasgos excluyentes y de favoritismos para allegados al poder reinante, actos irritantes defendidos con una retórica poco convincente que hace recordar que esto mismo ocurría en el pasado que ahora se abomina.

La oleada de cancelaciones por motivos políticos que mes por mes aporta cuotas a la pérdida de empleos, luce como una extralimitación codiciosa por los sueldos oficiales.

El objetable comportamiento del poder que lleva al “quítate tu para ponerme yo”, viene de un habitual tratamiento de botín a la administración pública, a constar en el registro de excesos posteriores al peledeísmo.

Confirmación de la presencia

Tan cerca como en enero pasado, la Fundación InSightCrime resaltaba en un informe el aspecto de la corrupción que se manifiesta con el auge del narcotráfico, la parte del bajo mundo que más se aprovecha de la incompetencia contra el crimen generado con entramados de sobornos.

Según la comunicación derivada de estudios de esa agencia, pandillas criminales han logrado convertir al país en un centro operativo y logístico «para todo tipo de economías criminales».

Sin embargo, porque conviene escuchar a todas las campanas, la Society Council of the Americas, al resaltar que la lucha contra la corrupción experimentaba a mitad de este año un retroceso en América Latina, en una de las excepciones señala a la República Dominicana como uno de los Estados de más progreso, pasando en la escala de la posición 13 a la 10 en eficacia por «avances significativos en la categoría de capacidad legal, reflejo de un impulso anticorrupción del presidente Luis Abinader».

Previamente, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en el país, Robert Thomas, había opinado que los retos de la corrupción en República Dominicana son endémicos y que para poder luchar contra ella, además del esfuerzo de las autoridades y las empresas privadas, hace falta un cambio cultural. No dijo cómo este país podría librarse de lacras que hayan desarrollado raíces profundas.

Solo hace dos años, el Índice de Percepción de la Corrupción en República Dominicana dado a conocer por Transparencia Internacional la colocaba entre los peores números de la región, 28 sobre 100, pero ocupando el lugar 137 entre los 180 países de la medición.

De una tesis para obtener un título de derecho en la UASD, se extrae, citada por el abogado Carlos Felipe, la conclusión de que la corrupción en República Dominicana es un flagelo que aumenta la pobreza y debilita el sistema democrático. Dice también que este país no escapa a la realidad regional que envuelve a América Latina: «El cáncer de la corrupción».