En la entrega anterior citaba el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que establecía que con los fondos que se lleva la corrupción o mala administración de los recursos públicos en Latinoamérica y el Caribe, se podía sacar de la miseria extrema a los pobres de la región.
Retomo el tema, ignorado por muchos, porque entiendo que aunque no esté en la agenda de organizaciones internacionales como la ONU ni la OEA, debe mantenerse vigente por las implicaciones políticas, económicas y sociales que conlleva.
Por ejemplo, la ONU en su reciente asamblea anual agendó como tema principal el calentamiento global y la necesidad de combatir las causas que lo provocan. Participamos muy activamente y sin embargo, padecemos una grave depredación de nuestros recursos nutuales.
Por influencias políticas o sobornos, las instituciones que deben velar por la preservación de nuestros recursos naturales han sido permisivas y débiles en la aplicación de las leyes correspondientes.
A consecuencia de ello, hemos perdido o hemos visto disminuirse grandes caudales de ríos, víctimas de la extracción continua de las arenas de sus lechos y orillas con resultados fatales para la producción agrícola, ganadera y el abastecimiento de agua.
La tala de árboles, las siembras en parques nacionales, la construcción de lujosas villas de veraneo en áreas protegidas son una realidad, y lo que pasa actualmente con el Parque del Este es el mejor ejemplo de las barbaridades que se cometen desde el poder con el medio ambiente.
Mutilar un área protegida para favorecer a empresarios del transporte privado con las funestas consecuencias que traerá esa acción para todo el entorno, sólo aquí puede suceder.