Si en este país existiera voluntad política para combatir la corrupción, una simple auditoría visual a los injustificables bienes de muchos funcionarios públicos y allegados, fuera suficiente como indicio de riquezas mal habidas e inicio de las investigaciones correspondientes.
Pero, lamentablemente, ese mal está carcomiendo las entrañas mismas del sistema y arrincona a quienes se atreven a cuestionar riquezas espurias o procedimientos corruptos, induciendo a la cómoda posición de indiferencia.
Lo peor es que esa indiferencia se convierte en complicidad sin detenerse a pensar que los miles de millones de pesos que se sustraen de la administración pública en casos como los de la Sun Land, los Súper Tucanos y ahora la ODEBRECHT, los pagamos nosotros.
Los paga el pueblo que tiene que sufrir los impuestos desmesurados a los artículos de primera necesidad, mientras el sector privado y el Gobierno mantienen, por largos años, salarios de miseria que no alcanzan ni siquiera para comer.
Los pagan quienes se ven obligados a visitar los hospitales públicos carentes, en su mayoría, de condiciones de salubridad y abastecimiento de medicinas para atender a los infelices que tienen que acudir a ellos.
Muchos de nuestros males sociales tienen su origen en la cantidad de recursos que se desvían a los bolsillos de unos cuantos funcionarios políticos de los gobiernos que se han sucedido desde el honesto ejercicio gubernamental del profesor Juan Bosch en el año 1963.
La corrupción oficial tiene muchos mecanismos para ejercerse y goza de una maquinaria de impunidad judicial especialista en No Ha Lugar, en archivar expedientes y otras diabluras que el pueblo observa y soporta estoicamente mientras uno se pregunta: ¿hasta cuándo?