Brasilia.- La Corte Suprema de Brasil volvió a dejar hoy en el limbo el nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la mandataria Dilma Rousseff, quien está cerca de ser sometida a un juicio que le puede costar el cargo.

La sesión que debía juzgar las demandas que mantienen suspendida la designación de Lula como ministro de la Presidencia en el Gobierno de su ahijada política y sucesora acabó ni bien comenzó, frente a unas dudas planteadas por el magistrado Teori Zavascki.

El juez señaló que aún debe pronunciarse sobre algunas denuncias que pesan contra Lula y pidió que la corte suspendiera entonces la decisión sobre su nombramiento como ministro, lo que fue acatado de inmediato por los otros diez magistrados. La corte no propuso una fecha para retomar el juicio, por lo que puede ocurrir que, aún si la sentencia fuera favorable a Lula, el expresidente igual no pueda asumir.

La razón está en que el Senado decidirá dentro unos quince días si instaura un juicio con miras a la destitución de Rousseff, quien en ese caso sería separada del cargo durante los 180 días que dure el proceso y su lugar lo asumiría el vicepresidente Michel Temer, quien ha roto toda relación con la presidenta y con Lula.

De modo que si el Senado es más rápido que el Tribunal Supremo y decide procesar a Rousseff, Lula quedaría de todas maneras fuera del Gobierno junto con su sucesora. Lula fue nombrado ministro de la Presidencia el pasado 16 de marzo y llegó a asumir el cargo un día después, pero un terremoto político y una catarata de medidas cautelares dejaron sin efecto su nombramiento y su posterior investidura.

El mismo día que fue designado, el juez Sergio Moro, a cargo de las corruptelas en la estatal Petrobras y que investigaba a Lula, difundió un polémico audio de una conversación autorizada por la justicia, en la que Rousseff sugería que el nombramiento buscaba ayudar a blindarle ante la justicia con fueros privilegiados.

En la conversación, Rousseff le decía a Lula que le envió con un mensajero el acta de su nombramiento para que la usara “en caso de necesidad».

Eso fue interpretado como un intento de evitar cualquier acción del tribunal a cargo de Moro antes de que Lula obtuviera el fuero privilegiado que le otorgaría su condición de ministro. Tanto Lula como la propia Rousseff condenaron la grabación y su difusión, pero una vez que se hizo público su contenido decenas de jueces de primera instancia dictaron medidas cautelares objetando el nombramiento del expresidente como ministro.

En contra de que Lula pueda asumir un cargo en el Gobierno se ha posicionado hasta el procurador general de la República, Rodrigo Janot, quien en un documento remitido a la Corte Suprema hace dos semanas afirmó que en el nombramiento había claros indicios de lo que calificó como “desvío de finalidad».

Según Janot, las circunstancias del nombramiento y “la actuación bastante inusual de la Presidencia de la República” permiten identificar “elementos suficientes para afirmar la ocurrencia de desvío de finalidad en el acto oficial y, en consecuencia, para solicitar la anulación del decreto presidencial».

De acuerdo con la opinión de la Procuraduría General, “el momento del nombramiento, la inesperada anticipación del acto en que asumió el cargo y la circunstancia bastante fuera de lo común del envío del acta de nombramiento refuerzan la percepción de desvío de finalidad».

En su momento, Rousseff había alegado que la “experiencia” de su padrino político ayudaría al Gobierno a enfrentar la seria crisis política que la tiene al borde de un juicio político. Lula, de hecho, aún sin el cargo, intentó articular fuerzas para impedir que el proceso contra Rousseff avanzara en la Cámara baja y se dedicó por entero a tratar de convencer a diputados de que frenaran el trámite. Sin embargo, su fracaso fue mayúsculo.

El pasado domingo, la Cámara de Diputados aprobó por una aplastante mayoría de 367 votos frente a 137 que el trámite avanzara hasta la instancia decisiva del Senado.