En la medida en que se expande la convicción de que la nación deberá adoptar decisiones trascendentes para evitar una nueva desestabilización económica, aumentan las interrogantes sobre la capacidad del sistema político para subordinar los intereses partidistas y pactar acuerdos.

El mayor desafío es para el Presidente Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que tienen la responsabilidad de gobernar y tomar las iniciativas de concertación que deberán comenzar en su propio seno, ya que dos de sus dirigentes advirtieron un divorcio o vacío entre esa organización y su gobierno.

Aunque dejó una puerta abierta al diálogo el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ratificó esta semana una «oposición firme al gobierno pero útil al país», mientras asoman en su seno nuevas expresiones de la lucha grupal y las ambiciones individuales que lo han afectado en las últimas décadas.

Medidas radicales. Después de recibir con alivio el «Plan Integral de Acción» anunciado por el presidente Leonel Fernández el jueves 17, economistas, empresarios y analistas políticos han considerado que todavía es limitado para enfrentar las dificultades económicas, predominando interrogantes sobre la voluntad del gobierno para ajustar los gastos.

El secretario de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, ha insistido en que el país podría enfrentar una crisis económica peor que la del 2003-04, y que se requerirá una firme disposición a ejecutar políticas para reducir el gasto. «Estamos obligados a cumplir o se pierde la estabilidad» dijo al semanario Clave.

Comparadas las disposiciones anunciadas por el doctor Fernández para reducir el gasto gubernamental con las incluidas en la ley de austeridad para el 2007,  que no se cumplieron, el consenso es que las de ahora son de menor alcance, pese a que la situación económica pasó de promisoria a crítica.

Ante los medios de comunicación del Grupo Corripio, los economistas Carlos Despradel, Isidoro Santana y Miguel Ceara Hatton coincidieron en resaltar la potencialidad desestabilizadora de la crisis derivada del costo del petróleo y los alimentos, del estancamiento de la economía norteamericana y el déficit fiscal por exceso  de gastos. Eso se manifiesta en un grave incremento del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, hasta de 4 mil 500 millones de dólares para este año,  reducción de las reservas de divisas en más de 400 millones de dólares, tensiones cambiarias  e inflación de dos dígitos.

Esos tres economistas, al igual que otros y dirigentes empresariales estiman que se requieren medidas más radicales que las anunciadas y Despradel llega al grado de reclamar supresión de secretarías de Estado y de organismos estatales inoperantes, así como de altos cargos derivados del clientelismo.

Lamentaron que el presidente Fernández no dejara en claro cómo se va a eliminar el subsidio a la energía, cercano a 40 mil millones de pesos este año, y que no informara sobre la magnitud del endeudamiento de Petrocaribe ni del déficit fiscal, aunque sobre éste se concluye en que podría andar por los 50 mil millones de pesos, ya que el mandatario puso como meta reducirlo al 2 por ciento del producto bruto interno (unos 30 mil millones de pesos) asumiendo los ahorros anunciados por 20 mil millones de pesos.

No pasó desapercibido que Standard & Poors, una de las más acreditadas evaluadoras internacionales, colocara la economía nacional en «perspectiva negativa» cifrando el déficit fiscal para este año en 4 por ciento del producto bruto, aún si se logra una aplicación exitosa de las restricciones anunciadas.

En la propia casa
En el discurso presidencial de la semana pasada no hubo apelación al consenso con ningún sector político ni social, lo que podría ser enmendado en el ceremonial de juramentación del mes próximo. Tendrá que buscarlo en su propio partido, dado que el propio secretario de Economía y alto dirigente del PLD, Temístocles Montás, y el secretario general y presidente del Senado Reinaldo Pared, diagnosticaron esta semana una brecha entre el partido y el gobierno.

Montás advirtió un «divorcio» entre partido y gobierno, reclamando «mecanismos claros de coordinación». Pared reaccionó diciendo que desde la salida de Danilo Medina de la secretaría de la Presidencia se nota la ausencia de un canal de comunicación entre el PLD y su gobierno, y expresó su confianza en que esa situación será resuelta con la designación de un funcionario en ese cargo, desierto desde hace casi dos años.

La eliminación del límite constitucional a la reelección consecutiva  crearía disturbios hasta en el seno mismo del PLD, donde se expresan preocupaciones por lo que algunos ya definen como nuevo liderazgo mesiánico del presidente Fernández. Sería tan equívoco como lo fue para el presidente Hipólito Mejía  cuando sus partidarios reformaron la constitución para permitir su repostulación, lanzada luego en medio de la crisis financiera del 2003 que la condenaba al fracaso.

Nadie espera que el doctor Fernández vaya a tocar lo de la reelección en el texto que se propone enviar al  Congreso el mes próximo, lo que no está contemplado en el anteproyecto encargado a los juristas. Sería poner sus cartas en la mesa con demasiado anticipación. Pero la modificación podría ser introducida por sus partidarios en el Congreso, lo que le permitiría reservarse una decisión para el momento oportuno.

Los costos políticos y el continuismo
Entre economistas, empresarios y dirigentes sociales existe la convicción de que la crisis obliga a un achicamiento del Estado y de los subsidios a la energía eléctrica y los combustibles como forma ineludible de reducir el gasto público.  Pero al mismo tiempo cuestionan si el presidente Fernández está dispuesto a asumir los costos políticos que ese saneamiento conlleva. Algunos dudan hasta que cumpla su limitado Plan Integral, basados en las fallidas medidas de austeridad del inicio de su mandato y del 2007. Pero como constitucionalmente el doctor Fernández no puede repostularse de nuevo en 4 años, otros creen que terminará asumiendo costos políticos para evitar una desestabilización que afecte la gestión que inicia el 16 de agosto próximo.

Sin embargo, hasta dentro de su propio partido hay sectores que le atribuyen expectativas de eliminar la restricción constitucional a más de una reelección que el mismo Leonel Fernández llamó «versión hipolitista de la Constitución». El miércoles el expresidente Hipólito Mejía declaró que el mandatario le expresó interés en suprimir el límite al continuismo.

Justo esta semana el presidente Fernández anunció su decisión de enviar al Congreso Nacional el proyecto de reforma constitucional que encargó a una comisión de juristas. No faltan quienes consideren que en medio de la crisis económica y sin una disposición firme al consenso, una discusión constitucional podría alejar en vez de facilitar un necesario acuerdo para un pacto de gobernabilidad.

Responsabilidad del PRD ante la crisis e incertidumbre que sufre país
Esta semana la Comisión Política del PRD decidió mantener una línea de «oposición firme al gobierno, pero útil al país, según lo comunicó su secretario general Orlando Jorge Mera, quien especificó que eso implica «disposición a ponderar cualquier planteamiento de diálogo que haga el gobierno a través de los canales institucionales».

Esa decisión aparenta una moderación de la posición adoptada poco después de las elecciones presidenciales de mayo pasado. Fue precedida por una declaración del expresidente Hipólito Mejía quien planteó que el principal partido opositor no puede cerrarse a la búsqueda de soluciones a los problemas de la nación. 

Es obvio que el PRD no puede jugar simplemente al aprovechamiento de la crisis económica cuando la sociedad parece cansada del partidarismo y la mezquindad política. Algunos parecen deslumbrados porque esa actitud le salió bien al PLD en el 2004, pero aquella crisis estalló sólo un año antes de los comicios y la locura reeleccionista aumentó las incertidumbres y generó mayor deterioro económico.

Si el gobierno formula una propuesta de pacto de gobernabilidad el perredeísmo tendría que responder positivamente, aunque proponiendo que junto a acuerdos sobre los problemas económicos se realicen reformas políticas fundamentales, desde las de orden constitucional hasta las electorales, incluyendo la ley de partidos políticos.

Para asumir una estrategia de mediano y largo plazo el perredeísmo tendría que empezar también arreglando su propia casa, donde ya se registra el caso del comité de Puerto Rico que proclamó a Miguel Vargas Maldonado candidato presidencial para el 2012, y Luis Abinader se lanzó abiertamente a la lucha por la nominación, mientras partidarios de Hipólito Mejía sueñan con una brecha que permita su repostulación.

Una carta de cinco conocidos dirigentes perredeístas a la dirección de su partido denuncia que algunos de sus compañeros se muestran  dispuestos a negociar con el gobierno designaciones que les habrían ofrecido como diputados al Parlamento Centroamericano, rechazando que eso pueda realizarse al margen de los organismos partidistas. Ivelisse Prats, Tony Raful, Tonty Rutinel, Fafa Taveras y Wellington Arnaud proponen rescatar las tradiciones ideológicas y los compromisos políticos por encima del grupismo y las ambiciones personales.