POR CARMEN CARVAJAL
Incorporar como clientes a los cientos de miles de dominicanos que consumen energía eléctrica, pero no pagan ni figuran en los archivos de ninguna de las empresas distribuidoras (las edes), constituye el punto aún inédito del «Plan de Acción para la Recuperación del Sector Eléctrico».

El plan, elaborado por el gobierno con la anuencia del Fondo Monetario Internacional(FMI) y el Banco Mundial, es parte importante del proyecto de acuerdo entre el Estado Dominicano y el FMI.

La complicada red de la crisis eléctrica dominicana fue tejida por la falta de visión de los gobiernos que dirigieron el país en las últimas cuatro décadas, ninguno de los cuales se molestó en enfrentar la situación, especialmente el extinto presidente Joaquín Balaguer, quien tras finalizar cada uno de sus mandatos, dejaba la crisis aún peor de cómo la encontró.

Esto, a pesar de ser el único que contó con el tiempo suficiente como para desarrollar una política efectiva, de largo y mediano plazo, para desarrollar el sector.

En esta red se entrecruzan las deudas impagables, los costos bastante elevados, la ineficiencia en las cobranzas, los fraudes y la corrupción.

Los negociadores del FMI que discuten con el Gobierno Dominicano un acuerdo stand by, exigieron la inclusión del tema eléctrico en la carta de intención y un plan viable que ayudara a resolver el problema.

Los pasos que en ese sentido ha adoptado el gobierno, incluyen la declaración de interés nacional de la solución al problema y la designación de comisiones que darán seguimiento cercano al tema.

Francisco Méndez, superintendente de Electricidad, ha reiterado que el plan de acción cuenta con el aval del FMI.

CONSTA DE TRES PUNTOS FUNDAMENTALES:

1.- Garantizar durante el presente año, el despacho a los usuarios de la electricidad, por lo menos el 70% de la demanda.

2.- Adecuar la tarifa y focalizar al máximo posible los subsidios a la electricidad.

3.- Incorporar como clientes de las edes a los miles de dominicanos que consumen y no pagan la electricidad.

«ILUMINAR EL PAÍS»

El superintendente de Electricidad promete que durante este año, el gobierno garantiza que el país estará iluminado, ya que le será servida cuando menos el 70 por ciento de su demanda de energía eléctrica.

Para lograr este punto, el gobierno, siempre con el apoyo del FMI y del Banco Mundial, incluyó en el presupuesto estatal del 2005, un monto de US$350 millones que utilizará para entregar mensualmente recursos a las distribuidoras para ayudar a cerrar el déficit operativo de éstas.

Las partidas no son iguales, sino que dependen de las necesidades, pero se espera que en los últimos meses de este año, se reduzca la necesidad de las distribuidoras.

Es decir, se operará con un déficit en la oferta del 30% de la demanda, y además, con un déficit financiero de las distribuidoras.

Pero la esperanza con el plan es que las empresas mejoren sustancialmente el nivel de cobranzas. Esto no es posible si aumenta de manera sustancial el número de apagones, ya que los apagones desestimulan el pago.

Aunque las autoridades del gobierno han afirmado que los barrios que no pagan recibirán de 10 a 12 horas de energía al día, el superintendente de electricidad dio a entender que esto no podrá cumplirse al pie de la letra.

Esto así, porque, explicó, las distribuidoras no cuentan con los recursos necesarios para segregar los barrios que no pagan de los que pagan.

Y como en muchos sectores donde habitan buenos clientes, están muy próximos a los denominados barrios carenciados, hasta tanto no mejore el nivel de las cobranzas, la situación allí se mantendrá y los apagones seguirán afectando a los que pagan igual que a quienes no pagan.

La esperanza es que si mejora la situación financiera de las edes, aumentarán las horas de suministro.

SIN AUMENTOS

En cuanto a la adecuación de la tarifa y la focalización de los subsidios, Méndez sostiene que ya son metas logradas por el gobierno.

La apreciación del peso dominicano evitó reajustar al alza las tarifas, como estaba estipulado en el acuerdo con el FMI.

El superintendente explicó que los negociadores del gobierno hicieron entender, tanto al FMI como al Banco Mundial, que el aumento previsto para enero no era necesario, y antes, al contrario, se decidió una reducción de 5% en la tarifa.

En cuanto al subsidio, ya se logró focalizarlo en el segmento que consume entre 300 y 700 kilovatios.

LA PARTE DIFÍCIL

Donde «la puerca retuerce el rabo», porque al parecer no resulta tan fácil lograr las metas, es en el tercer punto de la agenda, que es lograr incorporar como clientes a quienes ahora utilizan el servicio sin pagar, mediante conexiones ilegales.

Aunque el robo de energía eléctrica no es privativo de los sectores más pobres, es allí donde resultará más difícil lograr las metas.

Hasta ahora también han surgido problemas a la hora de cobrar a algunos ricos o influyentes que tienen conexiones fraudulentas o se las arreglan para que el contador registre sólo una parte del consumo.

Sin embargo, como existe la voluntad política del gobierno de resolver este problema, parecería más fácil la situación en este segmento del consumo.

Empero, en los denominados «barrios carenciados», la situación es diferente. En muchos de ellos, es casi imposible entrar para poner orden, mucho menos para instalar contadores o las plaquitas que se instalan a quienes se benefician del Plan de Reducción de Apagones.

Con frecuencia, ni siquiera los miembros de la Policía Nacional se atreven a incursionar en el interior de estos barrios.

En los primeros años, tras la capitalización, las empresas distribuidoras emprendieron esta tarea, pero luego la abandonaron y prefirieron presionar al gobierno para que pague, mediante subsidios, el consumo de eso sectores. De esta manera les resultaba menos costoso y menos peligroso.

En esta ocasión, Méndez sostiene que la Superintendencia de Electricidad apoyará a las distribuidoras, aunque «sin descuidar el derecho y los intereses de los consumidores».

Como parte de las medidas de defensa a los consumidores, citó una resolución de octubre en la que se prohibió a las distribuidoras de electricidad, las facturaciones por promedio.

UN AÑO

La esperanza del gobierno es que para enero del 2006, las distribuidoras hayan mejorado las cobranzas de tal manera que sus operaciones sean autosostenibles.

Méndez no ve difícil este objetivo si el gobierno logra mantener la estabilidad macroeconómica, lo que no será difícil si firma, como tiene previsto, con el FMI.

Es necesario, entiende, que las distribuidoras mejoren sus relaciones con los clientes, a los que deben facilitarles las gestiones ante la empresa, incluyendo los pagos y las reclamaciones.

COMPENSAR A LOS QUE NO PAGAN

Los subsidios establecidos mediante el Fondo de Estabilización establecido mediante decreto de Hipólito Mejía, sumaron durante el 2004 un total de RD$3,271 millones.

Ahora este subsidio se está revirtiendo, ya que muchos usuarios están pagando una sobre tarifa para compensar el hecho de que se les mantuvo inalterable cuando los costos se dispararon por la devaluación del peso y el incremento en el precio del petróleo.

Esta situación, explicó Méndez, impide mayores reducciones en la tarifa, ya que el gobierno se vería sin recursos para aportar.

Desde agosto pasado, este gobierno ha pagado US$170 millones a las empresas eléctricas. Sin embargo, tampoco se prevé nuevas alzas.

Y aunque el Programa de Reducción de Apagones (PRA) debió finalizar en tres meses, se extenderá por un año más, mientras se trabaja en un estudio que determinará cómo se readecua los subsidios en esos sectores que, explicó, no reciben apagones de diez horas, sino 14 y 15 horas de energía gratuita cada día.