POR LUIS H. VARGAS
La política anti-inflacionaria, ejecutada por la actual administración gubernamental del Partido de la Liberación Dominicana -PLD-, consiste en restringir la masa monetaria, en base al cepo de las tasas nominales de cambio y al soplo de las tasas reales de interés, en procura de garantizar los beneficios de los capitales financieros internacionales y los negocios oligopólicos radicados en el país.  

En los últimos quince meses, esta gestión de la moneda nacional de presión hacia abajo del tipo cambiario de 37,72 a 32,77 pesos por un dólar y de presión hacia arriba del tipo de interés promedio ponderado real de préstamo de los bancos múltiples de -19,55% a +13,55% ha sido posible gracias tanto al salto mortal, sin malla de seguridad, del monto de los valores en circulación de 90 mil 366 millones de pesos a 147 mil 221 millones, incremento equivalente a 56 mil 855 millones o 62,9%, como al pago mensual promedio de más de 2 mil 400 millones mediante emisiones de nuevos papeles de adeudos públicos, ante la carencia de fondos estatales para redimir tales obligaciones.  De esta manera, la crisis recesiva de las actividades económicas, expresada por el descenso abrupto de la tasa de beneficio en la esfera productiva, durante la pasada administración mejiísta, se ha transformado en crisis especulativa de las actividades financieras, ante el ascenso galopante de la tasa de rendimiento en la esfera bancaria, en la presente administración fernandecista. Así, una crisis de insuficiente valorización real de plétora de capitales acumulados por empresas productivas, en una coyuntura inflacionaria, se ha convertido en crisis de excesiva valorización ficticia de masa de capitales monetarios en instituciones financieras, en una coyuntura deflacionaria.

En adición, hay que apuntar, en estos momentos, que el ciclo internacional de los negocios y los mercados desfavorece el crecimiento de la producción interna y demanda exportable de la economía dominicana porque desata escalonamiento de costes y achicamiento de las ventas de las empresas criollas, toda vez que los países desarrollados tienden hacia etapas recesivas, los precios importados de los combustibles fósiles describen curvas alcistas incontenibles, los tipos de interés foráneos no dejan de trepar cotas lesivas a los productos reales nativos y los bienes mercantiles asiáticos alcanzan niveles tan bajos de precios que resulta difícil, en sentido general, competir con posibilidades de éxito.

En estas circunstancias adversas en el plano nacional e internacional, las autoridades públicas han suscrito, para colmo de males, un acuerdo “Stand by” con el Fondo Monetario Internacional -FMI-, cuyo contenido de condicionalidades recesivas, deflacionistas y fiscales profundiza la crisis doméstica de la economía, la pobreza de la población y la cesación de pago de pasivos de las entidades estatales, al mismo tiempo que viola los derechos consagrados en la Constitución y leyes de la República Dominicana.

De mal en peor

El país ha transitado del colapso en el anterior gobierno de Mejía al caos en el actual gobierno de Fernández. De ahí que en estos instantes, después de un siglo, la historia vuelve a repetirse, aunque parezca increíble: primero como tragedia, por la firma de la Primera Convención domínico americana contraria a la soberanía nacional, el 20 de enero  de 1905, la cual derivó en la farsa de la recuperación de la nación con la intervención militar en 1916, y, segundo, como farsa de la recuperación de la economía por la firma del nuevo Acuerdo Stand-by con el FMI, el 31 de enero de 2005, la cual ha degenerado en tragedia por la pérdida de la soberanía del pueblo frente a los imperios y acreedores americanos y europeos.

Después de la desaparición de la condenable dictadura de Trujillo, el país ha ido viento en popa de mal en peor, especialmente en los últimos quince años, a causa de la decisión inquebrantable de los mandatarios estatales de implementar sin cuestionar las ilegítimas  políticas neoliberales y fondomonetaristas, bajo los mantos de consignas autoritarias   desde “lo que diga Balaguer” hasta “lo que diga el Fondo”.

De 1990 a 1996, la admistración gubernamental de Balaguer, con la asesoría pro-neoliberal de entonces del  organismo internacional Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, no hizo más que empezar a dar cumplimiento a las órdenes impartidas por el Consenso de Washington, referentes a llevar a cabo (contra)reformas neoliberales de apertura comercial, privatización salvaje, liberalización financiera, restricción presupuestaria y desregulación estatal.

En ese período, los voceros más fanáticos del neoliberalismo llegaron hasta el colmo de proponer a su líder defensor del intervencionismo estatal que asumiera dicha estrategia de manera abiertamente golpista por medio de la promulgación de decretos, al margen de la Carta Magna y el Congreso Nacional.

Más adelante, las administraciones sucesivas de Fernández (1996-2000) y Mejía (2000-2004) no escatimaron esfuerzos y recursos en consolidar este proceso de aplicación de políticas y medidas de privatización salvaje de las empresas estatales y liberalización desnacionalizante de los mercados, en contra de la intervención justa del estado, las demandas razonables de las empresas y las sanas aspiraciones de las masas.

En esos años, los fanáticos más locuaces del neoliberalismo echaron a un lado su membresía balaguerista y se inscribieron sucesivamente como peledeístas y perredeístas, en vista a aprovechar la ocupación de puestos de dirección estatal para vender, a precio de vaca muerta, los negocios públicos a firmas multinacionales y comprar, a estratoféricos costes financieros a nombre del estado e interés propio, capitales dinerarios a usureros foráneos.

Y, por último, la nueva gestión de Fernández, desde el 16 de agosto 2004, no ha dudado un segundo en ratificar su sumisión a los dictámenes antiestado-nacionales y antipopulares de grandes capitales transnacionales, organismos bilaterales e institutos multinacionales y, también, promover el coro neoliberal de cantos de alabanzas a la (falsa) expansión de las actividades económicas productivas, la (errada) determinación meta-inflación, la (inexistente) estabilidad macroeconómica, las (mendaces) recuperaciones de las bancas central y comercial y las (ausentes) luchas contra la pauperización popular y la destrucción ambiental.