Entre 1961 y el corriente año 2003, las sucesivas administraciones de gobierno post trujillistas, instaladas por golpes de Estado o elegidas por voto mayoritario o fraude electoral, no han sido más que monarquías presidenciales, es decir una forma de Estado dictatorial, sustentada en la corrupción, a los fines de que grandes empresas y élites políticas acumulen cuantiosos capitales y apropien valiosos patrimonios estatales, a expensas de la sobreexplotación de la fuerza laboral, la redistribución regresiva de la renta nativa y, muchas veces, el traspaso doloso de los activos del sector público al sector privado.

En este lapso de 42 años, ningún gobierno se salva, en mayor o menor medida, de la responsabilidad en institucionalizar la concentración de capitales en una fracción minoritaria de la clase empresarial, la apropiación del patrimonio estatal por la capa superior del funcionariado, la extranjerización de la legislación y la defensa arbitral, la pauperización de las clases trabajadoras, y la destrucción de los ecosistemas.

La brecha entre, por un lado, el discurso de la democracia y la justicia y, por el otro, la realidad de la dictadura y la injusticia no ha dejado de crecer en el transcurso de los años, tal y como se puede comprobar mediante la comparación entre las metáforas de campaña empleadas por los mandatarios y las frustraciones de mejoría de vida y participación democrática de las masas populares. Por ejemplo, Juan Bosch con su «borrón y cuenta nueva», convertida en «borrón sin cuenta» para criminales y delincuentes trujillistas y no trujillistas; Joaquín Balaguer con su «revolución sin sangre», equivalente a «robolución» para ciertos ricos y «sangre» para muchos pobres; Jorge Blanco con su «mano limpia», traducida en «limpiar el erario a dos manos»; Leonel Fernández con su «pagar para no matar», reconvertida en «matar y no pagar»; y, últimamente, Hipólito Mejía, con su autoproclama de «hombre de palabra» con respuesta pública de «hombre sin palabra» por el incumplimiento constante de la palabra comprometida en ejecutar el programa de gobierno del PRD, incluyendo los puntos de la no reelección gubernamental, lucha contra la corrupción y la pobreza, e implementación de políticas alternativas a las recetas neoliberales.

En verdad, el colapso del país que sufre la sociedad dominicana no hace más que expresar la fractura de las alianzas entre las capas oligárquicas nacionales y las oligopólicas transnacionales y, por consiguiente, la lucha de fracciones burguesas y partidarias por hegemonizar representaciones y controlar el poder politico, a raíz del agotamiento tanto de las políticas neoliberales en asegurar una acumulación rentable de las inversiones como de las políticas clientelistas de garantizar sumisión de los gobernados a las autoridades estatales.

En tal sentido, el trazamiento y aplicación de la estrategia de la facción partidista perredeísta Proyecto Político de Hipólito PPH de mantener el pacto entre los principales grupos oligárquicos y poderosos negocios multinacionales, liderados por Balaguer PRSC, con base al apoyo de capas empresariales nativas y, sobre todo, masas populares urbanas, capitaneadas por el PRD, como garantía de solidificación y continuidad de posesión del poder estatal, ha resultado un rotundo fracaso, al punto de que el presidente Mejía se encuentra en estos instantes acorralado social y políticamente entre la espada de la crisis económica y el precipicio de la descomposición estatal..

En el primer caso, la crisis de la economía, porque el régimen de producción y capitalización de ganancias atraviesa por una fase de sobreinversión de capitales incapaz de generar un suficiente excedente para repartirlo, en gran parte, entre los empresarios y, en menor parte, entre los trabajadores, Se calcula que en este año y el año venidero, el crecimiento del producto bruto interior PBI va a registrar tasas negativas de casi 3,5% y 1,0%, con cargos de paga de intereses, amortización de capitales, financiación de deficit de instituciones y empresas estatales y transferencias corrientes y de capital por un monto similar al del presupuesto nacional.

Y, en el segundo caso, la descomposición del Estado, porque las instituciones políticas públicas pierden la escasa legitimidad disponible en la medida que socavan la simbología de la «igualdad ciudadana» por medio de acciones de salvataje de voluminosos beneficios de grandes empresarios: rescates bancarios y subsidios fiscales y, además, decisiones de salvaguarda de patrimonios adquiridos de manera corrupta, gracias a la impunidad, al mismo tiempo que hunden sin compasión en el hoyo de la miseria a la gran mayoría de las familias y comunidades dominicanas, en violación flagrante de las leyes. Se evalúa que el costo fiscal de la quiebra bancaria hasta este instante ronda el 16,5% del PBI, un poquito menos que el 18,0% registrado en Argentina hace poco tiempo, mientras que la remuneración salarial minima legal del empleado estatal roza 12,0% del costo de la canasta familiar de consumo de mercancías de subsistencia.

La causa de la quiebra bancaria hay que buscarla en la misma lógica de acumulación alocada de capitales y la adopción de políticas consecuentes de desintervención estatal en la moneda crédito. Las propias autoridades monetarias nacionales valúan el endeudamiento en moneda dólar en 10 mil 692 millones de dólares, repartidos en 3 mil millones del sector privado y 7 mil 692 millones dell sector público. Estamos hablando de una deuda astronómica de 481 mil 140 millones de pesos que equivale a cerca del 84,0% del PBI estimado el año entrante, es decir, 24,0% para el primer sector y 60,0% para el segundo.

En una primera etapa, la ola expansiva del capital a préstamo se afincó en el bajo coste financiero declarado en los mercados foráneos y en el relativamente estable tipo cambiario registrado en los mercados criollos, sin que acreedores y deudores prestaran atención alguna al arropamiento en dólares del sistema nacional de pagos en pesos y, peor aún, de la inexistencia en el país de un Banco Central con facultad de cumplir con la function de prestamista seguro en última instancia, aunque cuente con la prerrogativa de controlar la oferta monetaria por medio del instrumento de las operaciones de mercado abierto, con el propósito de contener presiones alcistas del índice de precios.

En una segunda etapa, la escalada vertical de los vencimientos de repaga de las obligaciones financieras en dólares por parte de los empresarios y el Estado se cubrió con el reendeudamiento estatal al galope hasta arribar al cierre de Baninter y la quiebra de Bancrédito y Mercantil, en tanto el Banco Central realizaba operaciones de descuento y emisiones de títulos con cargo al fisco nacional, después de haber obtenido un miserable préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo BID para lograr la aprobación congresional de una nueva ley monetaria y financiera que responsabiliza exclusivamente al gobierno central del financiamiento del deficit de tales operaciones de la banca central.

En pocas palabras, esta ley responsabiliza las autoridades gubernamentales de la irresponsabilidad de la Junta Monetaria en las operaciones de mercado abierto, a la vez que fija techos de crédito del Banco Central al gobierno central, sin fijación de piso en caso de crédito neto (préstamos menos depósitos del gobierno central en el Banco Central) negativo.

Además, en esta segunda etapa, ha aumentado como bola de nieve el monto de las transferencias netas al exterior, a causa principalmente de la salida neta de capitales del sector privado, concretamente en forma de fuga de capitales. De este modo, el influjo de dólares por concepto de ascendente endeudamiento exterior, por parte del Estado, tiene como contrapartida el reflujo con creces de capitales, propiedad del sector privado, hacia plazas financieras exttranjeras, cuya diferencial se fondea parcialmente con rebaja de las reservas netas foráneas, tanto más la tasa de cambio trepa por las nubes y la tasa de interés pasiva real se arrastra por el suelo. Se vislumbra que en este año la corrida de capitales alcance mil 680 millones de dólares, igual a dos veces el valor de la inversion directa extranjera, lo cual ratifica que la economía doméstica adolece de plétora de capitales, no astrigencia como plantean los neoliberales, que busca rentabilizarse en el extranjero ante el desplome de los rendimientos corporativos en el país y peligro de que los depósitos sean hiperlicuados vía las dinámicas incontenibles de la inflación y la devaluación.

Y, en una tercera etapa, las negociaciones, ruptura y renegociaciones del acuerdo Stand by entre la presidencia de la República y el FMI apuntan inevitablemente al reconocimiento oficial del default. En las primeras negociaciones, el gobierno logró firmar un convenio con el FMI por un por un período de 24 meses y un montante de préstamos de mil 200 millones de dólares: 616 por el FMI y el resto por otros organismos internacionales de financiación. De esta cifra, solamente se llegó a desembolsar 126,7 millones de dólares por parte del FMI y una primera cuota de un préstamo de 100 millones del BID, ya que antes de la fecha programada del 15 de noviembre pasado para la entrega de las siguientes cuotas: 61,8 millones del FMI y el completivo del compromisso del BID, la primera institución decidió unilateralmente suspender el convenio, bajo la excusa de que el Estado dominicano violó los topes establecidos de contratación de pasivos internacionales, a partir de momento que reestatalizó las empresas distribuidoras de electricidad EDE , Edenorte y Edesur, en forma de compra de activos y asunción de adeudos.de Unión Fenosa.

Dejando de lado esta explicación tonta de la ruptura del acuerdo Stand by, que pone en entredicho la labor de conocimiento de la economía dominicana y la capacidad de regateo de los expertos del FMI, la verdad incuestionable es que la caída del Estado en cesación técnica de pago de deuda contrato de más créditos para repago de adeudos vencidos conduce irremediablemente a emprender una fuga en avance de requeteendeudamiento, cuyo desenlace final es el anuncio de default o la cesación oficial de paga del servicio de deuda. En tal sentido, el salvavidas de los primeros desembolsos lanzados por el FMI y BID a las finanzas públicas logró evitar que el gobierno cayera en default en septiembre, dado que en este mes se juntaban los compromisos de liquidación de servicios vencidos y por vencer y las erogaciones de divisas a inversionistas e importadores, aunque más tarde al FMI no le quedara más remedio que dar marcha con la orden de pare all flujo de fondos crediticios con la intención de forzar un nuevo superajuste de las variables macroeconómicas, como última tabla de salvación de los inereses del gran capital financiero.

Otra prueba de que el Estado está a punto de declarar default es su indisponibilidad de fondos para taponear financieramente la fabricación y distribución de energía eléctrica, tal y como se comprueba por la coordinación de esfuerzos entre el Banco Mundial BM y el BID en torno la concesión de un préstamo por más de US$200 millones, a fin de que el primero se ponga al día en el pago de pasivos atrasados con las compañías energéticas, después que la banca comercial local se declarara en incapacidad de otorgación de créditos en dólares. Este adeudo ayudaría sin lugar dedas a mitigar los desbalances de flujo de caja de lass empresas energéticas, pero no reolvería los problemas de iliquidez e insovencia del Estado.

La opinión pública desconoce que tanto el el gobierno como el FMI sabían que las EDE de Unión Fenosa habían arribado al punto de cierre, no de quiebra como alegan algunos comentaristas y economistas, y, en consecuencia, no había otra salida que la intervención estatal de la administración de Edenorte y Edesur, en procura de asegurar el suministro del servicio electrico y el proceso de valorización de los capitales de las empresas generadoras de electricidad EGE . La diferencia estriba entonces en que la modalidad de reestatización de dichas compañías cavaba más profundamente el hoy del déficit del sector público, sin garantía alguna de que el gobierno de Mejía cumpliera con el punto de la agenda de intervención nacional del FMI: el pago retrasado y calendarizado de intereses y principales a los prestamistas internacionales, en base a la generación de un superavit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y un superavit primario en las cuentas fiscales del gobierno central.