LUIS ACOSTA MORETA
La entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (RD-CAFTA), en donde solo por concepto de aranceles el gobierno dejaría de percibir unos 32 mil millones de pesos, y la fuerte presión de pago de los servicios de la deuda externa, festinada, la misma por las pasadas autoridades, más las demandas sociales, a las que el gobierno está en el deber de responder, obligan al poder ejecutivo a preparar un proyecto de reforma fiscal para poder cumplir con sus obligaciones ante la nación.

Sin embargo, sectores y personas de influencias en el área económica del gobierno pasado, que contribuyeron e incluso empujaron al país al borde del precipicio, hoy se quieren presentar ante el pueblo dominicano como unos abanderados y protectores de los más necesitados, cuestionando dicha reforma.

El gobierno está obligado a buscar recursos económicos para poder responder a esos compromisos de pagos que otros hicieron sin importarle el futuro del país. Y esos recursos hay que buscarlos aquí en el país.

Obviamente el gobierno debe dar garantía al país de que esos recursos se manejen con la debida rigurosidad y transparencia que demanda el pueblo dominicano.

En los momentos difíciles, las naciones esperan respuestas firmes y responsables de aquellos sectores que más pueden. Debemos asumir con responsabilidad todo lo que implique la reforma fiscal, siempre pensando en afectar lo menos posible a los más necesitados. Sin embargo, los que quieren presentarse ahora ante el país como los genuinos defensores de los más pobres, fueron quienes desde el poder crearon de la crisis económica que hoy vive el pueblo dominicano.

Todo parece indicar que esta reforma fiscal tendrá que librar duras batallas políticas para lograr su aprobación en el Congreso Nacional, bajo la mirada atenta de todo un país. Lo que preocupa es que quienes ayer estaban en el gobierno y desde allí crearon todas estas grandes dificultades económicas, hoy quieran aprovechar dicho escenario para hacer politiquería barata, siempre tratando de confundir al pueblo humilde y sencillo. Y todo porque al doblar de la esquina, se avecinan unas elecciones Congresuales y Municipales.

Otro aspecto que preocupa es las disidencias entre los empresarios. Las declaraciones de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores) y de la Junta Agro Empresarial Dominicana (JAD), así como de otros grupos empresariales que han presentado sus propuestas independientes nos indican claramente que ellos no se han podido poner de acuerdo. Esa actitud no favorece en nada la aprobación por consenso de dicha reforma fiscal. Parece que la culpa es muy pesada y quienes debieran asumir la mayor carga, están escudándose en argumentos de corte social para no asumir su responsabilidad.

Es difícil para un gobierno, consciente de su responsabilidad social, tener que tomar medidas que a priori sabe que de alguna manera afectan directamente a la clase media y la clase pobre. Es como el cirujano que se ve obligado a tomar el bisturí para intervenir quirúrgicamente a su propio hijo, porque padece de una enfermedad que amerita dicha intervención.

Nos consta el ingente esfuerzo que realiza el presidente de la república, no solo para estabilizar la macroeconomía, objetivo que ha logrado, sino para lograr que los beneficios de esa estabilidad macroeconómica lleguen a los más necesitados.