Hoy 
Abrumado por más de 700 propuestas de las que casi 500 fueron consensuadas en las primeras dos jornadas de las mesas sectoriales, el gobierno ha decidido convertir en consultiva la denominada Cumbre por la Unidad Nacional para Enfrentar la Crisis Económica Mundial.
Temiendo un boomerang, los funcionarios gubernamentales decidieron escoger las demandas de corto plazo que el gobierno pudiera cumplir este año, sin comprometerse con decenas de propuestas orientadas a reducciones y exenciones impositivas y a prioridades de inversión imposibles de atender en el marco de la crisis económica.
Las mesas sectoriales concluyeron su trabajo a elviernes y en una sesión plenaria prevista para celebrarse el jueves 19 en Santiago cada una presentaría sus consensos, pero sin carácter resolutivo, dejando en manos del Presidente el anuncio de las que consideren viables.
Reclamos abrumadores
El número de propuestas y la rapidez con que una gran parte fue consensuada en las dos primeras jornadas de la Cumbre causaron no solo sorpresa sino también temores de que el evento se convirtiera en un maratón de acuerdos imposible de atender a corto plazo.
En consecuencia, los responsables gubernamentales del intento de concertación decidieron maniobrar para evitar que las desproporcionadas expectativas puedan devenir en un boomerang en poco tiempo.
Durante dos semanas los funcionarios sectoriales procedieron a analizar las propuestas para determinar cuáles serían factibles de un compromiso gubernamental. En principio se trató de presentarlas al Presidente Leonel Fernández en una reunión el jueves 5, lo que resultó imposible dada la avalancha de consensos que implican reducción de impuestos y elevación de gastos. En esa ocasión el coordinador de la Cumbre y secretario de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, dijo que no habían podido concluir porque sus análisis habían sido agotadores y muy duros.
El retraso determinó la suspensión de la sesión del sábado 7 y la extensión de los trabajos hasta el viernes 13 aunque por lo menos las mesa de Electricidad ha dado por concluido su trabajo.
Confusa metodología
Desde la convocatoria de la Cumbre a principios del mes pasado ha habido confusión sobre la metodología a seguir y todavía esta semana hasta los coordinadores de las mesas ignoraban si lo que habían consensuado eran acuerdos definitivos o si tendrían que seguir el cause normal de aprobación por la plenaria de los participantes.
El miércoles una declaración de la Comisión Organizadora dio cuenta que equipos técnicos gubernamentales han estado evaluando un voluminoso legajo de propuestas consensuadas de manera preliminar en la segunda jornada de trabajo de la Cumbre, con el propósito de identificar aquellas en las que el gobierno puede asumir compromisos de ejecución en el corto plazo. Y agregó que han estado haciendo cálculos presupuestarios y estudios de impacto fiscal, especialmente en los casos en que se refieren a medidas tributarias, creación de incentivos e inversión de recursos.
Según la declaración oficial se esperaba que el pasado viernes concluyera la clasificación de las propuestas que serán puestas en manos del Presidente Leonel Fernández para su anuncio al país el próximo 27 de febrero. No se mencionó la sesión plenaria a efectuarse la próxima semana en Santiago, confirmada por uno de los organizadores.
Parece obvio que el gobierno evade que cientos de participantes puedan dar por aprobadas propuestas de difícil ejecución dentro de sus actuales limitaciones financieras y que puedan generar frustraciones en el corto plazo. Los organizadores parecen decididos a evitar la experiencia del Diálogo Nacional de 1997-98 que concluyó con una plenaria de tres días donde se aprobaron mil setenta y cinco resoluciones.
Aunque se suponía que en la primera etapa sólo se conocerían medidas de corto plazo destinadas a enfrentar la crisis económica, se han discutido y consensuado de mediano y largo plazo, incluyendo complicadas legislaciones y hasta reformas constitucionales, tanto que muchos participantes no saben cuál será la temática de la segunda etapa de la Cumbre, en principio anunciada para tener efecto entre marzo y mayo.
Casi 500 consensos
Lo primero que resultó abrumador fue las más de 700 propuestas presentadas por más de un millar de participantes en la Cumbre, muchas de las cuales tienen varios aspectos, como una de la Junta Agroempresarial Dominicana que plantea exenciones impositivas a cinco leyes.
En las 7 mesas en que se dividieron los trabajos se consensuaron al menos 495 propuestas de corto plazo. De ellas 107 correspondieron a la Mesa de Desarrollo Territorial, Gestión Municipal y Medio Ambiente, que tuvo que constituir tres submesas, en las que sólo rechazaron 5 propuestas.
En la Mesa de Economía y Competitividad se presentaron más de 400 mociones de corto, mediano y largo plazo. También tuvieron que dividirla en tres submesas, una de Macroeconomía, y las otras de Competitividad y Agropecuaria. Lograron consenso en 97 de corto plazo y tuvieron disenso en 37.
La de Consolidación Institucional se dividió en cinco submesas, que lograron consenso en 96 propuestas y disenso en 13. En la de Seguridad Ciudadana hubo consenso en 67 mociones y sólo 1 aparece rechazada y 19 sin decisión. La de Migración y Frontera tuvo 49 consensos y sólo 1 disenso total y tres parciales. En la de Política Social y Empleo hubo 53 consensos y 42 disensos. Y la de Electricidad, Hidrocarburos y Energías Renovables requirió tres jornadas para aprobar 26 propuestas, muchas de mediano y largo plazo, pero tuvo la virtud de establecer calendario para varias de ellas.
Llama la atención la amplia diferencia entre los consensos y disensos en casi todas las mesas, resaltando que sólo en la de Política Social y Empleo los dos números se aproximaron: 53 a 42, indicativo de las amplias demandas de los sectores sociales.
Los contenidos
Al analizar los contenidos de las propuestas aprobadas se advierte que muchas de ellas están llamadas a reducir impuestos para incentivar el empleo, la producción, y las exportaciones y elevar la exención salarial del impuesto sobre la renta. Mientras otras rechazan aumentos impositivos, lo que se traduciría en reducción de los ingresos fiscales que ya en enero quedaron en más de un 6 por ciento por debajo de lo presupuestado.
Para más complicaciones numerosas mociones consensuadas implican reformulaciones presupuestarias y mayores erogaciones de fondos difíciles de acopiar. Como las que plantean llevar la asignación de este año para el sector educativo del 2.2 al 2.8 por ciento del PIB y elevar también los presupuestos para salud pública y cumplir con la ley que consigna el 10 por ciento de los ingresos a los ayuntamientos.
Además se aprobó la creación de un fondo de garantía a la producción agropecuaria que iniciaría con un mínimo de 10 mil millones de pesos, con incremento anual del 50 por ciento. Así mismo una política crediticia de apoyo al mismo sector pero reclamando 20 mil millones de pesos. También aumentar el apoyo a la producción lechera con 50 millones de pesos mensuales, y a las pequeñas y medianas empresas con 150 millones de pesos.
Un programa de austeridad y el reajuste fiscal, incluyendo reducción de la nómina estatal, asoma en consensos de varias mesas, al igual que obras específicas como el merca-Santo Domingo, carreteras, puertos, presas, canales de riego y otras infraestructuras. Hay una gran cantidad de propuestas consensuadas que implican incremento de gastos, como la creación de la Secretaría de la Familia y la del Instituto de la Mujer para diseñar políticas de Estado, así como una Secretaría de Energía y Minas.
Obligado a conceder
Después del éxito inicial de la Cumbre, el gobierno tendrá que hacer algunas concesiones significativas a quienes participaron en un esfuerzo llamado a enfrentar las urgencias que impone la crisis económica, especialmente cuando al mismo tiempo busca legitimar una nueva Constitución que se ha negado a someter al consenso.
Como casi se triplicó el presupuesto nacional en 4 años, pasando de 120 mil a 331 mil millones de pesos, gracias a 4 reformas tributarias, la crisis encontró el país cansado de impuestos, hasta el punto que ningún funcionario se atreve a insinuar un incremento. Eso, junto al déficit fiscal del año pasado y la crisis del financiamiento internacional dejan escaso margen para atender siquiera al mínimo los reclamos que implican financiamiento.
Con todo algo tendrá que conceder el gobierno, después de haber auspiciado el vuelo de tantas expectativas. Siquiera elevando las asignaciones de Educación, Salud y municipios y estableciendo un calendario para atender los reclamos de que se cumplan leyes vitales como la de compra y contrataciones públicas. Lo mismo tendrá que aceptar un reajuste de sus gastos con un real programa de austeridad. Siquiera simbólicamente debería suprimir nominillas y organismos inoperantes como la Corporación de Empresas Estatales, la Comisión para Reforma de la Empresa Pública y hasta la Liga Municipal Dominicana.
Por igual si quiere mantener el aliento que le dio la Cumbre, tendría que sacrificar un par de centenares de subsecretarios y de vicecónsules, establecer topes a los ingresos (no sólo por salario) de los altos funcionarios del Estado y congelar la nómina pública.
Es obvio que todo eso tiene un costo político para un Presidente que se reeligió con el apoyo de 12 partidos y 615 grupos que en su gran mayoría persiguen alguna porción del pastel estatal. Pero el gobierno llamó a enfrentar una crisis económica que cada día afectará más el turismo, las remesas, las exportaciones y las inversiones, incrementando el desempleo nacional y la pobreza.
