La necesidad de una concertación social de la más amplia base no admitiría discusión en una coyuntura económica tan difícil como la actual. En este contexto, el Presidente Leonel Fernández ha hecho lo que la razón aconseja al convocar a las “fuerzas vivas” de la nación a dialogar para diseñar una estrategia que permita capear la tempestad. Sin embargo, el insoslayable requisito de que haya transparencia y respeto absolutos por el consenso que se logre  en ese diálogo, obliga a traer a colación la conducta  oficial en diálogos  anteriores y que le llevaron a desechar o incumplir aspectos  concertados con organizaciones de la sociedad.

En diálogos anteriores se llegó a consenso sobre inversión en educación, regulación de los partidos políticos, medidas para lograr  estabilidad y el desarrollo económico y otros asuntos no menos importantes. Una queja de los grupos que participaron en esos diálogos ha sido que el  Gobierno no cumplió lo acordado en esa materia. Esos incumplimientos sirven ahora de argumento para las condiciones que anteponen algunos grupos para acudir al diálogo a que ha invitado el Presidente. Este comportamiento de épocas anteriores debería conducir a un compromiso previo de parte del Gobierno, en el sentido de que el consenso que se logre en el próximo diálogo será respetado. De otro modo no se podría hablar de concertación.

Reformas a la Constitución

Las reformas constitucionales han puesto a la vista la irreverencia de  nuestros gobiernos ante los compromisos que asumen con la sociedad. El proyecto de reforma sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso es la más reciente muestra de esta conducta, pues en el mismo no se tomaron en cuenta las propuestas de los sectores de la sociedad consultados por una comisión especial creada exclusivamente con esos fines. Además, se estigmatizó el recurso de la Asamblea Constituyente para privilegiar la Asamblea Revisora.

El Gobierno que encabezó el PRD en el período 2000-2004 dio también su muestra de irrespeto a los pactos sociales. Cuando se reformó la Constitución, se hizo todo lo contrario a lo concertado previamente con las “fuerzas vivas”. El consenso fue prohibir taxativamente la reelección presidencial, pero en la modificación se la estableció de manera expresa. ¿Será que también la concertación es un simple pedazo de papel?