Luis Scheker Ortiz 
El hecho insólito, sin precedente histórico, ocurrido el pasado domingo 15 de febrero cuando la Junta Central Electoral (JCE) apenas a las 11 de la mañana, decidió suspender en todo el territorio nacional las elecciones municipales alegando deficiencia del sistema de voto automatizado, ha causado una grave perturbación, indignación y revuelo en la población y los partidos de oposición aumentando la poca confianza que inspira desde su designación la JCE, lo que quedó evidenciado con su pobrísima actuación en las primarias internas de los partidos PRM y particularmente PLD para elegir al futuro candidato presidencial de dicho partido donde se cometieron toda clase de excesos y delitos electorales, denunciados a ojos vista, sin que se adoptara ninguna medida preventiva o correctiva de parte de la Junta y supuestos observadores civiles y militares, a lo que se agrega su incapacidad para frenar el uso desmesurado de los recursos del Estado y la participación activa del presidente de la República y funcionarios públicos que amenazan con acciones represivas a todo aquel que no vote por el privilegiado candidato del Presidente Medina.
A pesar de su afanoso esfuerzo por ganarse el respeto y la confianza del electorado y los partidos de oposición, lo cierto es que la Junta Central Electoral, como institución, ha colapsado. No lo ha logrado convencer a la masa votante, analistas y organismos independientes de su decantada idoneidad, objetividad y eficiencia necesarias para unas elecciones libre y democrática y un cambio de gobierno que la Junta no garantiza porque su permanencia como organismo rector la hace responsable porque todo lo sucedido y de lo que pudiera acontecer en esta y las venideras elecciones de mayo contrario a la voluntad popular la descalifica.
El Capítulo II, referente a los Órganos Electorales, en su Art. 211 dispone lo siguiente: “Las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las juntas electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones.”
El Art. 212, que define cuál es la finalidad principal de dicho organismo, señala: “Organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de las elecciones y los mecanismos de participación popular establecidos en esta constitución y las leyes. Tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia.”
De modo que para evitar futuras contingencias que puedan malograr y poner en riesgo la estabilidad, la paz y la armonía que debe reinar en nuestro entorno para el progreso y bienestar de la nación, la única solución procedente y se impone si se quiere preservar los valores de paz y armonía entre los partidos políticos y la confianza del elector, lo único que importa, es su renuncia o destitución siendo la Junta Central Electoral el principal y único organismo responsable del mal manejo y los pésimos resultados obtenidos durante su gestión no obstante disponer de recursos financieros, personal técnico especializado y equipos modernos para garantizare infundir lo ya perdido; la credibilidad y la confianza del electorado porque lo que mal comienza mal termina.
