La inversión pública real del Gobierno Central en los cinco años transcurridos entre el 2005 y el 2009 asciende a RD$ 176,008.1 millones.

Si a esta cantidad le sumamos las transferencias de capital por un total de RD$109,942.7 millones, encontramos que en el quinquenio indicado la inversión de capital ha sido de RD$ 285,950.8 millones.

 El 87% de estos recursos se ha destinado a construcción de obras y proyectos de infraestructura en sentido general.

Los detalles sobre los gastos destinados a la creación o adquisición de bienes de capital fijo o inmateriales que realizan las entidades públicas, normalmente no son del dominio público y la sociedad debe conformarse con lo que los organismos estatales dicen sobre la inversión real presupuestaria.

Durante décadas se han estado haciendo observaciones, denuncias y críticas  sobre los procedimientos defectuosos seguidos por las entidades públicas en la planificación, selección de proyectos, contratación, presupuestación y ejecución de las inversiones del Gobierno. 

Una de las últimas reflexiones sobre este delicado y costoso tema de la gestión de los fondos públicos está contenida en un artículo periodístico publicado por el ingeniero Hamlet Hermann, bajo el título de: “Sicarios de las obras publicas”, en el que se refiere a la costumbre generalizada de los gobiernos de improvisar grandes obras, en las que se invierten cantidades colosales de fondos tomados a crédito y que terminan sin resolver los problemas que le dieron origen y justificación.

En reiteradas ocasiones hemos escuchado las críticas del también ingeniero Roque Napoleón Muñoz (Polón) al sistema de contratación grado a grado de obras y su afirmación de que producto de este sistema el Estado y los contribuyentes tienen que cargar con un sobreprecio en sus construcciones equivalente a un 30% de su precio nominal. 

Si aceptamos como ciertas las estimaciones de sobreprecios en las obras públicas del ingeniero Polón Muñoz, las pérdidas sufridas por el Estado por este concepto en los últimos 5 años podrían ascender a casi RD$75,000 millones, esto sin tomar en cuenta la enorme cantidad de construcciones y obras públicas que no se concluyen y después de décadas se pierden en el olvido.  En el 2005 el movimiento cívico Participación Ciudadana presentó un inventario de 1,132 obras públicas sin concluir en el país, muchas de las cuales datan de 1966. El monto de las cifras que esto representa es realmente incalculable.  En su momento el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores ha cuestionado también la forma de contratación de las obras públicas y el incumplimiento de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones de obras del Estado.

En diciembre de 2008 el propio secretario de  Turismo, en ese momento Félix Jiménez, denunció la sobrevaluación del presupuesto de inversión en más de un 50%, en el proyecto de la Autopista del Coral.                

Comportamiento  inversión pública 2005-2009.  Como se señaló al principio, durante los 5 años referidos alrededor del 14.2% del gasto público sin aplicaciones financieras se destinó a inversión real directa. El comportamiento anual muestra que en  2005 se invirtieron RD$20,782.0 millones, en el 2006 fueron 23,319.9 millones, en el 2007 se elevó a 38,094.1 millones, en  2008 alcanzó su nivel más alto con  55,101.1 millones y en el  2009 se redujo a 38,711.0 millones.

Se destaca el hecho de que a partir del 2007 se ha incrementado la denominada inversión por cuenta propia,  modalidad consistente en que las instituciones del Estado desarrollan proyectos de infraestructura de manera directa y no mediante la contratación de terceros, como se acostumbraba.

Esta forma de llevar a cabo los proyectos de infraestructura es privilegiada por la Presidencia a través de la Oficina “Supervisora” de Obras del Estado y el Ministerio de Obras Públicas. Por esta vía se han ejecutado RD$105,105.6 millones, de los que solo en el período 2007-2009 se  usaron RD$99,761 millones.

Concentración geográfica de la  inversión pública.  Posiblemente una de las consecuencias del anárquico sistema de planificación, priorización, selección y presupuestación de la inversión pública es el de la concentración geográfica de las inversiones en proyectos de construcciones e infraestructuras.

En efecto, tradicionalmente el grueso de los recursos presupuestarios invertidos se destina a la Capital y las grandes ciudades, creándose una gran brecha fiscal horizontal frente a la incapacidad de los municipios pequeños y las regiones deprimidas para mejorar sus condiciones de infraestructuras.

En términos generales  las inversiones del Gobierno Central se concentran en el Distrito Nacional 39%, Región del Valle 8%, Región Norcentral 7% y Región Valdesia 6%.

Las inversiones consideradas nacionales representan el 24% del total y al resto de las regiones se destina el 16% de la inversión.

Desde el punto de vista provincial, las inversiones del Gobierno se distribuyen igualmente de manera concentrada en el Distrito Nacional, con un 36% y nacional 24%. Santiago, San Cristóbal y Santo Domingo 4% cada una, San Juan 3%, La Vega y Monseñor Nouel 2% y Barahona, Espaillat, La Altagracia, Puerto Plata, Duarte y Elías Piña  1%.

Para el 2010, el Presupuesto contempla un monto de inversión de 60,992.3 millones y transferencias de capital por 24,334.2 millones para un gran total de gastos de capital de RD$85,326.6 millones, la mayoría de los cuales serán financiados con préstamos.

La Cámara de Cuentas debía ponerle más atención a la inversión pública.