La sobreabundancia de publicidad electoral que se revela con una desigualdad que preocupa a sectores importantes – incluyendo a la Iglesia Católica- se constituye en una ventaja para quienes disponen de más dinero para gastar. Se trata de una falta de equidad que suplanta la discusión sin ruido y con sobriedad y peso de argumentos que debe edificar a los votantes y conducirlos a toma inteligente de decisión para sufragar sin tanta influencia de la astucia puramente publicitaria, las consignas demagógicas y las insólitas promesas de soluciones mágicas a los problemas nacionales. El actual proceso electoral no está protegido contra los riesgos del poder abrumador de los recursos – incluyendo los que provienen del Estado – por razones de todos conocidas. La supremacía que sobre la cosa pública ejercen los partidos grandes cierra el paso constantemente a los esfuerzos por eliminar ciertas permisividades ingratas del sistema.
Otras condiciones reducen las posibilidades de que el ciudadano exprese mayoritariamente votos de conciencia; liberado de individualismos e inmediatismos; pues este es un país de alta exclusión social y baja instrucción escolar que suele convertir a muchas voluntades en juguetes de quienes se lanzan a conquistar votos a base de dádivas, o que deslumbran a los débiles de criterio, manipulándoles con el efectismo de la creatividad publicitaria y la persistencia abrumadora de sus promociones.
Al servicio de una buena causa
En el Archivo General de la Nación confluyen desde hace algunos años dos voluntades que han mostrado disposición y capacidad para conducir a la entidad hacia su recuperación total y para el acrecentamiento de su trascendental acervo. Se ha llevado a cabo allí un proceso de rehabilitación de una buena parte de los documentos acumulados durante años y prácticamente vencidos por el tiempo o al borde la desaparición. La transformación incluye darle al país la seguridad de que miles y miles de testimonios materiales del pasado quedarán perfectamente resguardados para la posteridad. Encomiable labor.
Tan digno objetivo no se hubiera logrado sin la voluntad del Presidente Leonel Fernández, que no ha escatimado recursos. Y sin la voluntad del director del Archivo, el historiador Roberto Cassá, empeñado sin descanso en convertir en santuario a uno de los mayores registros históricos de la dominicanidad.