La defensa de Jean Rodríguez busca libertad

La defensa de Jean Rodríguez busca libertad

Coerción. Apelan la prisión preventiva

Abogados del ex procurador general de la República alegan que los hechos imputados en su contra son de carácter administrativo

Casi un mes después de que se le dictara prisión preventiva por su presunta implicación en actos de corrupción, el ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez trata de obtener su libertad a través de un recurso de apelación que sus abogados interpusieron ayer contra el fallo del tribunal de primera instancia que le impuso esa medida de coerción por un período de 18 meses.

Al someter el recurso, los abogados Gustavo Biaggi Pumarol, Carlos Balcácer y José Martínez Hoepelman consideraron que, además de “extrema” e “injusta”, la medida de coerción impuesta al exprocurador fue “poco sopesada”, ya que el expediente instrumentado por el Ministerio Público “carece de elementos probatorios que puedan sustentar y demostrar los ilícitos que se le imputan”.

La defensa del exfuncionario, sometido en el denominado caso Medusa junto a otras siete personas por la supuesta malversación de RD$6,000 millones de la Procuraduría General de la República (PGR), pidió al tribunal de alzada el “reexamen y modificación” de la resolución que le impuso prisión preventiva a ser cumplida en la cárcel de Najayo, en San Cristóbal, la cual fue emitida el pasado 13 de julio por la jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

En tal sentido, los togados solicitaron que se ordene la libertad pura y simple de su defendido o, en su defecto, que se le aplique una medida cautelar menos gravosa.

En el ámbito administrativo

Los defensores alegan que la resolución recurrida viola el principio de proporcionalidad, puesto que “se sustenta en unos motivos insuficientes, imprecisos y carentes de punitividad penal, que no justifican el dispositivo y sentencia impuesta, ya que los cargos que se le imputan son de carácter administrativos, y no penal”.

Los togados hicieron la observación que la resolución, de 296 páginas, en su casi totalidad se limita a transcribir la medida de coerción “y solo dedica tres páginas y media a la motivación”.