Brasilia.- La defensa de la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó hoy que el instructor del juicio político contra la mandataria, Antonio Anastasia, que ha recomendado su destitución, “omitió pruebas” que dejarían clara su inocencia.

“El instructor no se libró de la pasión” e “ignoró” una serie de documentos que derrumbarían las acusaciones contra Rousseff, sostuvo el abogado de la mandataria suspendida, José Eduardo Cardozo, ante la comisión del Senado a cargo del proceso.

Rousseff, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo, responde por diversas irregularidades presupuestarias, contratar créditos para el Gobierno con la banca publica y alterar los gastos mediante decretos sin la debida venia del Congreso, todo lo cual es vedado por las leyes brasileñas.

Anastasia presentó su informe final sobre el caso este martes y concluyó que Rousseff tuvo participación directa en esos delitos y que el conjunto de irregularidades configura un “atentado contra la Constitución”, por lo que recomendó avanzar hacia su destitución. Según Cardozo, Anastasia ignoró un informe presentado por la Fiscalía, en el que se exculpa a Rousseff de delitos de tipo penal, aunque también se dice que fueron comprobadas irregularidades en el manejo de los presupuestos.

El abogado sostuvo además que Anastasia citó sólo parcialmente otro informe, elaborado por expertos del Senado, el cual concluyó que no se comprobó una “participación directa” de Rousseff en la contratación irregular de créditos con la banca pública.

La comisión concluyó hoy sus sesiones de debates y celebrará su última reunión mañana, cuando sus 21 miembros votarán el informe presentado por el instructor, que se prevé que será aprobado por una clara mayoría.

El informe será remitido luego al pleno del Senado para una primera votación prevista para el próximo martes, en la que sería aprobado si lo apoya una mayoría de 41 votos entre los 81 senadores.

Superada esa instancia, la Corte Suprema deberá convocar entonces al pleno del Senado para una nueva sesión, en la que finalmente se decidirá si Rousseff es despojada de su cargo o retoma el poder, lo cual sólo ocurriría si fuera absuelta.

Esa última sesión, que se prevé que pudiera durar hasta cinco días, comenzaría el 29 de agosto y para que Rousseff sea destituida sería necesario el respaldo de una mayoría calificada de 54 votos.

Si la presidenta pierde el cargo, el mandato que vence el 1 de enero de 2019 será completado por Michel Temer, hasta el pasado 12 de mayo vicepresidente y desde esa fecha en el poder en forma interina, al menos hasta que concluya el juicio político.