Casi siempre se asocia la democracia a un régimen que respeta los derechos de todos, que garantiza la igualdad de las personas y que permite la participación. Pero lo cierto es que la democracia, entendida ésta en el sentido estricto de elección popular de los gobernantes, no es incompatible con regímenes dictatoriales o autoritarios.

Esto, que parecerá un contrasentido para muchos pero que, sin embargo, es lo único que permite entender el fundamento, el sentido y la esencia del constitucionalismo como técnica de limitación del poder, no es algo propuesto por ideólogos conservadores o fascistas tachables como Carl Schmitt, sino que es algo constatado por pensadores de credenciales liberales incuestionables como Max Weber. En efecto, Weber, en 1919, sostuvo que “en una democracia, el pueblo elige un jefe en el que deposita su confianza. El elegido les dice entonces: ‘ahora, cierren la boca y obedezcan’. El pueblo y los partidos no pueden mezclarse en los asuntos del jefe. Luego el pueblo juzgará”. Y es que, para Weber, “el ‘dictador’ es un hombre de confianza de las masas, elegido por sus cualidades, y al cual ellas se subordinan todo el tiempo que él posea su confianza”.

Cuando Schmitt sostiene que la mejor forma de realización de la democracia es la dictadura, está siendo fiel al pensamiento de Weber. Para Schmitt, la democracia puede “ser realizada en la identificación del pueblo con un líder popular y carismático, en una forma más perfecta que en el estado de derecho”. En otras palabras, lo que Schmitt afirma, y que es precisamente lo que explica el éxito de este autor entre los intelectuales tanto de la izquierda tradicional comunista como de la izquierda neopopulista, es que la dictadura puede ser antiliberal, pero no es antidemocrática. El bolchevismo y el fascismo serían, como cualquier dictadura, antiliberales pero no por ello antidemocráticos.

Estamos así en presencia de una democracia plebiscitaria, donde el pueblo expresa su voluntad, confiere mandato de modo directo y aclama masivamente a su líder, que representa a la totalidad del pueblo como unidad política.

Pero no vaya a pensarse que se trata de una democracia participativa como la que quieren los que luchan por ampliar la participación ciudadana en las instituciones del Estado.

 La democracia schmittiana es esencialmente demagógica, centralista, populista, verticalista y opresiva.

La razón de ello estriba en la concepción schmittiana del pueblo que es la que, en el fondo, subyace tras los mecanismos plebiscitarios propuestos por los ideólogos del constitucionalismo populista. El pueblo, por el hecho de no estar organizado, no es capaz de tomar decisiones políticas articuladas sino que el modo como mejor se expresa es como la multitud que pidió liberar a Barrabás: mediante aclamación popular, mediante un sí o un no.

Para Schmitt, la democracia, por otro lado, exige homogeneidad.

Esa homogeneidad puede ser la que provee la igualdad material de un Estado social que asegura la procura existencial de todos como bien intuyó Herman Heller. Pero esa homogeneidad frecuentemente ha consistido en la exclusión de una parte de la población dominada por el Estado. Como lo demuestran los Estados Unidos esclavistas y la Sudáfrica del apartheid, “siempre han existido en una democracia esclavos o personas total o parcialmente privadas de sus derechos y relegadas de la participación en el poder político, se llamen como se llamen: bárbaros, no civilizados, ateos, aristócratas o contrarrevolucionarios”.

Es más, si la democracia se basa en que la mayoría puede determinar a su voluntad lo que es legal y lo que es ilegal, no cabe duda de que esta mayoría puede declarar ilegales a sus adversarios políticos internos, considerándolos fuera de la ley y excluyéndolos de la homogeneidad democrática del pueblo. Por tanto, la democracia puede y debe ser excluyente.

Algunas democracias latinoamericanas, en la medida en que son populistas e hiperpresidencialistas, lo cual se evidencia en el recorte de las libertades, la erosión de las instituciones y la extensión de los mandatos y prerrogativas presidenciales, responden al modelo de democracia autoritaria propuesto por Schmitt sobre los pasos de Weber.

Por eso, el reto para nuestros países no solo es consolidar una verdadera democracia sino también y sobre todo garantizar un real Estado de Derecho.