Hoy 
ROSARIO ESPINAL
Abundan las declaraciones, discusiones y escritos sobre los males que padecen las democracias latinoamericanas y los desastres políticos que podrían avecinarse si no se resuelven los graves problemas en la región. Sube y baja con facilidad el nivel de popularidad de los gobiernos; aumentan y disminuyen las tensiones entre grupos de poder; van y vienen las crisis económicas; se eligen y expulsan gobiernos entre euforias y desencantos, algunos incluso colapsan antes de completar su ciclo electoral como ha ocurrido en Bolivia, Perú, Argentina y Ecuador.
Constantes permanecen la pobreza, el alto desempleo y subempleo, la corrupción pública y privada, la precariedad de los servicios públicos y la reducida competitividad económica. Son todos problemas que afectan negativamente los niveles de vida de la población y contribuyen a generar malestar político.
En vez de consolidarse como sistemas de garantías públicas y bienestar social, las democracias latinoamericanas se han convertido en regímenes políticos epilépticos, que sufren convulsiones recurrentes de mayor o menor envergadura por sus propias deficiencias, y producen la sensación de que el régimen político está al borde del colapso. Sin embargo, la experiencia de los últimos 25 años demuestra que después de cada crisis se produce una recuperación temporal, hasta que emerge otra crisis.
A la fecha, ninguna de ellas ha conducido a emitir el acta de defunción de la democracia epiléptica porque no hay condiciones nacionales ni internacionales que provoquen su deceso. Aún así, las crisis contribuyen a generar un estado de desasosiego político que produce desenfoque social, desencanto y un pesimismo que dificulta más la solución de los graves problemas que aquejan la región.
República Dominicana no está exenta de esta situación. En medio de muchas carencias y deficiencias institucionales y socioeconómicas, la gente vive agobiada por una zozobra política que promueven constantemente distintos sectores de la opinión pública, incluidos líderes políticos de la oposición y el gobierno y comunicadores sociales.
Un término popular en la discursiva que adorna esa zozobra política es el de ingobernabilidad. Se proclama que podría colapsar el gobierno como ha ocurrido en otras naciones latinoamericanas. Unos hacen el planteamiento con euforia esperando pescar en río revuelto, otros por el desaliento, y otros por una justificada preocupación ante la inestabilidad política en América Latina.
Sin dudas que en las condiciones de precariedad institucional y socioeconómica que subsiste la República Dominicana están presentes los ingredientes fundamentales para que se produzca un estado de ingobernabilidad o de epilepsia política aguda. La baja calidad de la democracia presenta un riesgo permanente para la gobernabilidad porque el descontento popular erosiona la legitimidad y facilita el colapso de gobiernos e incluso del régimen político. Pero para que un gobierno democráticamente electo colapse fuera del ciclo electoral se necesita más que descontento. Condiciones relacionadas con la estructuración y fisuras de los grupos de poder tienen que presentarse.
La historia reciente dominicana muestra que las convulsiones epilépticas de la democracia dominicana han sido relativamente moderadas. Si tomamos las dos últimas crisis importantes encontramos que ninguna produjo un colapso abrupto del gobierno. En 1994, la crisis electoral se resolvió de manera pactada entre las principales fuerzas políticas del país, acordándose una reducción del mandato de Joaquín Balaguer a dos años. En el 2003-2004 la crisis económica e institucional la soportó el pueblo sin ni siquiera interrumpir el ciclo electoral pautado.
Ante esta situación hay que explicar por qué el régimen político dominicano no ha colapsado, ni las crisis han provocado transiciones de mando desordenadas como ocurre actualmente en Ecuador.
Los factores principales que explican esta situación dominicana son los siguientes: el sistema de partidos, en torno al cual se estructura la clase política dominicana, no ha colapsado a pesar de los múltiples problemas que enfrentan actualmente los partidos. Los sectores empresariales no muestran fisuras irreconciliables entre ellos ni tampoco en su relación con los gobiernos. Los sectores populares no tienen la fuerza organizativa ni la suficiente autonomía de los partidos políticos para impulsar un proceso profundo de desestabilización política. No hay en la actualidad un clima internacional favorable para el retorno de gobiernos autoritarios, mucho menos en economías tan orientadas hacia fuera como la dominicana.
Por eso, aunque hablar de ingobernabilidad sirva para alimentar la zozobra política y como instrumento utilizado por oposicionistas y gobiernistas (cada uno con sus objetivos específicos) para amedrentar o manipular a la ciudadanía, la República Dominicana no está al borde de una situación de ingobernabilidad que lleve en el futuro cercano (el único predecible en una democracia precaria) al colapso del régimen político.
Enfatizar este punto es importante por lo menos para motivar a que no se siga malgastando tanta energía social en la zozobra política que retardará aún más la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan el país y que aumentan en número y magnitud cada día.
