RAFAEL TORIBIO
Nadie pone en duda que existe en la ciudadanía un profundo descontento respecto a la democracia y un fuerte cuestionamiento a sus instituciones fundamentales,  a pesar de que se la prefiere, por el momento, a cualquier otra forma de gobierno. El descontento y el cuestionamiento no son con la intención de sustituirla, sino para que sea más eficiente y de mayor eficacia. Para que sea de más calidad.

¿Le estaremos pidiendo a la democracia lo que no puede dar o exigiéndole lo que es responsabilidad de otro actor? Aquí conviene recordar la frase de Felipe González de que la democracia no asegura siempre que se elija al mejor gobierno, pero sí que se pueda salir de uno malo, por mecanismos institucionales.

A pesar de la adscripción a una determinada internacional de partidos, el recuerdo a una ideología abrazada en algún momento, alguna diferenciación programática y el discurso de los candidatos, lo cierto es que los gobiernos que se suceden en la administración del Estado son cada vez más parecidos.

Entienden y ejercen la política y el poder como instrumentos para beneficiar, en primer lugar, a los militantes y allegados pertenecientes y cercanos al ganador de las elecciones. Prefieren la asistencia social a políticas públicas que distribuyan equitativamente la riqueza socialmente generada. Todos, además, utilizan el clientelismo, financiado con fondos públicos, para comprar y mantener voluntades.

Las ofertas electorales son prontamente olvidadas una vez en el poder y, de manera particular, las prioridades asumidas son sustituidas: Las que se realizan son distintas a las ofertadas, aunque en los discursos se mantengan las originales. Por otra parte, la lucha contra la corrupción se mantiene en el discurso, pero en la realidad se pasa desde la tolerancia hasta fomentarla.

La hipertrofia de la administración pública, en términos de exceso de empleados y superposición de organismos, se hace acompañar de un discurso sobre la nacionalización y modernización del Estado. Esto sucede al mismo tiempo que leyes vigentes, como es el caso del porcentaje del presupuesto que deben consignarse para determinadas prioridades, son violadas anualmente, sin que nada pase.

Con preocupación y dolor comprobamos que prima en las autoridades electas la visión de gobierno sobre la de Estado: En las decisiones se busca la rentabilidad política a corto plazo. Las que no producen efectos para las próximas elecciones, que son las que tienen que ver con la solución de los problemas fundamentales, se dejan para que sean tomadas por el próximo gobierno.

Por esta forma de proceder se suceden gobiernos, hasta de diferentes partidos, y los problemas fundamentales del país, y de las personas, permanecen.

El descontento que existe con relación a la democracia y sus instituciones, manifestado en todas las encuestas, ¿es contra la democracia o más bien contra la ineficacia de gobiernos legítimamente electos?

A fin de cuentas, la democracia lo que hace es posibilitar la elección legítima  de las autoridades, pero parece que no asegura un desempeño eficiente y oportuno en sus funciones, que cumplan sus compromisos y que se vean obligadas a reorientar sus ejecutorias cuando la mayoría entiende que deben hacerlo.

En nuestra democracia, que es más representativa que participativa, las autoridades electas pueden alzarse fácilmente «con el santo y la limosna», con la ventaja de que sólo se les puede pedir cuentas en las próximas elecciones, en las que tratarán de evitar una evaluación negativa utilizando los recursos del Estado para sumar voluntades.

En una democracia más participativa, sin dejar de ser representativa, con instituciones y mecanismos que fomenten y permitan la participación de la ciudadanía en la elaboración de las decisiones, al menos, y en el monitoreo de las ejecutorias de las autoridades, las cosas pudieran ser diferentes. La independencia real de los poderes y el ejercicio de control del Congreso ayudaría también.

Pero en una democracia donde no se puede exigir ni controlar a las autoridades es muy difícil lograr que los gobernantes reorienten sus ejecutorias.

¿Cómo evitar que el descontento, que ahora es en la democracia, no termine siendo contra la democracia? ¿Cómo lograr que se pueda elegir la mejor de las opciones entre las mejores y no la menos malas entre las peores? El descontento ¿es con la democracia o es con los gobiernos? ¿No será que le estamos pidiendo a la democracia lo que es responsabilidad de los gobiernos? Si así fuera, el descontento debe ser con los gobiernos ineficientes e irresponsables, no con la democracia.