Desde que se inició el proceso de la reforma constitucional, en el sentido de la adopción de la decisión política fundamental de la designación de una Comisión de Juristas y de la celebración de una consulta popular en el último semestre del año 2006, hemos insistido que toda reforma constitucional, para que la Constitución no sea la mera expresión de la voluntad unilateral de una fuerza política, requiere, aparte del consenso social de los ciudadanos y del consenso técnico de los juristas, un consenso político de las principales fuerzas políticas.

La razón de ello es obvia. La Constitución debe actuar promoviendo la unidad no solo en el sentido de la unidad nacional sino también en el sentido de que las decisiones en ella tomadas son expresiones de un consenso ciudadano y no son cuestionadas, por lo menos en lo esencial. Esta función de la Constitución queda claramente evidenciada en los casos de transiciones del autoritarismo a la democracia pactada, donde la Constitución manifiesta en su texto el carácter de compromiso entre las diversas fuerzas políticas y sociales. Precisamente, cuando la Constitución no representa ya este consenso, o cuando surge de un consenso precario, es el momento de emprender la reforma constitucional. Esta importante función de la Constitución es lo que Smend ha denominado la función “integradora” de la Constitución y cuya aprehensión es determinante para comprender la teoría de la Constitución, el derecho constitucional y la interpretación constitucional.

Cuando arribamos de los Estados Unidos al terminar nuestros estudios de posgrado, abogamos por la necesidad de consolidar una cultura política que favoreciese los pactos, lo que los sociólogos y politólogos denominan la “democracia pactada”. Precisamente ese había sido el tema de nuestra tesis de maestría en la New School for Social Research, en la que estudiamos dos casos paradigmáticos: los pactos en Colombia y Venezuela a fines de las décadas de los 50 y los 60 del siglo pasado. En dicho estudio, parte del cual fue publicado en el periódico “El Siglo”, gracias a la generosidad y apertura del director de este diario, el Lic. Bienvenido Alvarez Vega, afirmábamos que un pacto entre las élites políticas era indispensable para sentar las bases de una democracia y de un Estado de Derecho, porque allí donde las élites desconfían del sistema era imposible establecer eficazmente los mecanismos de la tradicional democracia representativa.

Pese a las objeciones que se han esgrimido contra la suscripción del pacto entre Leonel Fernández y Miguel Vargas, como líderes de las dos principales organizaciones políticas del país, el mismo es una expresión pura de este modelo de democracia pactada. Más aún, éste se constituye, para utilizar la expresión del constitucionalista portugués Gomes Canotilho, en una verdadera decisión pre-constituyente que marcará el curso de la reforma constitucional en la Asamblea Nacional y que, una vez aprobada la misma, servirá como guía hermenéutica en la interpretación de los textos constitucionales aprobados. Tales decisiones pre-constituyentes son comunes en los procesos de reforma constitucional como lo evidencia, el pacto en Argentina (1993) entre el presidente Carlos Menem y el ex presidente Raúl Alfonsín, denominado “Pacto de Olivos” y que fue suscrito en un momento en que los radicales estaban divididos entre quienes apoyaban y quienes se oponían a la reforma, tras conversaciones secretas sostenidas entre Menem y su antecesor.

La prohibición de la reelección presidencial consecutiva, el gran mal nacional en cuanto fomenta el continuismo presidencial, bien ha valido este pacto liberal que, sin duda, contribuirá no solo a la alternabilidad democrática sino también a la circulación de las élites partidarias, base indispensable para el fortalecimiento institucional de los partidos y de la democracia interna al interior de los mismos. Finalmente, que los dos líderes más importantes de los dos partidos más grandes del país, ambos en el espectro liberal y social, presionados o no por las circunstancias, hayan decidido echar a un lado las tradicionales posiciones antagónicas y sentar las bases de un acuerdo para hacer acuerdos, dice mucho de la salud de nuestro sistema político y de la posibilidad de enfrentar juntos los retos que debe afrontar la nación y sus líderes, entre ellos el de abordar otros puntos sensitivos de la reforma constitucional.