EDUARDO JORGE PRATS
Adriano Miguel Tejada ha puesto el dedo en la llaga de la herida que atraviesa el cuerpo político dominicano: «Las libertades y la reproducción de mecanismos de representación en todas las comarcas, no forman demócratas, sino políticos irresponsables que ganan elecciones por cualquier vía. En un sistema así, la tentación del político es ser dadivoso con el dinero ajeno y mantener un sistema explotador que le da poder y prestigio.

Ese sistema es imposible de arreglar por medio de la representación, porque los representantes siempre crearán las condiciones para reproducirse» («Diario Libre», A.M., 27/6/07).

Sin saber a qué terreno nos conducirá el razonamiento de Tejada desde el día de esta opinión hasta el momento en que el lector lea esta columna de hoy, me atrevo a afirmar que el jurista agudo y el editorialista provocador entienden que los problemas de nuestra democracia no se resuelven con más democracia. Que los dominicanos, y en sentido general todos los latinoamericanos, necesitamos más Estado de Derecho, más responsabilidad política y jurídica de los representantes. No por azar nuestro diccionario político no tiene una palabra que connote todo el significado de la «accountability» angloamericana: «responsiveness» (responsividad o «respondabilidad»). Se trata de los deberes del representante: responder por sus actos, ser responsivo frente a los representados.

Hoy los políticos dominicanos son todos leninistas, pues son plena y absolutamente autónomos frente al electorado, la opinión pública, los grupos de presión, las iglesias. A nadie tienen que rendir cuentas ni nadie se las exige. En Estados Unidos, un legislador teme afectar los intereses de las minorías étnicas o religiosas, de las mujeres o de las grandes corporaciones. En República Dominicana, un grupo de políticos puede decidir la estatización de un sector de la economía o incrementar la presión tributaria, sin temor a las críticas del empresariado ni a la reacción de los contribuyentes. Los políticos no necesitan a más nadie que a sus clientes y sus clientes los obtienen gracias al acceso ilimitado a los fondos del Estado y a la inexistencia de un efectivo Estado Social que nos convierte a todos en menesterosos.

Este estado de cosas requiere un cambio radical. Pero se trata de un cambio que implica no solo reformar al Estado,  que es difícil,  sino también reformar el sistema de partidos  que es dificilísimo. No se trata de sustituir a los partidos por la sociedad civil como pretenden algunos. No. De lo que se trata es de hacer de los partidos verdaderos articuladores de los intereses sociales. Esto requiere ver más allá de la curva, una visión de Estado y sociedad, un pacto político por la reforma política.

Este pacto debe incluir la neutralización política de los espacios de decisión de las políticas económicas: reforzar al Estado para la regulación económica independiente, es decir, un Estado fuerte para una economía libre y social de mercado, donde el Estado sea regulador pero no empresario. Asimismo, debe abarcar la aproximación del poder al ciudadano, reforzando la autonomía municipal, la rendición de cuentas, la participación ciudadana en la gestión municipal y estatal, y la inserción de los ayuntamientos en la gestión de la inversión social. El pacto debe contener, además, la reforma del financiamiento de los partidos, la cual debe partir del supuesto de que éstos deben depender de las contribuciones económicas individuales y de que el financiamiento estatal debe ser estrictamente fiscalizado. Finalmente, habrá clientes de los políticos mientras la pobreza sea estructural: por eso, hay que incorporar al mercado y a las instituciones a más de 2 millones de personas y ello solo se logrará con desarrollo económico sostenido y con un Estado Social adecuado a nuestro grado de desarrollo.

La democracia que necesitamos solo puede ser construida por ciudadanos y no habrá ciudadanía mientras ésta no sea social, es decir, no parta de la igualdad material y no simplemente formal. La democracia que anhelamos es la que permita el gobierno de las leyes del Estado de Derecho y no el gobierno de los hombres del Estado clientelar. Una democracia contrapesada por el control ciudadano, los derechos fundamentales y la despartidarización de las políticas públicas. Esta es la cuestión política fundamental porque «(esta) fiesta no puede seguir».