POR ALEIDA PLASENCIA
En varias instituciones gubernamentales están poniendo trabas a los constructores para la aprobación de planos, hasta el punto de que podría generar el cierre de las mayorías de las urbanizaciones nuevas en proceso de edificación, advirtió el empresario José Rodríguez Cáceres.
Sostuvo que en la mayoría de instituciones donde se gestionan los permisos de construcción de las obras, les hacen la vida imposible (a los constructores) retrasando las autorizaciones como forma de chantaje para buscar dinero.
Si esta situación no cambia, va a resultar muy difícil que ver una urbanización nueva en el país, sostuvo Rodríguez Cánceres, ex presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), en declaraciones exclusivas.
Entre las instituciones donde, según él, ponen obstáculos a los solicitantes de los permisos en referencia, citó, los ayuntamientos, la Corporación de Acueductos y Alcantarrillado de Santo Domingo (CAASD) y la Secretaría de Medio Ambiente. En esas instituciones hay demasiadas trabas, por lo que sería importante que la Procuraduría de la República inicie una investigación en los ayuntamientos y demás entidades que dilatan los procesos para la aprobación de planos.
Según Rodríguez, cuando un expediente se tarda más de 15 o 30 días en ser aprobado, es porque se está procurando chantajear y buscar dinero, añadió el constructor.
En este tipo de servicio, ningún funcionario debe detener un expediente más de 30 días y el que lo hace, está buscando algo, añadió.
Los expedientes se están demorando seis meses y hasta un año, señaló el licenciado Rodríguez.
Esto impide el desarrollo de la vivienda, porque genera un desincentivo a la inversión, dijo.