La sentencia del pasado 15 de diciembre, la cual ordenó la libertad de transporte de cargas y pasajeros por las calles, carreteras y puertos del país, señala cuál era el cómplice pasivo de esos sindicatos de transporte que les permitían todos sus agresiones y prepotencias a la ciudadanía. Ellos se sentían por encima de la ley y apoyados sólidamente por burócratas gubernamentales desde 1962.
El Estado dominicano, en su tradicional irresponsabilidad de más de 50 años, bebió de su medicina de la indiferencia por la sentencia evacuada por el Tribunal Superior Administrativo reconociendo la libertad de tránsito. Es para que cada quien utilice las mejores vías y medios para el transporte terrestre de sus mercancías.
La gran duda que ha generado la sentencia, y la preocupación subyacente, es por el cumplimiento de la misma por parte de la burocracia oficial. Los amarres de los sindicatos choferiles del transporte de pasajeros y carga terrestre con los funcionarios y empleados de todos los gobiernos que han gobernado el país en los pasados 54 años es de tal naturaleza, que se hace difícil que la simple sentencia se cumpla graciosamente por decisión de los jueces. Hay amplios sectores de las autoridades que están muy comprometidas con los dirigentes choferiles. Eso se muestra a las claras cuando se producen desórdenes en la vía pública por el poco interés en atajar tales desmanes y reprimiéndolos como les ordena la ley.
Fue muy valiente la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA). Por primera vez en los pasados 50 años se intenta ponerle freno a la prepotencia de los dirigentes choferiles. Ellos se creen por encima del bien y del mal y que tienen postrados a sus pies a los funcionarios de los gobiernos que han dirigido a la nación. Normalmente las autoridades se someten a sus exigencias y voltean la cara cuando están protagonizando sus desmanes agresivos en las calles, incluso entre ellos mismos si son rivales sindicales. Tan solo hacen simulacros de acciones represivas, que nunca llegan a sometimientos judiciales, de quienes violan las leyes flagrantemente.
La cúpula ejecutiva del CONEP se decidió a ponerle un freno a una situación anárquica y que generaba millonarios recursos a los dirigentes sindicales amparados en sus poderosos sindicatos. Estos podían paralizar al país, y muchas veces lo hicieron en el momento que se les antojara, ya que por los compromisos de los sectores gubernamentales, no había una represión contundente para frenar los desórdenes generados por los sindicatos del transporte. Y no se quería aplicar la ley. Estos una vez fueron bautizados muy correctamente por el recordado Radhamés Gómez Pepín como “los dueños del país”.
La sentencia del TSA ha puesto al desnudo la complicidad oficial con los choferes y sus dirigentes empresarios. Y es que si no toman cartas en el asunto, para hacerla cumplir con diligencia y rapidez, la sentencia, quedaría demostrado, o que los gobiernos les tienen miedo a los choferes, o se han formado fuertes y sólidos amarres de compromiso entre los sindicatos y el gobierno. Solo con un sacudimiento responsable y decisión de hacer cumplir las leyes, es que se lograría llevar a los choferes al redil del orden, la justicia y la responsabilidad ciudadana para cumplir con las funciones que ellos eligieron como medio de vida.
Sutilmente ya hay sectores en los medios informativos que han estado analizando con mala fe para insistir y concluir que la sentencia es imposible de aplicar. A la vez confunden con un argumento muy curioso de que existen leyes y decretos que chocan con la sentencia. A la vez dan por sentado que el gobierno no tiene capacidad en sus diversos estamentos para hacer cumplir el mandato de la sentencia.
Por tanto, la hábil defensa de los sindicatos atacando la inaplicabilidad de la sentencia, da por sentado que los choferes podrán continuar ejerciendo sus presiones acostumbradas. Ya lo están haciendo en este nuevo año con sus argumentos de siempre de que se les complazca y se acepten sus exigencias de la exclusividad en el transporte como ha sido siempre. Hasta ahora supuestamente pende sobre ellos la decisión en una sentencia para hacerlos volver al redil. El Gobierno tendrá que ofrecer una apariencia de apoyo militante a la empresa privada y deberá tomar acciones represivas para aparentemente controlar a los choferes. Y deberá convencerlos de que abandonen sus métodos arcaicos de lucha en base al desorden callejero y a las agresiones. Como lo harán en los próximos días.