Tras el anuncio del acuerdo de Europa para el rescate de Grecia, la desazón se ha apoderado de una parte del gobierno griego. A las declaraciones públicas de rechazo le están siguiendo ahora dimisiones por parte de miembros del Ejecutivo de Alexis Tsipras, que además forman parte de su propio partido, Syriza.

«Soy el primer ministro porque tengo un grupo parlamentario que me respalda. Si no tengo este respaldo, será difícil ser primer ministro el día siguiente», dijo a Tispras a los legisladores.

Ayer, la viceministra de Finanzas de Grecia, Nadia Valavani, dimitió por su desacuerdo con las condiciones del acuerdo alcanzado con los acreedores para poner en marcha un tercer rescate económico.

Oficializó su renuncia en una carta que ha enviado a Tsipras en la que critica «las medidas inútiles» incluidas en el acuerdo, por las que «no puede seguir siendo miembro de este Gobierno», dijo.

Valvani sigue así el camino de su exjefe, Yanis Varoufakis, que la pasada semana anunció su marcha, justo después de la celebración del referéndum celebrado en Grecia.

Las renuncias del número uno y el número dos del Ministerio de Finanzas griego no son las únicas que se han producido en los últimos días. También el secretario general del ministerio, Manos Manousakis, ha dejado su puesto. Y el lunes anunciaba su dimisión Nikolaos Chountis, viceministro de Asuntos Europeos, tras afirmar que no respaldaría un nuevo rescate.

Alexis Tsipras ha defendido en varias ocasiones el acuerdo que firmó hace solo dos días, diciendo que era mejor que la alternativa de abandonar la zona euro. Sin embargo, la división en el seno de Syriza, su partido, es patente: el 20% de los diputados del gobernante Syriza no lo respaldarán. En concreto, cuenta con 149 diputados y 32 de ellos han declarado abiertamente su intención de votar en contra o de abstenerse.

Por otro lado, más de la mitad de los miembros del Comité Central de Syriza han rechazado el acuerdo alcanzado por el primer ministro, Alexis Tsipras, para que Grecia reciba un tercer rescate financiero, que han considerado una «humillación» para el pueblo griego.

La cúpula de la coalición gobernante se ha posicionado mayoritariamente en contra. De los 201 miembros que componen el Comité Central, 107 han dicho ‘no’ al acuerdo, al que Tsipras dijo sentirse «obligado».

Para los miembros críticos, el pacto conocido el lunes por la mañana es «resultado de las amenazas» de los acreedores, que plantearon un «ahogo económico», según el portal del semanario Proto Thema. En este sentido, han reprochado que incluya «términos de supervisión humillantes que son destructivos» para Grecia y su ciudadanía.

Crédito puente. Como el acuerdo de rescate de Grecia no se ha cerrado, la Comisión Europea ha propuesto conceder al país heleno un crédito puente de alrededor de 7.000 millones con el que poder hacer frente a los mismos.

«Sólo hay una solución posible», ha dicho el vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, al anunciar esta propuesta en una rueda de prensa en Bruselas y apuntar que «no hay perspectivas» de que ningún Estado miembro conceda créditos bilaterales a Atenas, como se había especulado.

La propuesta, a la que ha tenido acceso Reuters, señala que el préstamo puente tendría una duración máxima de tres meses y provendría del antiguo fondo de rescate de la UE, el llamado Mecanismo Europeo de Estabilización Finanicera (MEEF), que todavía cuenta con 13.000 millones de euros. Y sería posteriormente reembolsado por Grecia con el dinero que obtenga del MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad o nuevo fondo de rescate de la Eurozona, en el marco de las negociaciones para cerrar un nuevo rescate al país por valor de unos 86.000 millones de euros para los próximos tres años.

Se ha considerado que la propuesta de usar el MEEF para este préstamo puente es bastante polémica, porque tanto la República Checa como Reino Unido, Dinamarca o Suecia se oponen a ella.

A diferencia de la Eurozona, el MEEF es un fondo a escala de la UE, respaldado por el presupuesto de la UE y los desembolsos necesitan la aprobación de los 28 países miembro, en lugar de sólo los 19 de la Eurozona.

Las decisiones en el MEEF se toman por mayoría cualificada, lo que significa que si 16 países que representan el 65% de la población de la UE apoyan el desembolso, oponentes como Gran Bretaña o la República Checa no tendrían nada que decir.