Desde hace algunas décadas, dentro del marco de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, el tema más recurrente ha sido el combate a la pobreza. En la actualidad, dado las políticas de subsidios como los programas de Bolsa de familias en Brasil y Oportunidades en México, se habla de mitigar la pobreza.

Lo anterior ha sido el vehículo que ha permitido que se haya publicado una extensa literatura de crítica y denuncia, que se formulen propuestas y contrapropuestas de políticas públicas y en cierto sentido, se ha logrado identificar a los pobres con la masa proletaria existente en nuestros países. Al mismo tiempo,  el papel protagónico que ha alcanzado el tema de la pobreza ha permitido a la clase dominante hacer llamados y denuncias, para que se adopten políticas públicas que conlleven la eliminación de la exclusión social, como medio de ocultar su protagonismo en la sociedad.

Por otra parte, el tema acuciante de la pobreza no ha sido utilizado como plataforma, para reflexionar sobre nuestra realidad actual y cuál es la visión a futuro que formule las políticas de una mayor inclusión social con metas que comprometan su cumplimiento y que transformen el pasado y la situación presente, en lugar de adoptar medidas que mantengan la misma situación. Dentro de este contexto, cabe mencionar la dicotomía entre las propuestas técnicas y los pronunciamientos de los políticos que impiden conducir los programas por sendas adecuadas. Por lo tanto, se hace necesario fijar la visión en la pobreza como el camino a seguir que nos permita visualizar el  futuro sin necesariamente erradicar el pasado.

El tema de la pobreza continúa siendo tan importante, que bajo el patrocinio del Diálogo Interamericano se llevó a cabo una investigación sobre “La política fiscal y los pobres en América Latina” bajo la autoría de Jeffrey Puryear y Mariellen Malloy Jewers.  Esta obra es la más reciente investigación sobre el impacto de la política fiscal en la pobreza y desigualdad en América Latina. Dicha investigación compara a Europa, donde la política fiscal reduce significativamente la desigualdad, con América Latina, donde la política fiscal casi no tiene impacto en la desigualdad. El estudio concluye que la combinación de ingresos inadecuados, servicios de baja calidad y mala focalización del gasto, ayuda a explicar el papel limitado que ha tenido la política fiscal. Esta investigación es la tercera dentro de una serie de síntesis de política social enfocada en temas claves en la agenda social de la región.

Entre sus hallazgos se encuentra que los sistemas tributarios en América Latina fallan en desplazar la carga total de ingresos de los hogares pobres y de la clase media a los hogares ricos. Cuando los impuestos directos (e.g. impuestos individuales o de sociedades sobre la renta) e indirectos (e.g. ITBIS) son combinados, la quinta parte más pobre de la población a menudo paga una mayor proporción de sus ingresos en impuestos en comparación con la quinta parte más rica, y en ese sentido nuestro país no es la excepción.

Del mismo modo, dicha investigación establece que el gasto público en educación es una inversión de plazo relativamente largo, con limitada rentabilidad a corto plazo.

 Sin embargo, es importante debido a que construye el capital humano de los pobres, el cual, una vez creado, produce un flujo de beneficios a lo largo de muchos años.

El gasto público en educación como porcentaje del PIB ha aumentado de manera continua durante las últimas dos décadas en América Latina, y se sitúa por encima de los promedios globales para los países de bajos y medianos ingresos. Sin embargo, los sistemas de educación pública (los cuales, en los niveles de primaria y secundaria, benefician principalmente a los pobres) enfrentan dos problemas claves que debilitan su capacidad de reducir la pobreza y la desigualdad, como ser la insuficiencia de recursos financieros y la baja calidad de la educación.

Los gobiernos pueden redistribuir directamente los ingresos transfiriendo fondos hacia los pobres mediante programas de seguros (tales como pensiones) y programas de asistencia (tales como los de transferencia monetaria condicionales). Si son suficientemente grandes y están focalizados adecuadamente, este tipo de transferencias puede mitigar  de inmediato la pobreza y la desigualdad, siempre y cuando dichos programas estén acompañados de mecanismos de control y supervisión, los cuales permitan verificar que se cumple con las normas y procedimientos del programa. En caso contrario, dichos programas no cumplen con sus objetivos.

Asimismo, el estudio mencionado observa que el gasto público en transferencias en América Latina ha aumentado desde los noventa, pero todavía no parece estar desempeñando un papel redistributivo fuerte ¿A qué se debe esto? Parte del problema es que las transferencias públicas en América Latina son bajas. Como porcentaje del PIB, América Latina gasta menos de la mitad de lo que gasta Europa en transferencias públicas. Un problema más grave es que en América Latina, y particularmente en nuestro país, las transferencias públicas no están bien focalizadas.

Los gobiernos tienden a asignar la mayor parte de las transferencias públicas a programas que benefician a la parte más rica de la población en lugar de a la más pobre, como puede observarse en algunos países los subsidios concedidos al sector privado.

Los programas que evidentemente mitigan la pobreza y la desigualdad, tales como los de transferencias monetarias condicionales, representan una proporción relativamente pequeña del gasto público.

Crear una política fiscal a favor de los pobres debería ser de alta prioridad para los gobiernos de la región. No obstante, tener éxito será difícil, ya que se requerirá de grandes cambios que serán duramente resistidos por aquellos que se benefician del status quo.

En resumen, la investigación antes mencionada concluye que la política fiscal está fallando en reducir la pobreza y la desigualdad en la mayor parte de América Latina. Aunque los gobiernos rara vez han generado altos niveles de ingresos, el destino de esos recursos no ha sido para implementar programas que generen una mayor inclusión social. Los sistemas tributarios no han logrado desplazar la carga de ingresos a los hogares ricos. Los servicios públicos han sido a menudo de baja calidad. Los programas de pensiones, que por mucho son la parte más grande del gasto público en transferencias, benefician enormemente a la quinta parte más rica de la población. En definitiva, pese a cierto progreso relativo, la región se mantiene como la de mayor desigualdad social al nivel mundial.