Certera la acción exhaustiva, extensa y poco común de autoridades dominicanas empantalonadas que pasaron a incriminar por alegado tráfico de haitianos a integrantes numerosos de una llamada red criminal cívico-militar. Un paso que tendría que mostrar el don de la continuidad persecutoria para ser aceptado como mentís institucional al criterio de que la frontera es más un colador de múltiples perforaciones que un límite geográfico. La ostensible presencia de migrantes por muchos sitios, a los que además se ofrecen inauditas facilidades para la obtención de visas express, delatan una vulnerabilidad insuficientemente combatida, reforzada por las condiciones internas que tienen convertida a República Dominicana desde hace tiempo en importantísima fuente de empleos para los haitianos, siendo ellos además los que con baratura de mano de obra generan rentabilidad a importantes áreas de la economía.

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Es probable que al plantear como un reto sobresaliente para la República la actual desintegración del Estado haitiano, en el presidente Luis Abinader influyera la conciencia de que a este país le ha faltado rigor para civilizadamente y con respeto a los derechos humanos de advenedizos, imponer regulaciones a la inmigración que han sido erosionadas por complicidades desde las filas de organismos de control y por un insuficiente imperio de la ley que desnacionaliza áreas de producción. Las inconsistencias estructurales locales echan leña al fuego que se arrima desde fuera.