Algunos economistas del Gobierno llamaron la atención sobre el dilatado endeudamiento público y coinciden en que la situación requiere cuidados especiales. Efectivamente, el crecimiento de esta variable preocupa y hace dudar de la recuperación económica. Pareciera que la deuda podría convertirse en un desacelerador del crecimiento de mediano y largo plazos, contrariamente al objetivo original del Gobierno.

Resulta importante contextualizar este problema. La deuda externa se había duplicado a diciembre del 2004 cuando alcanzó US$7,377.76 millones comparado con el stock del 2000, excluyendo la deuda del Banco Central que en aquel momento ascendía a US$3,356.69 millones. El total adeudado por el Gobierno en aquella ocasión estaba compuesto por US$998.06 millones de deuda interna (13.5%) y US$6,379.70 millones correspondientes a la deuda externa (86.5%). En el 2004 el Gobierno pagó, por el servicio de la deuda pública, US$1,116.05 millones, sin la deuda del Banco Central, es decir utilizó para este fin 28.9% de los ingresos tributarios.

A partir del 2007 se registró  una caída anual de las recaudaciones fiscales y el Gobierno no se percató de esta tendencia y continuó gastando al mismo ritmo, incurriendo  en déficits fiscales sucesivos que, en los últimos tres años, alcanzaron un monto acumulado de aproximadamente US$4,050 millones (al tipo de cambio de US$37.03 del 2010). En el último trimestre del 2009, el Gobierno puso en marcha un programa de recuperación mediante una política expansiva del gasto público, financiada con endeudamiento externo, ya que la crisis internacional destrozó el blindaje de la economía dominicana. 

La República Dominicana llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permitía un endeudamiento de US$5,400 millones. Según el acuerdo, el país recibiría US$2,800 millones en el 2009 y US$2,600 millones en el 2010 provenientes del FMI (US$450 millones), el Banco Mundial (BM) con US$500 millones, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestaría US$700 millones, el Acuerdo de Petrocaribe aportaría US$480 millones, préstamos de bancos comerciales locales (US$670 millones), por financiamiento de proyectos de inversión del Gobierno (US$1,350 millones) y colocación de bonos locales e internacionales por US$1,250 millones.

En el 2010 el Gobierno pagó US$1,719.6 millones por servicio de su deuda pública y el Banco Central pagó unos US$630 por el déficit cuasi-fiscal  para ese mismo año. De manera que el servicio total de la deuda  pública fue de US$2,350.6 millones. A agosto del 2010 el 55.6% de los ingresos tributarios se utilizaron para pagar el servicio de la deuda pública, incluyendo al Banco Central.  El “stock” de la deuda pública pasó de US$13,239 millones a agosto de 2009 a US$20,010 millones a agosto del 2010 (incluyendo solamente el atraso de US$146 millones del sector eléctrico siguiendo los criterios del FMI, para un crecimiento de 51% desde agosto del 2009 hasta agosto del año en curso y de 170% considerando el “stock” de deuda a diciembre del 2004. Los resultados de este significativo endeudamiento público son bien conocidos. La economía creció en 7.5% gracias al incremento del gasto público.

Pero este crecimiento es poco duradero. Primero, porque reduce la eficacia de la política fiscal para impulsar el crecimiento económico ya que la mitad de los tributos se decidan a amortizar y pagar intereses de deuda. Este impacto es aun más limitado porque el presupuesto público es solamente un listado de gastos, que carece de metas anuales medibles, que no permiten medir ni su eficacia ni su eficiencia. Por consiguiente, no existe consistencia entre el cumplimiento de las metas anuales con los objetivos de largo plazo, peor aún estos son una incógnita  en los presupuestos anuales, incluyendo el correspondiente al 2011.

Si la presente política fiscal persiste, sin dudas, que reformas tributarias o ajustes de precios en los sectores subsidiados serán contemplados para reducir el déficit fiscal, lo cual no tiene sentido si se mantiene un sistema político que no funciona, que frena la competencia en los mercados y crea las condiciones para que las firmas dominicanas fracasen en superar a sus competidores, como lo demuestra el resultado del DR-CAFTA.

Finalmente, además de la insostenibilidad fiscal que plantea el actual patrón de endeudamiento, se espera que aumente el riesgo país, endureciendo las condiciones crediticias internacionales. Por otro lado, el país exhibe un déficit significativo en su cuenta corriente, tiene insuficiencia de ahorro interno para financiar la inversión doméstica y la depreciación, sufre un sector eléctrico estatal que contribuye con la falta de competitividad de las firmas, un sector educativo con pocas perspectivas de proveer el capital humano que se requiere para competir, el dengue diezma a la población infantil, la pobreza se incrementa y el desempleo sigue siendo muy elevado. Resulta evidente que endeudarse para crecer no resuelve nuestros males sociales, pareciera que los  agrava. Entonces, ¿de qué sirve  la estabilidad macroeconómica?