En épocas donde, gracias al economista y escritor Yanis Vaurofakis, se está acuñando el término del Tecno-Feudalismo, basándose en que los dueños del capital ya no son aquellas personas que se dedicaban a la industrialización, la construcción, la manufactura, si no, quienes manejan “los algoritmos” en las diferentes plataformas digitales de las que somos parte. Es decir, que estamos en un mundo dominado por quienes manejan nuestros datos.

Desde empresas como Amazon o Temu que no producen lo que vende e inducen el consumismo basándose en algoritmos que mantienen a llas y os usuarios constantemente interesados en la compra de productos según sus gustos y supuestas necesidades, incidiendo además, en el orden de prioridad en que te muestran cada marca u oferta, hasta quienes se alimentan gratuitamente de todo el contenido que producimos para las redes sociales, haciendo de este, nuestro espacio principal de información, generando ganancias descomunales y sacándole provecho comercial a nuestros datos.

En este mundo, el Estado Dominicano, como hacen otros o a pesar de lo que hagan otros, debe de cuidar y defender nuestros datos, pero más aún, la integridad de la data gubernamental y de la ciudadanía.

He leído con preocupación una nota de prensa escrita por el periodista Ismael Hiraldo, titulada: “Someten proyecto ley para que la DGII pueda almacenar datos de contribuyentes en servidores externos”, la cual busca cambiar el artículo 56 de la Ley 11-92, sobre el Código Tributario, y establece que los datos personales registrados para acceder, enviar información o realizar declaraciones, el servicio de facturación electrónica o cualquier otro medio digital podrán ser manejados usando plataformas externas, siempre que se apliquen “medidas legales, organizativas y técnicas adecuadas”. Esta ley fue sometida por el Poder Ejecutivo, representado por el presidente Luis Abinader.

Para quienes no entienden estos detalles tecnológicos, quizás no advierten el peligro de esta situación, sin embargo, dicha modificación a la ley indica de manera textual que: “Los datos podrán ser recibidos, procesados y almacenados en centros de datos propios, de terceros o en servicios de computación en la nube”. ¿Qué significa esto? Pues que la DGII puede comprar espacio en servidores a una compañía ya sea local o extranjera para almacenar nuestros datos.

En términos más sencillos: Imagina que un servidor en la nube es como un edificio de apartamentos, y las empresas que lo ofrecen como: AWS, Google Cloud o Microsoft Azure, etc. es la dueña del edificio. Estos servicios tienen mucha ventaja para ciertas empresas porque no necesitan dar mantenimiento a equipos, ni contar con un Data Center, más el personal que se encargue de monitorear constantemente, tanto el estado físico (temperatura, electricidad, condiciones óptimas, etc.) como virtual (actualizaciones, seguridad, etc.).

Estos “apartamentos virtuales” pueden ser:

1- Servidores compartidos (Cloud público): Como vivir en un edificio con áreas comunes (otros inquilinos usan los mismos recursos, pero cada uno tiene su espacio).

2- Servidores dedicados (Cloud privado): Como alquilar un piso entero solo para ti (recursos exclusivos, más caros, pero con mayor control).

No se trata de que las empresas que alquilan servidores dedicados no garanticen privacidad o seguridad de los datos. Al contrario, la tecnología y sus necesidades de seguridad, escalabilidad, respaldo y redundancia, que permiten sostener los sistemas funcionando hacia los usuarios internos y externos de una institución, muchas veces están mejor garantizadas tercerizando el servicio. Pero NO es verdad que esta disposición de cambiar esta ley nos va a generar tranquilidad de ningún tipo. Empezando porque la soberanía de los países también tiene que ver con cómo y dónde guardan sus datos. Además, que hay datos más sensibles que otros.

Inexplicablemente se hacen esfuerzos que nunca sabemos en qué pararán.

La anterior Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), hoy llamada Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), dejó inaugurado, en el pasado período de gobierno del 2016 al 2020, el Data Center del Estado, un espacio ubicado en el Parque Cibernético de Las Américas, con todos los estándares internacionales de seguridad y cuya información está aún vigente en el sitio web de la ogtic.gob.do ¿No sería más eficiente agregar un párrafo a la ley donde se haga uso del mismo?

La dependencia de servidores en la nube, que son de jurisdicción extranjera, no es recomendable para los Estados. Aunque cumplan con todos los contratos de seguridad y respeto a la privacidad, sería darle poder a una potencia extranjera sobre nuestra información.
Al contrario, lo que necesitamos es que se haga un levantamiento a ver cuánta información sensible de la ciudadanía, ya sea del Ministerio de Educación, de Salud o de Defensa, como también, Migración, Pasaporte, Registro Civil, entre otras, está colocada en servidores externos privados.

Países como China, Alemania, Francia, España y otras naciones de la Unión Europea, India, Rusia, Irak, Sudáfrica, Arabia Saudita, Brasil, entre otros, tienen una serie de leyes y regulaciones para que su data gubernamental no sea dependencia de Estados Unidos u otras potencias extranjeras.

La libertad no es solamente enarbolar una bandera, estamos en un nuevo milenio con desafíos que, como bien nos explica Vaurofakis, pertenecen a un nuevo esquema de ejercer poder sobre los demás, la realidad es que quien se adueña de la información, se adueña del mundo y por este tipo de aperturas, que nos pone a sospechar sobre cuáles empresarios será que quieren beneficiar, nos terminarán vulnerabilizando mucho más a expensas de los señores tecno feudalistas de la actualidad.