Hoy 
En base a la documentación y los testimonios divulgados a la fecha es muy improbable que los acusados de corrupción por el procurador general de la República, ligados a los contratos con Odebrecht, puedan ser condenados por nuestros jueces. Eso hasta lo admitió públicamente una juez de nuestra Suprema Corte.
Para lograr condenas el procurador tendrá que probar que el patrimonio económico de los acusados excede el que razonablemente podría suponerse que poseen basado en sus sueldos como funcionarios públicos, o sus actuaciones como profesionales. Para tener éxito el procurador enfrenta una tarea que por su envergadura necesariamente requerirá recibir del presidente de la República, Danilo Medina, recursos económicos y humanos.
Para comenzar, debe de obtener, a través de la Superintendencia de Bancos, detalles sobre las cuentas bancarias que estén a nombre de los acusados y sus familiares. También depósitos en cooperativas, varias de las cuales se han convertido en lugares favoritos para parquear dinero mal habido, al no estar estas sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Las compañías que rentan cajas de seguridad deben de informar si los acusados han alquilado cajas donde depositar dinero, joyas preciosas, etc.
En el Registro de Títulos deben buscarse los títulos de los bienes raíces pertenecientes a los acusados, o sus familiares. Las matrículas de automóviles de lujo deben de cotejarse.
La labor se complica al tener el procurador y su equipo que buscar compañías dominicanas donde aparecen los acusados como accionistas, para luego ubicar las cuentas bancarias y los bienes raíces y de otra naturaleza, incluyendo yates, de esas compañías.
Más complicado es localizar bienes en el extranjero. Con la cooperación de las autoridades norteamericanas y de otros países se deben ubicar cuentas bancarias y bienes raíces, en la Florida, por ejemplo. Desde hace algunos años en los Estados Unidos debido a reglamento federal se ha dificultado el abrir cuentas para personas ligadas a la política en países extranjeros, incluyendo la República Dominicana.
Finalmente, están las compañías establecidas en paraísos fiscales, como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán, etc. Sería una labor parecida a la ya realizada por Alicia Ortega, cuando recibió de una asociación de periodistas europeos el expediente relativo a la República Dominicana dentro de los llamados “Panamá papers”. Allí pudo identificar una serie de compañías extranjeras en paraísos fiscales pertenecientes a Diandino Peña, quien construyó nuestro Metro. Pero, ¡cosas de la política dominicana!, ni el presidente Medina ni el procurador general de la República optaron por una acción judicial para un caso donde la evidencia, las pruebas, ya eran públicas. En el caso de Odebrecht, por el contrario, primero vinieron los arrestos, con toda su publicidad y ahora hay que encontrar las pruebas.
Además del apoyo del presidente de la República, nuestro procurador debe buscar la ayuda del Departamento de Justicia de Estados Unidos y también del de Brasil.
Pudiera ser que algunos de los acusados no posean en realidad un patrimonio no justificable, en cuyo caso sería difícil condenarlos. Otros puede que posean un patrimonio no justificable, pero también no ubicable, lo que igualmente haría difícil condenarlos.
El procurador tiene ocho meses para preparar los expedientes. «Follow the money».
