El caso de la suspensión del Ing. Miguel Vargas Maldonado como miembro y Presidente del Partido Revolucionario Dominicano, y algunos de sus socios tránsfugas, pone sobre el tapete la fragilidad institucional, aparte del dominio que ejerce el partido en el poder sobre las Altas Cortes y otros organismos del Estado.

 En el año 2009 surgió en el PRD con fuerza la candidatura de Miguel Vargas Maldonado a la Presidencia del Partido, como paso intermedio para alcanzar nuevamente  la candidatura a la Presidencia de la República, eliminando  la prohibición para desempeñar ambos cargos, por entender que ésta era requisito indispensable para su triunfo.

Miguel trató de imponer una Comisión Organizadora unilateral y no plural como es la tradición para garantizar la unidad del Partido.  Triunfó por votación una Comisión plural conmigo como Presidente, pero para buscar avenimiento se incorporaron otros miembros recomendados  por éste.

 Ante el avance arrollador de  Miguel y el retiro de otra candidatura  importante, se buscó  que se tratara de adoptar ésta por decisión de la Comisión Política, a lo que me opuse por anti-estatutario;  pero gestioné  en cambio la renuncia de una tercera candidatura con la devolución de su aporte económico, lo que facilitó su proclamación por falta de adversarios, que fue la  única razón que admitió la JCE como válida.

En la Convención  Extraordinaria que le siguió el mismo año, presidida por el Dr. Hugo Tolentino, para elegir nuestros candidatos congresionales y municipales  del 2010, con  una mayoría mecánica  de parciales del Ing. Vargas, los compañeros Hugo, Milagros e Yvelisse, inicialmente favorables  a su liderazgo emergente, tuvieron que hacer uso de  toda su vocación unitaria  para mantener la compostura frente a las imposiciones  de Miguel  en  la mayor parte de las candidaturas, lo que generó un descontento general por esas prácticas dictatoriales.

 En el 2010, a nuestra insistencia y del Foro Renovador,  se celebró bajo mi Presidencia el Primer Congreso por la Unidad y la Renovación José Francisco Peña Gómez, que sentó las bases  de la actualización  doctrinaria, organizativa, estratégica y de  los arreglos preelectorales,  para relanzar al Partido: que fue todo un éxito reconocido por todos, que en nada perjudicó los intereses de Miguel, sino  lo benefició por ser éste el Presidente del Partido.

Durante todo ese tiempo, el Presidente del Partido no estuvo disponible sino por momentos  y a través de su secretaria corporativa.  Tampoco  lo estuvo para los dirigentes nacionales y locales, ni convocó a los organismos estatutarios, sino que actuó como un monarca absolutista en un Partido con clara vocación libertaria y democrática como el PRD.

Ante las violaciones flagrantes a la disciplina y la lealtad partidaria que han producido  algunos miembros del PRD encabezados por su Presidente titular, antes y con motivo de la recién pasadas elecciones. Que no están relacionadas  las candidaturas, única excepción que especifica la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral en el Párrafo de su artículo 14, este caso disciplinario es de plena competencia de  ese partido. Lo demás sería una flagrante violación de su soberanía y de los derechos humanos  consagrados en la Constitución vigente.