Hoy 
BIENVENIDO ALVAREZ-VEGA
Los 182 senadores y diputados se han sentido inquietos en estos días con la aparición de unos letreros que piden la disolución del Congreso. La solicitud sorprende y es de lógica política que los legisladores expresen, como lo han hecho, su repulsa.
De inmediato, hubo sospechas acerca de la procedencia de los letreros. En público se dijo que los responsables de estas inscripciones Disolvamos el Congreso/Veremos progreso– provenían del ámbito del gobierno. Probablemente por el manejo del concepto progreso en el texto y porque, sospecho, la fuerza política que podría beneficiarse, si acaso, de una medida así sería el partido de gobierno.
De lo que no debe caber duda alguna es que la presencia de esa inscripción en lugares públicos y muy visibles de la capital de la república, es un acto esencialmente político. Es decir, pienso que este hecho obedece a una lógica política y obedece, además, a una acción que procura unas reacciones determinadas, o entre los congresistas o entre los partidos que patrocinan los grupos legislativos mayoritarios.
Importan también estos letreros, porque ponen en primer plano, otra vez, el tema de los legisladores dominicanos y su contribución al proceso democrático. Hay que subrayar que no se trata de un tema nuevo, sino de un asunto que de cuando en cuando, de forma cíclica, salta a las primeras páginas de los diarios y es objeto de los más variados comentarios.
Nuestros legisladores están conscientes, por lo menos sus directivos, de que no gozan de una buena percepción ciudadana. Lo sabemos porque ellos lo han planteado en discursos y declaraciones periodísticas y porque han hecho esfuerzos, a través de la comunicación periodística y de la comunicación publicitaria, para mejorar su imagen pública. Este fenómeno se conoce, además, por los resultados de las encuestas de opinión pública.
Aunque ahora contamos con un Congreso Nacional integrado por personas que no solo son líderes políticos importantes en sus jurisdicciones, sino también profesionales y empresarios de valía, lo cierto es que en el pasado reciente los partidos políticos se cuidaron muy poco a la hora de considerar la calidad de sus candidatos a puestos legislativos. Ha habido en puestos congresionales gente muy rudimentaria, desconocedora del abc de la política, del abc de la economía, del abc del ordenamiento jurídico del país, gente que con frecuencia suplía sus carencias con marrullerías y sabichoserías carentes de escrúpulos.
Esos hechos y otros que corren de boca en boca entre empresarios y gobernantes y entre los mismos legisladores, han creado lo que se llama un estado de opinión pública nada favorable a los legisladores.
Pongamos un ejemplo. La más reciente encuesta de opinión pública que se conoce, la del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales, encontró cuatro hallazgos que los legisladores deben considerar con mucha atención:
1.- El 41.3% de los ciudadanos y ciudadanas considera que a veces está bien que el gobierno no tome en cuenta las leyes o al Congreso a fin de resolver los problemas del país.
2.-El 23.6% afirma que un gobierno democrático puede funcionar bien sin Congreso.
3.-El Congreso Nacional está en tercer lugar entre las instituciones de menos confianza.
4.-El 72% cree que en el Congreso hay mucha corrupción.
Los legisladores también saben, de seguro, que entre las élites intelectuales, políticas, religiosas y empresariales de la nación, así como en un amplio segmento de la sociedad civil organizada se considera que su aporte desde el Congreso Nacional está muy por debajo del costo que los contribuyentes tienen que pagar para financiar el Poder Legislativo. Estos mismos grupos consideran que su labor es lenta e innecesariamente sometida a los intereses de sus partidos.
Hago estas observaciones para afirmar que cuando aparecen letreros como los que aquí comentamos, las reacciones de los grupos sociales serán diferentes. No habrá, como no la ha habido, unanimidad en rechazar una pretensión de disolución. Por supuesto, nadie saldrá a apoyar el pedido de disolución. Aquí, como en otros campos, será necesario hacer una exégesis del silencio.
Por suerte, no parece que los gobernantes estén interesados en repetir aquí las experiencias de Alberto Fujimori y Hugo Chávez. La disolución del Congreso Nacional constituiría un acto antidemocrático. Lo que necesita la democracia dominicana es madurar, fortalecerse y basarse en instituciones fuertes, funcionales, creíbles y eficientes.
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