En días recientes, este mismo diario publicó la noticia de que entidades harán estudio sobre auge de alta presión arterial.

Al leer la noticia, pudimos percatarnos de que se trataba de un acuerdo entre el Seguro Nacional de Salud –SENASA- y las sociedades de cardiología y endocrinología respectivamente, además del Instituto de Cardiología.

Mas adelante, la noticia señalaba que el estudio abarcará a la clase alta, baja y media y más adelante se decía que hace 10 años, se realizó el primer estudio sobre prevalencia de las enfermedades cardiovasculares y la incidencia de los problemas de diabetes, estimándose que el 30% de la población adulta del país padece de afecciones cardíacas.

En República Dominicana en que la investigación prácticamente no tiene soporte de los gobiernos de turnos, sean estos centrales, legislativos o municipales, ni tampoco de las universidades o de Ministerios tales como el de la Salud o el de Educación Superior, criticar que una entidad como SENASA establezca un acuerdo de investigación con entidades de reconocimiento excelso, sería como una blasfemia para los creyentes. Sin embargo, las instituciones sobretodo públicas deben ajustarse a lo que le ordenan las leyes.

Veamos: la Ley General de Salud -42-01- establece que la entidad rectora del Sistema Nacional de Salud le corresponde a la SESPAS (Artículo 8). Por otro lado, en el artículo 33 de la referida Ley, establece que la investigación constituye una acción básica y fundamental integrante de todo el proceso de producción social de la salud y la SESPAS, en coordinación con las demás instituciones competentes del Sistema Nacional de Salud, promoverá la investigación para la promoción de la salud, prevención de las enfermedades y para la recuperación de la salud, así como la capacitación de investigaciones en salud. La noticia del acuerdo no señalaba en ningún párrafo que el Ministerio de Salud estuviera involucrado en este acuerdo.

Asimismo, cuando analizamos la Ley que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social -87-01, y buscamos todo lo concerniente a las Aseguradoras de Riesgos de Salud –ARS- desde el artículo 148 al 159, en ningún momento habla de investigación en salud. Por otro lado, la ley 87-01 Art. 31 asigna al SENASA los beneficiarios de los Regímenes Subsidiado y Contributivo Subsidiado” (aproximadamente el 70% de la población total del país) como su prioridad. Por lo tanto, cualquier estudio que se haga, que le interese a SENASA, debe ir dirigido a la clase baja y media-baja, ya que es el blanco principal de su afiliación. La noticia también señalaba que hace 10 años se conoció la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares, y me preguntó, ¿qué política de Estado de Salud se llevó a cabo para disminuir estos males? No hay que ir más lejos, una persona escribió al periódico desde los Estados Unidos y comentó la noticia: decía que las causas de las enfermedades cardiovasculares del dominicano son: el alto contenido de grasa y sal en los alimentos, además de otras consideraciones muy valederas.

¿Qué debemos hacer? pues a través de la promoción de la salud (Artículo 37 de la Ley 42-01 se debe hacer énfasis en el perfil de morbilidad y mortalidad del país, que dicho sea de paso, las enfermedades cardiovasculares son la causa de enfermedad y muerte número uno en los mayores y tal y como dijo el comentarista de este mismo diario, es la información de una alimentación sana y ejercicios lo que hay que promover. Mientras, continuamos sin liderazgo en la rectoría del Sistema Nacional de Salud las demás instituciones que tienen que ver con salud dentro del sistema, se desviarán considerablemente de su misión, visión y objetivos generales.