El presidente de la DNCD, general Rolando Rosado Mateo, dijo que la institución a su cargo opera con un déficit  mensual de millón y medio de pesos que acumulan a lo largo del año,  hasta que reciben los recursos que les otorgan por mandato de esa ley y saldan las deudas.

El presidente de la DNCD es opuesto a la modificación de la Ley de Lavado de Activos   que propone la Procuraduría General de la República, porque reduciría los ingresos de la institución y agravaría más todavía su deficitaria situación financiera. La DNCD opera con un déficit millonario mensual. 

Mientras el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) volvió a levantar su voz en procura de que no se modifique la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos porque le restaría recursos, la Fundación Institucionalidad y Justicia se pronunció a favor de ello porque entiende que es inaceptable que  el Ministerio Público y la Policía Nacional no sean beneficiarias de los bienes.

 Rolando Rosado Mateo dijo que la institución a su cargo opera con un déficit  mensual de millón y medio de pesos que acumulan a lo largo del año,  hasta que reciben los recursos que les otorgan por mandato de esa ley y saldan las deudas.

Asegura que si el  50% que reciben producto de los bienes se reduce a un 25% como plantea la ley, significaría la ‘inanición’ de la DNCD.

Dice que eso sería así, a menos que se incremente en la misma proporción el fondo de RD$34 millones que recibe la institución que, recordó, no cuenta con presupuesto.

Finjus.  De su lado, el vicepresidente Finjus, Servio Tulio Castaños dijo que es evidente que en la persecución del narcotráfico, principal fuente del lavado de activos, requiere de inversiones cuantiosas no solo para la Dirección Nacional de Control de Drogas sino también para el Ministerio Público, que debe contar con fiscales capacitados y unidades especializadas para realizar su labor con efectividad, eficacia y eficiencia.    

 “Es por tanto inaceptable que el Ministerio Público no participe de los beneficios económicos que provengan de las incautaciones y decomisos de los bienes…”, sostuvo.

Procuraduría no, MP sí

Castaños dijo que la única crítica que podría hacer a la iniciativa del Procurador Radhamés Jiménez es que asume impropiamente que la destinataria de los recursos debe ser la Procuraduría General  cuando el órgano con personalidad jurídico-constitucional es el Ministerio Público.

 Los fondos

 Entiende que es cuestionable que esos recursos se deban esperar para pago de nóminas.