Por Alfredo Cruz Polanco

En los últimos 60 años, pero nunca como ahora, en nuestro país se viene aplicando una política de doble moral con relación a la contratación de haitianos indocumentados. Es de todos conocido que el Estado, en todos los gobiernos de turno, todas sus grandes obras públicas, así como las labores del corte de la caña de azúcar en los diferentes ingenios azucareros del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), han sido realizadas utilizando la contratación de mano de obra haitiana indocumentada.

Todas las labores de las diferentes plantaciones agrícolas (arroz, plátanos, guineos, cacao, café, piña, hortícolas, vegetales orientales, entre otros); granjas avícolas y porcinas; las grandes construcciones privadas; la servidumbre en los hoteles de las zonas turísticas, los servicios domésticos y conserjería, hace tiempo que vienen siendo realizadas, en gran medida, por la mano de obra haitiana indocumentada.

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La misma es preferida por los bajos salarios que se pagan respecto de la dominicana para no cargar con la responsabilidad de la seguridad social, que debe ser cubierta de acuerdo a la Ley 87-01, ni con el pago de las prestaciones laborales. El Código Laboral, Ley 16-92, en su Art. 135, ordena que por cada 100 trabajadores contratados, al menos el 80% debe ser dominicano y 20% extranjero, pero esta ley nunca la han cumplido ni el Estado ni el sector privado.

En estos momentos la Asociación Dominicana de Productores de Bananos del Noroeste del país solicita permiso para la contratación de 250,000 haitianos a ser utilizados en sus proyectos agrícolas con el objetivo de bajar los altos costos de producción, una cantidad muy exagerada.

Esta solicitud no es más que para aprovechar el bajo salario que pagan, obviar las demás obligaciones laborales y legales que deben cumplir y que el Estado, como siempre, se encargue de la seguridad social y, además, soportar la presión de la comunidad internacional, solicitando que les reconozcan todos sus derechos.

Desgraciadamente, estos se quedan deambulando por nuestras calles y campos de manera ilegal, creando los grandes cinturones de miseria y una serie de males sociales que afectan al país, como insalubridad, falta de educación, vivienda, empleos, seguridad ciudadana, medio ambiente y alimentación.

Los empresarios privados tienen el derecho a contratar mano de obra extranjera, siempre y cuando cumplan con las leyes laborales, con la seguridad social y que sean responsables con su ubicación, estadía en el país hasta el día en que culminen sus contratos de trabajo.

Según el ministro de Agricultura, Limber Cruz, sin la mano de obra haitiana no sería posible la producción arrocera, ni de otros rubros.

Lo mismo había expresado el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte de la administración anterior, Diandino Peña, que sin esa mano de obra, no se podía construir el Metro de Santo Domingo. Expresiones coinciden con el estribillo de una canción que reza: “Ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedios, contigo porque me mata y sin ti porque me muero”.

Seamos sinceros, honestos y dejemos de aplicar una doble moral en lo referente a la contratación de la mano de obra haitiana indocumentada.

Estado y sector privado deben transparentar la contratación, conjuntamente con la Dirección General de Migración, los ministerios de Las Fuerzas Armadas, de Trabajo y el de Relaciones Exteriores.

El Estado dominicano no debe continuar cargando con la responsabilidad de la seguridad social ajena.
Las autoridades deben aplicar un régimen de consecuencias a los que no cumplan con sus obligaciones laborales y de la seguridad social.