El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se prepara para la celebración del Congreso José Francisco Peña Gómez, el cual tiene entre sus objetivos promover un clima de unidad partidaria, la reafirmación de la doctrina del socialismo democrático y consolidar el vínculo de ese partido con la sociedad.

Esta es una gran oportunidad para que el principal partido de oposición actualice su doctrina y la ajuste a una agenda nacional de desarrollo cónsona con la cláusula constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho.

Esta oportunidad no debe ser desaprovechada en discusiones estériles sobre ideologías partidarias.  Y es que discutir qué es ser de derecha o de izquierda no tiene mucho sentido hoy en día, pues la izquierda no populista hoy acepta plenamente el mercado y la derecha moderada asume una determinada misión social del Estado. Si se quiere, el espectro político se ha movido al centro y es lo que explica, en gran medida, el giro hacia el bipartidismo en la República Dominicana. Por eso, la cuestión hoy no es si el Estado debe o no intervenir en la regulación de la economía, sino cual debe ser el modo en que la regule. Por eso también hoy no se cuestiona si el Estado puede ser un agente empresarial sino que la participación del Estado como agente económico debe ser subsidiaria a la iniciativa privada y, en todo caso, cuando se produce debe ser en respeto a la igualdad de condiciones con las empresas privadas, tal como dispone la Constitución.

En consecuencia, lo crucial en la actualidad es determinar el modo en que el Estado intervendrá en la economía y, sobre todo, como éste debe desplegar su función de Estado Social garante de los derechos sociales y de la procura existencial de todos los dominicanos. En este sentido, el Congreso del PRD debe abordar la necesidad de que el Estado Social deje de ser un Estado centralista y clientelar y se articule a través de la descentralización, la participación ciudadana y el fortalecimiento de un Tercer Sector surgido de la alianza del Estado con organizaciones de la sociedad civil capaces de llevar a cabo misiones públicas en los ámbitos de la salud, la seguridad social, la vivienda y la educación. De ahí que resulte indispensable la implementación de un régimen fiscal que promueva una cultura de responsabilidad social corporativa y que premie fiscalmente las donaciones privadas al Tercer Sector.

En el plano económico, lo fundamental es que el Estado cree un entorno fiscal que promueva la productividad, la competitividad, las exportaciones, el empleo, la igualdad y no discriminación en el trabajo, las energías limpias y alternativas y la innovación. Respecto al sistema financiero, el esfuerzo estatal debe estar orientado a promover el ahorro, incrementar los niveles de bancarización, permitir el acceso de las micro y pequeñas empresas al crédito, fomentar la educación financiera de la ciudadanía, estimular la transparencia financiera, el buen gobierno bancario y el respeto a los derechos de los usuarios financieros, disminuir el costo regulatorio de la intermediación financiera, promover la democratización del capital de las empresas dominicanas y conectar los ahorros de los trabajadores con las necesidades de capital de dichas empresas.

En lo que concierne a la Administración Pública, la doctrina del PRD debe insistir en el sometimiento de la misma al Derecho, como manda la Constitución. Para lograr esto, se requiere una Ley Orgánica de la Administración Pública y una Ley de Procedimiento Administrativo que garantice los derechos de los administrados. Es indispensable, asimismo, la entrada en vigor de una Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que permita hacer realidad efectiva el control judicial de la legalidad de los actos de la Administración. Mientras el Estado dominicano sea un Estado delincuente que expropia sin justa ni previa indemnización y que no licita conforme la ley no habrá Estado de Derecho en la República Dominicana.

El PRD debe estar claro en que sólo un Estado fuerte capaz de regular eficientemente la economía y garantizar los derechos sociales de todos y un sector privado fiscalmente estimulado para la competividad, la productividad y la generación de empleo permitirá que el país no solo crezca en términos cuantitativos sino también de equidad social.