El Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) revisará, para determinar si pueden concluir o no en procesos penales, más de cien denuncias de corrupción en el Estado, anunció Hotoniel Bonilla, director de esa dependencia del Ministerio Público.

Al dar la información en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, al que asistió en compañía del procurador general, Radhamés Jiménez,  Frank Soto y Frank Núñez, dijo que  muchas de las denuncias no se corresponden con  hechos concretos, o las hacen personas anónimas.

“Vamos a depurar, a indagar, hemos fortalecido la Unidad de Investigación para tales fines, aunque revisamos las recomendaciones para comprobar que lo señalado se corresponda con la verdad”, expresó.

 Al magistrado se le cuestionó sobre la decisión de retirar 103 expedientes de alegados casos de corrupción, por considerar que no tenían méritos suficientes.

En ese sentido, expresó que ese paquete de denuncias es del período 2000-2004, y algunas de 1996-2000.

Asimismo, explicó que los citados casos se retiraron porque no se comprobaron y por tanto no tenían vocación de llegar a un nivel de investigación.

 “Lo  que hemos hecho es analizar estas denuncias y verificar que ninguna tenía la posibilidad de convertirse en acusación  penal.

 Sin embargo, aclaró que no se dejarán fuera las denuncias de corrupción en el Programa de Prevención de Apagones (PRA) y en la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT).

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Poco presupuesto

El DPCA es el brazo gubernamental para luchar contra la corrupción en la administración pública, pero el presupuesto con que cuenta es poco, según Bonilla, quien tampoco cuantificó el fondo que reciben directamente del Ministerio Público. No quiso aventurarse a dar cifras inexactas,  aunque se le dijo que no temiera porque el procurador Radhamés Jiménez Peña podía rectificar.