La economía no funciona

 DARIO MELENDEZ
La idea de mantener un Estado interventor, director de los negocios nacionales, con la participación activa de los principales intereses privados en la administración del gobierno, disfrutando ventajas oficiales y proteccionismo a ultranza, no permite que el país se estabilice en el desenvolvimiento comercial; la intranquilidad persiste.

La gente se ha acostumbrado a endosar a la administración gubernamental sus necesidades y espera del gobierno solución a problemas que son propios de cada quien, necesidades que corresponde a la población enfrentar en libertad y con decisión, sin la intervención estatal que ha sido impuesta por la dictadura del gobierno, para lo cual mantiene una presión tributaria persistente y progresiva, realizando designios dañinos, como han experimentado y experimentan muchas naciones entre las que se cuentan Argentina, Venezuela y otras, con evidentes fracasos al aplicar teorías económicas fallidas que, quizás en países con gran poder de decisión en las finanzas mundiales, se apliquen con algún resultado favorable, pero en el subdesarrollo sólo ocasionan deudas impagables y reclamos de las poblaciones para que les den lo que no producen, con los auspicios de organismos financieros internacionales y la religión prevaleciente, propiciando dádivas e indigencia. Una sustancial proporción de la población activa depende del Estado, tornándose improductiva. El gobierno ha crecido desmesuradamente, se ha apoderado de grandes negocios como la energía, la electricidad, las exportaciones y las importaciones, sin capacidad para administrarlos, la política se ha convertido en el negocio más lucrativo que existe, es la gran oportunidad para los que apetecen y persiguen la administración del erario; es lo que hay, justificando inversiones oficiales, que ocasionan progresivos costos sin reintegro, conduciendo a una escala de gastos aparatoso endeudamiento que gravita brutalmente sobre el ingreso de las familias más pobres.

Se impone, no una tregua sino una parálisis política, la cual ha de iniciarse con una reducción sustancial del Estado y la eliminación progresiva de impuestos, que permita al individuo emprendedor ahorrar lo que actualmente aporta al Gobierno para gastos innecesarios, recursos que podría volcar la población a inversiones propias de cada familia con inquietudes empresariales y deseos de progreso, lo que constituye el motor del desarrollo, el cual ha de estar en manos de la población, no administrado por gobierno alguno, cuya misión, que debía ser liberadora, se ha dedicado a despojar al que produce para dar al que no produce, mediante abrumadoras cargas tributarias que ya resultan un lastre muy pesado para el normal desenvolvimiento familiar, perjuicio que se pretende subsanar con dádivas y subsidios estatales, virtual contrasentido y la peor conducta que puede mantener un país subdesarrollado, siendo imprescindible que cada familia dependa del producto de su trabajo, no de sueldos estatales.

No son promisorios los augurios, si el régimen se empecina en mantener la política de clientelismo que se estila en el medio actual, cuyo partido se siente con derecho a reclamar empleos en el gobierno para no trabajar, desplazando a los que están, por haber contribuido al éxito de unas elecciones de suplante, cuyo voto lo proporcionó la colectividad, no a un partido en particular; siendo así, la lucha no va a terminar. Ese compromiso político que arrastran los gobernantes y el cual sus adeptos exigen que cumpla a cabalidad, debe declararse obsoleto y derogarle. Eso es dictadura de partido y en democracia no se acepta dictadura; por ello, persiste la intranquilidad, porque una vez realizadas unas elecciones, la población debe dedicarse a trabajar libremente, no a exigir empleos y ventajas en el gobierno, porque haya ganado uno u otro partido, eso lo que trae es odio y retaliaciones dañinas, que deben evitarse en pro de una convivencia civilizada. La deuda pública ha de declararse en mora indefinida, como en Argentina, y el empresariado agenciarse crédito sin el aval del Estado.

Los regímenes que se auto imponen misiones desarrollistas, usurpando y ejecutando designios propios de los pueblos, realizando empresas que corresponden únicamente a la población, a la cual abacoran o arrinconan, para el gobierno de turno destacarse como mentor del desarrollo, incurren en el grave error de Pericles, que con su Siglo de Oro llevó a Grecia a la ruina económica, de la cual jamás pudo recuperarse, o en las conquistas de Luis XIV en Francia que desencadenaron la famosa debacle.

Las teorías económicas aplicadas a los países subdesarrollados por los organismos crediticios internacionales, han sido y continúan siendo un fracaso, cuyas consecuencias resultan muy contraproducentes y dañinas; al extremo, que la humanidad no ha logrado reponerse de las pérdidas en que han incurrido los gobiernos del Tercer Mundo. La lección de Argentina debía servir de algo, no pasar desapercibida, y no porque esa gran nación logre una supuesta recuperación, mantener un sistema inoperante, como lo propician los teóricos de la supuesta ciencia político-económica, la cual no ha pegado una en más de dos siglos de aplicación.

Corresponde al régimen optar por una directriz encaminada a endosar a la población la responsabilidad que le corresponde en el manejo del país; sólo el ahorro produce riqueza, las ayudas son nocivas, los subsidios invitan a la indolencia, las dádivas humillan y crean resentimientos, cada quien debe apoyar su hombro para que el país no dependa del gobierno para nada.

Ha quedado demostrado que la protección estatal es nula, la llamada institución del orden resulta corrompida e inoperante, el pueblo se dispone a buscar protección por sus propios medios, los principales políticos que han asumido el poder, muestran desmedidos apetitos que saltan a la vista y confirman la idea que el Estado es botín del vencedor, lo que propicia nuevas y vindicativas conquistas en procura del tesoro estatal, así no habrá tranquilidad y cada cual buscará la oportunidad para beneficiarse del rico Estado.

Hay que reducir el gobierno ya, establecido inamovilidad en los escasos funcionarios y empleados que precise una organización gubernamental simple, racional e idónea; congresistas y representantes políticos, provinciales o municipales, han de declararse honoríficos, los bienes nacionales subastarlos para pagar deudas y salir de líos; con la reducción impuestos, permitir el ahorro y el derecho al progreso, no dar lugar a desórdenes sociales por envidia de ventajas que disfrutan unos escogidos en perjuicio de las mayorías; cada cual ha de hacerse cargo de sus necesidades, nada de ayudas ni subsidios, a trabajar todos y a producir, no a pedir.

Para no caer en el caso de Haití, reduzcamos el gobierno a su mínima expresión y fortalezcamos la justicia para que impere el respeto mutuo.