La educación dominicana vista desde los Derechos Humanos

La educación dominicana vista desde los Derechos Humanos

La cultura no es atributo exclusivo de la burguesía. Los llamados “ignorantes” son hombres y mujeres cultos a los que se les ha negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir en una “cultura del silencio”. Paulo Freire.

La dignidad humana contempla un conjunto de derechos, todos ellos hacen posible que este principio esencial de los Derechos Humanos pueda reconocerse  y evidenciar su garantía. Uno de esos derechos es la educación, pilar determinante para el desarrollo humano, el cual contribuye a la formación intelectual, preparando las capacidades profesionales y ayudando a la construcción de una conciencia crítica para la evolución humana y el alcance del  verdadero Estado de Bienestar.

La Constitución Dominicana en su Artículo 63, nos hace referencia al derecho de la educación, en el se señala que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.

Dos elementos importantes podemos destacar de este contenido constitucional y son el compromiso del Estado para garantizar la educación gratuita a nivel inicial, básico y medio. Pero nunca olvidando la educación superior en el sistema público.

El segundo aspecto es la tarea del Estado de velar por la calidad de la educación general, entendida desde una formación moral, intelectual y física que conecte con el compromiso de alcanzar el respeto por la dignidad humana.

Desde una mirada normativa, pareciera que en la República Dominicana, estamos bien posicionados en orden educativo y que en tal sentido este derecho está siendo garantizado por el Estado; pero la realidad es otra, cuando a la luz de los indicadores en materia de educación y los estándares de calidad, los análisis nos sitúan en los peores lugares a nivel de la región de América Latina.

Un porcentaje significativo de adolescentes entre 14 y 17 años tiene serios obstáculos para acceder, permanecer y culminar sus estudios del nivel medio. Lo cual podemos ver  en la tasa neta de culminación que es extremamente baja, tan solo un 18.4% de los adolescentes concluyen sus estudios. UNICEF 2012.

Esta situación se relaciona entre otras cosas, a una  práctica política clientelar, que hacen del Estado un espacio para beneficiar a los partidarios y grupos afines al gobierno de turno. Es por tanto, una visión rentista y parasitaria que se refleja en las políticas públicas que implementan los gobiernos, la cual carece de una consulta participativa de la población, siendo en muchos casos modelos importados que se imponen, sin tomar en cuenta las condiciones humanas, materiales y culturales de nuestro país.

La distorsión del Estado en la aplicación de las políticas públicas no guarda relación con el Artículo 63 y su función para garantizar el acceso en condiciones de igualdad y, como ciudadanos estamos en obligación de revisar el concepto y retomar la esencia de la doctrina en cuanto a este tema. De ahí que nos permitiremos citar a Calderón (1997): “la legitimidad del Estado Social de Derecho se basa en la dignidad de la persona y está realmente al servicio de la comunidad, cumpliendo con los fines y valores del orden social y promoviendo una solución a los problemas y conflictos sociales desde la justicia social”.

Un ejemplo de esta situación se observa en la ejecución de la partida del 4% PIB, a la fecha no se ha logrado desarrollar los cambios que necesita la sociedad dominicana en materia educacional. Los  estudiantes no muestran avances para cerrar la brecha en el alcance de la  Meta de una Educación para todos y carecen de las herramientas necesarias para realizar las actividades culturales, científicas, tecnológicas, artísticas y recreativas.

Dentro de las iniciativas tomadas en cuenta para mejorar las condiciones educativas y garantizar un mejor desempeño docente, se encuentra el Programa de Tanda Extendida, que a pesar de ser una buena medida, como todo lo que se ha desarrollado desde el Estado en el orden educativo, carece de los instrumentos necesarios para alcanzar una aplicación eficiente.

Las escuelas del país padecen de diversas necesidades, nuestras instituciones no cuentan con personal docente suficiente para garantizar una enseñanza de calidad en procura de buenos resultados de aprendizajes, las condiciones de las estructuras en que están edificados estos centros dificultan el desempeño profesional de los/las maestros y maestras, lo cual desfavorece  el proceso de enseñanza enfocado en los aprendizajes significativos de  niños, niñas y adolescentes que forman parte del Sistema Educativo Dominicano.

A lo anterior se suman los bajos salarios de los maestros,  determinantes para el alcance de los precios en la canasta familiar, siendo un factor que lacera las condiciones laborales de los docentes, creándoles incertidumbres y agravando su calidad de vida. INABIMA 2013.

Todos estos elementos se suman al incumplimiento de la Ley General de Educación 66-97, la cual obliga al Estado a capacitar y formar a los maestros para que puedan estar a la altura de las exigencias que demanda la formación de los escolares del país.

Estos factores se vinculan a la inequidad, la falta de oportunidades y la exclusión social y están presentes  indudablemente en la conformación del pensamiento no solo de los estudiantes, sino de los propios educadores, ninguno de ellos  se escapa a la realidad social que les margina y les segrega en el acceso a una formación de calidad necesaria para transferir los conocimientos que demanda una enseñanza de alto nivel.

 La situación descrita redunda nuestro sistema, convirtiéndose en un círculo vicioso, que da vuelta una y otra vez, evidenciando el sorpresivo descubrimiento de “debilidades del sistema educativo nacional”, del cual se simulan respuestas, donde no se alcanzaran nunca una solución satisfactoria, porque el problema no radica en la eficiencia de los planes y programas educativos, sino en la solución de la génesis que encierra la estructura de un Estado al margen de asumir las decisiones determinantes para romper con la desigualdad social, siendo esta la razón que impide llegar a una verdadera educación de calidad.

 

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