Durante décadas la educación pre-universitaria en República Dominicana fue una política no prioritaria para los gobiernos. Solo basta analizar el gasto público educativo histórico: Desde 1970 a 2012 este promedió por debajo del 2% del PIB. La desatención histórica del Estado dominicano al sector determinó sus bajos niveles de cobertura y su mala calidad. Esta desatención creó una demanda educativa que vino a ser resuelta con el surgimiento de un sector privado que se consolidaría en las décadas de los ochentas y noventas. A este proceso se le llama privatización por defecto.

Con la implementación del 4% para la Educación, desde 2013, se esperaba un giro en la inversión que pudiera reposicionar al sector público en cuanto a calidad y acceso. La mayor novedad en el gasto en ese periodo corresponde a la construcción de escuelas en los primeros años de implementación para solventar el gran déficit infraestructural que limitaba el acceso. Por otro lado, el principal logro educativo de estos años tiene que ver más bien con la tanda extendida, y lo que significa como alivio para los madres y padres de las escuelas públicas en términos de tiempo, representado un auxilio en cuidado de niñas y niños, especialmente para las mujeres que son quienes cargan mayor peso. En ese sentido, hubo avances en la consolidación de la cobertura de las escuelas y capacidad de impactar en la vida de las familias.

Sin embargo, resultados del 4% en cuanto a calidad educativa continúan pendientes. Por tanto, el sector público todavía no presenta mejoras en calidad suficientes para atraer a un sector de la población que puede costear una educación privada, si bien mediante sacrificio.

El Ministerio de Educación maneja al día de hoy uno 194 mil millones de pesos lo que lo convierte en un atractivo para múltiples intereses. Conocemos como privatización exógena al proceso que va desde dentro (instituciones públicas) hacia afuera (entidades no-públicas). Esto tiene que ver, con la utilización de recursos públicos para financiar, sea directa o indirectamente, a la educación privada. En ese sentido distinguimos dos grandes formas: desde el presupuesto y desde el gasto tributario.

Con la primera nos referimos a partidas presupuestarias dedicadas a financiar entidades no-públicas. Solo para 2018, el Ministerio de Educación financió a unas 200 Asociaciones Sin Fines de Lucro a través de transferencias corrientes, muchas de las cuales siquiera cumplen una función propiamente educativa. El costo para el Estado significó unos 729.5 millones de pesos.[1] Por otro lado, desde el presupuesto del Ministerio se han estado otorgando becas a estudiantes meritorios en colegios privados. Durante 2017 el MINERD becó a 806 estudiante.[2] Es decir, que desde la misma entidad provedora de la enseñanza pública se hace un reconocimiento tácito de que hay una calidad preferible en el sector privado.

La otra manera de subvención es a través del gasto tributario. Las deducciones son incentivos que da el Estado a sectores productivos estratégicos o para aumentar la capacidad de consumo de los hogares. En este caso son impuestos que el Estado deja de cobrar por conceptos de gastos educativos. Mediante la Ley 179-09 se puede reportar gastos que hayan hecho las familias en educación, los que luego se descuentan como parte del Impuesto Sobre la Renta. A 2018, por este concepto el Estado dejó de percibir un total de RD$ 316 millones en 2018.[3]

[1] Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). Ejecuciones presupuestarias 2014-2020.

[2] Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). Memorias institucionales 2017.

[3] Dirección General de Impuestos Internos, DGII. Estimación del Gasto Educativo 2018.

Si bien este esquema de beneficio fiscal beneficia bastante a una clase media y a profesionales independientes porque permite costear una educación de mejor calidad, nuevamente el problema está cuando vemos quiénes son los beneficiarios reales. De las 10 instituciones donde más se registraban los beneficiarios, 6 son universidades privadas y 4 colegios de élites. A modo de ejemplo, uno de estos colegios paga de matrícula por estudiantes el equivalente a más de 10 salarios mínimos. De esta manera, se apoya indirectamente la educación más exclusiva para las élites económicas y es el mismo Estado quien mediante estas políticas de subvención directa e indirecta, refuerza la enseñanza privada con recursos que pudiera emplear para atender necesidades de la pública.

*Esta serie de artículos se desprende de un estudio exploratorio sobre los procesos actuales de privatización de la educación en los niveles de primaria y secundaria y su impacto sobre las desigualdades realizado por el autor y Oxfam. Ver informe nacional e informe global.